Por Victoriano Martínez
Si en algo parecen haberse especializado los personajes que por la vía de la politiquería llegan a cargos públicos es en agraviar a la sociedad que representan y, con el proyecto de la construcción de un puente a desnivel junto al templo de El Saucito, el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha dado ejemplo de su capacidad de ofender a sus representados por partida doble.
Al reaccionar a la suspensión provisional dentro del juicio de amparo 363/2023 que le impide iniciar las obras de construcción de un paso a desnivel junto al templo de El Saucito exhibió o la poca seriedad con la que se toma la demanda de sus representados por que se respeten sus derechos, o la mala fe con que lo hizo.
De entrada, se refugió en el recurso politiquero por excelencia que es la falacia ad hominem que consiste en que, por la vía de desacreditar a quienes hacen un cuestionamiento, evade refutar los argumentos o los señalamientos específicos que se le hacen… con una agravante: su descalificación contra los promoventes se basa en una mentira.
Galindo Ceballos aseguró que los 40 firmantes de la demanda de amparo no son habitantes de la zona de El Saucito y los acusó de responder a otros intereses.
“Ojalá convenzamos a los vecinos de que no se dejen utilizar, sé cuáles son y tengo evidencia”, declaró al periódico Pulso.
Sobre los argumentos para promover la suspensión de la obra, Galindo Ceballos aseguró que son producto de desinformación.
Si hubiera tomado con mayor seriedad el tema, Galindo Ceballos habría consultado las 17 páginas del incidente de suspensión y demás documentos del expediente 363/2023 del Juzgado Segundo de Distrito antes de afirmar que se trata de gente ajena a la zona.
Si consultó el expediente y aún así los acusó de no vivir en la zona, entonces su declaración fue hecha con mala fe.
En ambos casos, el reto que se auto impone el alcalde al asegurar que cuenta con evidencias y convocar a los vecinos a no dejarse utilizar constituyen una agresión contra quienes reclaman sus derechos ante la justicia federal.
Fueron 40 los vecinos firmantes. “Dice el señor Galindo que no somos de aquí, que somos un pequeño grupo; dice Galindo que no somos habitantes de El Saucito; nosotros somos los defensores más antiguos de esta comunidad”, declararon a Astrolabio Diario Digital.
¿Qué evidencias tiene Galindo Ceballos para refutar que los 40 demandantes se acreditaron con identificaciones oficiales, copia del recibo del impuesto predial y de recibos de Interapas como vecinos de El Saucito?
¿Acaso acudirá a convencerlos de que no se dejen manipular por ellos mismos o a decirles que son personas manipulables por carecer de criterio a pasar de que se proclaman como los “defensores más antiguos de esta comunidad?
Sin duda le resultó más cómodo desacreditar a los demandantes antes que adoptar una actitud auto crítica sobre las 18 omisiones señaladas en el amparo interpuesto y las violaciones a ocho leyes que ahí le señalan, revisarlas punto por punto y, si no tienen sustento, argumentar por qué no lo tienen y señalar cómo se cumplió cada una de ellas.
Una revisión en ese sentido le habría evitado el segundo agravio que no sólo atenta contra los derechos de los habitantes de la zona, sino contra los de toda la ciudad y de la sociedad en general en su sentido más amplio: su manifiesta nula voluntad de proteger el ambiente, los monumentos históricos y el patrimonio cultural material e inmaterial de la zona.
“A la sociedad en general –en la que se encuentran comprendidos los aquí quejosos– le importa la protección al medio ambiente sano y que un bien declarado como monumento histórico no sea dañado, en su estructura o en imagen por una construcción, pues su conservación es de interés nacional y de utilidad pública”, señaló el Juez al decretar la suspensión.
Salir del paso con descalificaciones que agravian a quien demanda respeto a lo que considera sus derechos en lugar de tomarlos en cuenta sólo exhibe que quien tiene “otros intereses” que no responden a los de la sociedad sino a los de una politiquería mezquina es el alcalde Galindo Ceballos.
El propio Galindo Ceballos señaló que sería el tercer intento por realizar el proyecto hoy frustrado por segunda vez por un amparo. ¿Acaso esa afirmación es una confesión sobre a quién le hace el favor con su insistencia en una obra rechazada por los habitantes de El Saucito?
El primer amparo que impidió la obra fue en 2018 contra el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez, en un intento que dejó una secuela de presuntos delitos como pagos millonarios por obras no realizadas.
Si no atiende la manifestación de los habitantes de la demarcación que gobierna –a quienes para colmo les desconoce esa condición– Galindo Ceballos está obligado a exponer a qué intereses atiende con esa obra y por qué se justifican al grado de pretender pasar por encima de la voluntad de los que se supone serían los beneficiarios que la recibirían con agrado.
