Leticia Vaca
La diputada Marite Hernández Correa propuso que la publicación de las leyes del Estado sean en las lenguas propias de los pueblos indígenas de la entidad, “empezando con la Constitución Local; la Ley Reglamentaria del artículo 9º de la Constitución Política del Estado, sobre los Derechos y la Cultura Indígena; la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria para el Estado de San Luis Potosí y la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades indígenas del Estado de San Luis Potosí”.
En la iniciativa de acuerdo económico que plantea Hernández Correa, se expone que San Luis Potosíse reconoce la existencia histórica y vigente en su territorio de los pueblos Nahuas, Teének o Huasteco, y Xi ́oi o Pames, así como la presencia regular de los Wirrarika o Huicholes.
Además, justifica que en el estado, durante 2015 se registraron 257 mil 482 habitantes de lengua indígena, “cifra que representa el 10 por ciento de la población total de tres años y más en el estado, de los cuales el 49.7 por ciento son hombres y el 50.3 por ciento son mujeres”.
Para hacer efectiva la propuesta de la legisladora, se especifica que la Directiva del Congreso del Estado “dará curso y determinará los trámites para la publicación de las leyes en las lenguas propias de los pueblos indígenas de la Entidad en el Periódico Ofical del Gobierno del Estado Plan de San Luis”.
Asimismo, los gastos que se pudieran generar con motivo de la publicación de las leyes del estado en las lenguas propias de los pueblos indígenas de la entidad, “se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que apruebe para tal fin la Junta de Coordinación Política en el ejercicio fiscal de que se trate. En los ejercicios fiscales subsecuentes, el Congreso del Estado preverá en su presupuesto de egresos, los recursos presupuestarios para cumplir con las obligaciones que tendrá a su cargo la
autoridad competente, conforme a los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y transversalidad de la perspectiva de género; remitiéndolo al Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto de Egreso del Estado”.
