Fernanda Durán
La reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado el pasado 2 de junio continúa sumando impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A las acciones de inconstitucionalidad promovidas recientemente por el partido Somos México y el Poder Ejecutivo Federal contra el Decreto 0571, ahora se suma otro frente jurídico relacionado con el Decreto 0539, publicado el 2 de junio, el cual también modificó la Constitución local y la Ley Electoral del Estado.
De acuerdo con los registros públicos de la SCJN, Morena promovió la Acción de Inconstitucionalidad 81/2026, mientras que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó la Acción de Inconstitucionalidad 86/2026. Debido a que ambas impugnan el mismo decreto, la Corte ordenó acumular ambos expedientes para que sean resueltos de manera conjunta.
El expediente fue recibido por la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien determinó que ambas acciones fueron promovidas por partes legitimadas y dentro del plazo legal. Posteriormente, la Suprema Corte requirió al Instituto Nacional Electoral remitir información relacionada con el partido Morena y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitir la opinión técnica prevista para este tipo de medios de control constitucional.
Las actuaciones más recientes, publicadas durante el receso judicial, indican que la Corte tuvo por desahogados los requerimientos formulados al INE y al Tribunal Electoral federal, con lo que el expediente continúa su integración antes de que el Pleno analice el fondo del asunto.
Con ello, la Sexagésima Cuarta Legislatura enfrenta ya dos bloques distintos de acciones de inconstitucionalidad contra las reformas político-electorales aprobadas este año. El primero corresponde al Decreto 0539, que modificó la Constitución local y la Ley Electoral tras el veto parcial del Ejecutivo, incorporando cambios como el adelanto del inicio del proceso electoral y la eliminación de la obligación de postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en 2027; éste es impugnado por Morena y el Ejecutivo Federal. El segundo corresponde al Decreto 0571, controvertido por el partido Somos México y también por el Ejecutivo Federal en la acción de inconstitucionalidad 94/2026 y su acumulado 98/2026.
La resolución de estos asuntos también tiene implicaciones en el calendario electoral. De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución federal, las leyes electorales deben promulgarse y publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral y, una vez iniciado ese plazo, ya no pueden modificarse. Como en San Luis Potosí el proceso electoral 2026-2027 comenzará el 15 de noviembre, el Congreso únicamente tendría margen para realizar cambios hasta antes del 15 de agosto.
En ese mismo periodo, la Suprema Corte también deberá resolver las acciones de inconstitucionalidad para que, en caso de invalidar alguna disposición, las reglas aplicables queden definidas antes del arranque formal del proceso.
Cuestionada sobre las recientes acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma electoral por parte del gobierno federal, la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, confirmó que el Poder Legislativo ya recibió una de las notificaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque señaló que aún se encuentra en revisión jurídica.
Sobre la decisión del Ejecutivo Federal de impugnar la reforma, la legisladora priista declaró:
“Que el gobierno federal primero se dedique a hacer su trabajo, a tener medicamentos en el país, a tener temas de seguridad en el país y sobre todo a darle a las mujeres la seguridad y la tranquilidad (…) que deje de andar molestando a los gobiernos locales”
