Estela Ambriz Delgado
Desde el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) se señaló que si bien la postura del Ayuntamiento de Tanlajás ante las solicitudes que Pemex envió a municipios donde se proyecta aplicar el fracking es un paso significativo, no se puede pasar por alto la criminalización de defensores del territorio y medio ambiente que hizo el alcalde Humberto Lucero Magaña en un medio informativo.
El integrante del OIM, Juan Felipe Cisneros Sánchez, expresó que las declaraciones vertidas hace unos días reflejan una relativización del riesgo técnico e impacto ambiental que representan las solicitudes de Pemex para el establecimiento de depósitos de explosivos; sin embargo, la presión social y del cabildo, así como el cálculo de supervivencia política llevó al alcalde a unirse a la postura de rechazo
“Ante la inviabilidad de sostener su discurso paternalista y evasivo, y frente al riesgo inminente de ser rebasado por sus propios regidores, el munícipe prefirió subirse de última hora al autobús de la oposición al fracking antes de ser ‘planchado’ y políticamente sepultado por los dirigentes y autoridades comunitarias que sostienen un No Consentimiento rotundo en toda la Huasteca”.
El activista consideró que el voto por unanimidad del Cabildo para rechazar cualquier permiso a Pemex no es una concesión de Lucero Magaña; es el resultado directo de la presión social y un cálculo político, pues este sabe que si no se alineaba a la exigencia colectiva, el castigo en las urnas sería inmediato y devastador, poniendo en jaque la continuidad de su corriente política.
Por otra parte, subrayó que la memoria histórica de la región está fresca y siguen vigentes los 11 Puntos de Tancanhuitz emitidos el pasado 7 de junio, un mandato popular nacido de las movilizaciones regionales que dejó claro que los pueblos originarios no tolerarán simulaciones ni traiciones de sus gobernantes en la defensa de los bienes comunes.
“La obligada pirueta discursiva del alcalde, que al término de la sesión corrió a colgarse la medalla declarando que ‘defienden el territorio, el agua y la vida’, no borra las graves omisiones en que incurrió. Hasta hace un momento, su narrativa centralista pretendía suplantar la voluntad de las asambleas comunitarias, vulnerando el núcleo del artículo 2 constitucional, y los artículos 13 a 15 del Convenio 169 de la OIT”.
En el mismo sentido, Cisneros Sánchez recordó que en sus declaraciones Lucero Magaña hizo una estigmatización de los defensores comunitarios y líderes indígenas que alertan a la población sobre los riesgos ambientales al ligarlos con intereses de grupos políticos contrarios al suyo, lo que violenta las obligaciones de protección establecidas en el artículo 1 constitucional.
Puntualizó que al tildar la labor de defensa del territorio como un acto de agitación o desinformación, el mandatario municipal incumple su deber de garantía, eleva el nivel de vulnerabilidad de los defensores frente a represalias corporativas, y contraviene los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano para asegurar entornos seguros para activistas ambientales, como el Acuerdo de Escazú.
Asimismo, recordó al alcalde que Tanlajás posee un blindaje territorial histórico que la ignorancia técnica de sus funcionarios les ha impedido ver: la reserva ecológica comunitaria Ko’bixtalab K’al an Labidh Xe’tsintalab – Protección de la Vida Sagrada, inscrita formalmente en julio de 2018 ante el Registro Público de la Propiedad, con una vigencia mínima de 30 años.
“Esta herramienta legal, heredada de la organización del pueblo y la gestión de Domingo Rodríguez Martel, es el verdadero escudo jurídico contra el fracking, y no la voluntad voluble de un gobernante temeroso del costo electoral”.
Agregó que ante la gravedad de los hechos, ha trascendido que el próximo domingo 12 de julio a las 10 de la mañana, se llevará a cabo una reunión con las autoridades indígenas del municipio. Este encuentro formal tendrá como objetivo único y vinculante tomar acuerdos definitivos directamente con las autoridades institucionales y tradicionales de las comunidades.
Las comunidades tének, como sujetos de derecho público, vigilarán de cerca que el Ayuntamiento cumpla y no pretenda negociar a espaldas del pueblo en dicha mesa. Esto dado que la soberanía radica en las asambleas y el territorio es ancestral, mientras que los alcaldes son transitorios.
