Antonio González Vázquez
Con el propósito de impedir que los gobiernos estatal y municipal intervengan los barrios con proyectos de obra pública sin consultar a sus habitantes, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó la iniciativa para crear la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Estado que, entre otras cosas, obliga a las autoridades a tomar en cuenta a la ciudadanía antes de emprender proyectos de obra.
En su exposición de motivos, expresa la necesidad de incluir instrumentos de la democracia participativa, mediante comités de vecinales que conozcan previamente los proyectos, para luego poder incidir en ellos y definir si estos se realizan o no.
En San Luis Potosí se han presentado diversos conflictos a partir de acciones de obra emprendidos por el Ayuntamiento capitalino y Gobierno estatal a raíz de que no consultaron previamente a la comunidad, como son los casos de El Saucito y San Miguelito.
La iniciativa del legislador de Morena, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la sesión ordinaria programada para este jueves 7 de diciembre, “sería un instrumento fundamental para promover el desarrollo integral de barrios y colonias, y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes”.
Precisa que “con ella se pretende promoverse y garantizarse el cumplimiento del derecho al disfrute de los espacios públicos a través de la participación ciudadana y el fomento a la reconstrucción del tejido social”.
Además, “pretende generar condiciones que favorezcan el mejoramiento integral de las condiciones de hábitat en su escala barrial; la instrumentación de formas de participación comunitaria y el apoyo a las existentes, tomando en cuenta las condiciones de cada barrio, pueblo y colonia, acentuando el factor de la corresponsabilidad para solucionar los problemas y necesidades de la comunidad, así como una mayor participación de las y los ciudadanos en el ejercicio de la gestión y recuperación de la imagen urbana”.
Se trata de “potenciar en las comunidades la capacidad de organización, ejercicio colectivo de derechos, autoafirmación y confianza de la comunidad en sí misma”.
Según la iniciativa, “las comunidades hacen su diagnóstico barrial, elaboran proyectos y concursan cada año; posteriormente, en asambleas vecinales, aprueban las actividades y tareas del proyecto, seleccionando a sus propios administradores directamente los recursos públicos”.
Subraya que la participación ciudadana resulta esencial toda vez que es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que “reconoce el derecho de toda persona a participar en el gobierno, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.
En ese sentido, apunta que “las personas que habitan en los barrios y colonias marginados de San Luis Potosí suelen estar excluidas de los procesos de toma de decisiones. Esto se debe a que los gobiernos locales suelen ignorar las necesidades y prioridades de estos espacios.
Una Ley de Mejoramiento Barrial para el Estado de San Luis Potosí contribuiría a garantizar el derecho a la participación ciudadana de las personas que habitan en los barrios y colonias marginados. Esta ley permitiría que estas personas participen en la formulación, implementación y evaluación de los programas y proyectos de mejoramiento barrial”.
La iniciativa reúne 18 artículos e incluye siete capítulos: Disposiciones Generales, Del Mejoramiento Barrial y Comunitario, De los Comités, Del Financiamiento, De las Sanciones y, De la Transparencia y Rendición de Cuentas.
En la sesión ordinaria del jueves, el Pleno le dará entrada para ser canalizada a comisiones para su estudio y dictamen.
