Fernanda Durán
Una propuesta presentada esta semana en el Congreso del Estado plantea incorporar el trabajo comunitario como una nueva forma de sanción dentro de la Ley de Tránsito del Estado, con la intención de que ciertas infracciones viales puedan castigarse no solo con multas económicas o suspensión de licencias, sino también con actividades en “beneficio de la colectividad”.
La iniciativa fue promovida por la diputada local Jacquelinn Jauregui Mendoza, integrante de los grupos parlamentarios del PT y PVEM, y propone reformar el artículo 84 de la Ley de Tránsito estatal, además de crear un nuevo artículo 84 Bis.
En la exposición de motivos, la legisladora argumenta que el actual esquema de sanciones administrativas “no siempre resulta equitativo ni eficaz”, especialmente en casos donde las personas infractoras no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir multas.
El documento señala que el objetivo es que las autoridades cuenten con “herramientas legales flexibles y justas” para aplicar sanciones proporcionales, tomando en cuenta tanto la gravedad de la falta como la situación social y económica de quien la cometa.
Actualmente, la Ley de Tránsito únicamente contempla como sanciones la multa y la suspensión o cancelación de licencias o permisos especiales. Con la reforma, se añadiría una tercera opción: el trabajo comunitario, que podría aplicarse de manera sustitutiva o complementaria a las demás medidas.
La propuesta establece que esta modalidad deberá aplicarse “atendiendo a la naturaleza de la infracción y a la condición socioeconómica del infractor”.
Además, el nuevo artículo 84 Bis define el trabajo comunitario como “la realización de actividades no remuneradas en beneficio de la colectividad”, incluyendo acciones como limpieza de espacios públicos, mantenimiento urbano o apoyo en campañas de concientización ciudadana.
La iniciativa también precisa que estas actividades deberán realizarse bajo principios de “proporcionalidad, respeto a la dignidad humana y no discriminación”, y que no podrán exceder de 36 horas.
En la exposición de motivos, la diputada sostiene que la propuesta busca alinearse con principios de “justicia cívica, participación social y prevención no punitiva”, además de fortalecer la educación vial y la corresponsabilidad ciudadana.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Seguridad para su análisis legislativo.
