Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) denunció que los representantes de los pueblos originarios fueron relegados en la toma de protesta del Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) para el periodo 2026-2029, pues no se les dio uso del micrófono, además de que el evento tuvo más tintes proselitistas.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, del OIM, expresó que esta toma de protesta se dio entre un auditorio teñido con el color del Partido Verde Ecologista de México, y el presídium fue acaparado por alcaldes de la región Huasteca, servidores públicos del estado y “la inoperante” presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Argüelles Moreno, a quien reclaman la falta de acción para proteger los derechos indígenas.
Sin embargo, en el evento quedaron fuera las demandas de autonomía y el incumplimiento de sentencias del Legislativo; el derecho de transferencia directa de recursos municipales y estatales a las comunidades; y una firme postura frente a la amenaza del fracking con el Plan Estratégico de Pemex, que son exigencias de fondo de las comunidades.
Además de que, si bien los protagonistas debieron ser los representantes de las comunidades originarias, ningún consejero indígena tuvo voz en el micrófono durante el segmento principal.
Al respecto, el activista detalló que el diseño del evento los relegó a ser meros espectadores en las gradas, mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona centraba el protagonismo en las autoridades municipales, integrantes de su gabinete, legisladores, representantes del Poder Judicial y de derechos humanos.
Apuntó al hecho de que en su intervención, el mandatario presentó la instalación del Consejo como una innovación histórica de su gestión, pese a que el INDEPI y su órgano consultivo son el resultado de una histórica lucha comunitaria que cristalizó desde 2011 con su ley de creación, cuyo artículo 9 mandata explícitamente la existencia de este.
Por otra parte, Cisneros Sánchez señaló que a la par del discurso de celebración, la realidad financiera del instituto cuenta otra historia, pues en años previos, la actual administración del estado ha mantenido asfixiada presupuestalmente a la institución al reducir sus recursos en más de la mitad, con apenas 10 millones de pesos.
“Esta limitación económica ha dejado al organismo inerte, sin capacidad operativa real y con una baja incidencia para atender las demandas de los pueblos y comunidades”, afirmó.
Mientras que los datos más recientes del INEGI y del Consejo Estatal de Población (Coespo) confirman que la pobreza, la marginación y la discriminación en las zonas indígenas del estado prevalecen, lo que esto configura una deuda histórica que ni el Gobierno Federal ni el estatal han logrado revertir, a pesar de sus promesas.
“El discurso oficial redujo el ‘desarrollo integral’ al simple mantenimiento carretero, omitiendo demandas de fondo (…) el acto político de este día dejó una postal contradictoria: un Consejo Consultivo recién jurado ante la ley, pero maniatado por el control político y la asfixia presupuestal. Un evento donde los pueblos originarios volvieron a ser el adorno de una fotografía oficial, mientras su agenda continúa en el refrigerador legislativo y sus tierras siguen amenazadas por el fracking”.
