Alejandro Rubín de Celis
La nueva legislatura del estado empieza a decepcionar a la ciudadanía. Y decimos empieza porque apenas acaba de concluir su primer período ordinario de sesiones y ya tiene en su haber varias acciones y decisiones que no muestran una verdadera representación social sino más bien la protección de intereses particulares y un afán de seguir actuando en la opacidad.
La LXII legislatura despertó grandes expectativas dada su nueva composición y especialmente por el compromiso hecho por la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) integrada por Morena, PT y PES, desde antes de entrar en funciones, de impulsar un cambio de fondo en la manera de actuar de los diputados, luego del decepcionante papel que desempeñaron sus antecesores. Por desgracia, cada día se parecen más a ellos y están en el camino ─si no corrigen a tiempo─ de superarlos como los peores legisladores en la historia de San Luis Potosí.
A la baladronada inicial de echar para atrás un crédito por mil 200 millones de pesos al gobierno del estado, disminuir los salarios de los diputados y echar abajo la aprobación ilegal de las Cuentas Públicas 2017 a cargo de la anterior legislatura ─impulsados principalmente por la bancada morenista─, vinieron la aprobación por mayoría al empréstito del Ejecutivo y a las Cuentas Públicas del año pasado, mientras que la reducción al sueldo de los diputados quedó para mejor ocasión.
Uno de los asuntos más cuestionados por distintos sectores y organizaciones ─incluida la Iglesia─ ha sido precisamente el hecho de no haberse bajado el sueldo, que actualmente alcanza los 115 mil 150 pesos netos al mes, aduciendo que esperarán a que entre en vigor el ajuste salarial a nivel federal. Bueno pues, en el caso de Morena, hasta la dirigencia estatal de ese partido ha dicho que sus diputados le están quedando a deber a la ciudadanía al no disminuir sus emolumentos y les han pedido repartir una buena parte de su aguinaldo entre personas de escasos recursos. Por lo pronto ellos y todos los demás congresistas han cobrado puntualmente ya seis quincenas que suman 345 mil 450 pesos cada uno, y una cantidad igual por concepto de tres meses de aguinaldo.
Pese a los compromisos de mayor transparencia y rendición de cuentas de la nueva legislatura, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el órgano de mayor poder de decisión, se ha caracterizado por su opacidad en la toma de decisiones y en los asuntos que tienen que ver con los dineros del Congreso. Sesiones de la Jucopo, cuyos acuerdos desconocen el resto de los diputados que no pertenecen a ella, e informes financieros poco claros o ilegibles, han dado pie a sentidas quejas de legisladores.
En la votación del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2019, la diputada María del Consuelo Cardona dio cuenta de ello: “Yo voy en contra, porque a mí nadie me ha explicado y apenas me voy dando cuenta de estas cantidades, no dicen de dónde salen o en qué se fundamentan, si habrá austeridad, o en qué se basaron para dar esas cantidades”. Algo parecido planteó el diputado Edgardo Hernández: “No es que no se me haya consultado, pues ni siquiera se nos giró la información. Ni siquiera las planillas que hoy conforman los cargos al interior del Congreso y eso se me hace una falta de respeto, somos 27 diputados y todos de la misma jerarquía…”
¿Se imagina? Si ni los propios diputados tienen información detallada y oportuna de lo que, para colmo, acaban aprobando, ¿qué clase de información y de rendición de cuentas le están dando a la ciudadanía?
Y eso no es todo, la gran mayoría de los campos de datos del las declaraciones 3 de 3 presentadas por los diputados están testadas, de manera que no hay posibilidad de que se pueda dar seguimiento a su situación patrimonial, fiscal y de intereses.
Hasta un tempranero caso de nepotismo se dio en la LXII legislatura cuando, de manera aparentemente ingenua, la diputada Paola Arreola intervino para que su cuñado Kevin David Gloria Ibarra fuera nombrado secretario técnico del Comité de Orientación, Gestoría y Quejas del Congreso.
El caso más reciente de impericia y desconocimiento de los legisladores más inexpertos fue sin duda el tema del aumento a las tarifas de agua propuesto por 22 organismos operadores, que después de la polémica que desató el caso del Interapas con fórmulas mal aplicadas y montos y explicaciones que se prestaron a confusión, acabaron por ser desechadas, al parecer por influencia y manipulación de los legisladores más experimentados.
Parece ser que la mayor decepción hasta ahora para los electores que votaron por la coalición JHH y en particular por Morena, es el comportamiento que han asumido algunos legisladores como Edson Quintanar, quien se ha prestado a actuar en opacidad como presidente de la Junta de Coordinación Política, y las diputadas Angélica Mendoza y Rosa Zúñiga, quienes como integrantes de la Comisión del Agua votaron en favor del incremento al agua propuesto por el Interapas de casi un 40 por ciento.
Entre diputados inexpertos, maleables y débiles políticamente, y otros experimentados y dispuestos a reproducir las viejas prácticas del pasado, no se ve por dónde esta sea realmente la legislatura del cambio; por el contrario, sigue los mismos pasos que las anteriores y se perfila, a temprana edad, para ser la peor legislatura de la historia.
Llegó la hora: ¿logrará Xavier Nava un aumento desproporcionado a la tarifa del agua?
