Santa María del Río se niega a aceptar recomendaciones de la CEDH

Fernanda Durán

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señaló la omisión de Miriam Yolanda Martínez Trejo, alcaldesa de Santa María del Río, al no aceptar las recomendaciones 17 y 22 del año 2023 por violaciones a derechos humanos a través del uso arbitrario de la fuerza y limitar el derecho a la vida, así como la libertad de expresión, por parte de la policía municipal.

Ambas recomendaciones fueron emitidas en diciembre pasado, pero la primera corresponde a un caso suscitado el 27 de julio de 2023, mientras la segunda recomendación corresponde a un hecho ocurrido el 2 de junio de 2020.

A pesar de la temporalidad del primer caso, la presidenta del municipio se niega a recibir ambas recomendaciones bajo el argumento de que funge como presidenta sustituta, por lo que tales acciones no fueron cometidas durante su administración, aunque ella comenzó labores como edil desde enero de 2023.

La recomendación 17/2023 se debió a una persona que perdió la vida en las celdas de la policía municipal de Santa María del Río mientras se encontraba bajo la custodia de la Comandancia Municipal.

En la recomendación 22/2023 se reporta la agresión a un periodista por parte de elementos de la policía municipal de Santa María del Rio, en el que la CEDH además de iniciar las investigaciones correspondientes y pedir los informes, dio vista al Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de que el caso también lo analizaran y documentaran desde dicho mecanismo, además de que se activaran los mecanismos de protección para garantizar y salvaguardar la integridad del periodista, así como del familiar que lo acompañaba.

Incluso la CEDH detalló que Martínez Trejo indica que al suscribirse como delito la privación de la vida, no se configura como violación a derechos humanos; en cuanto al caso de abuso en contra de un periodista, la alcaldesa desconoce el hecho aunque la Comisión documentó e investigó el caso, ya que no fue vinculada a proceso ni señalada como autoridad responsable.

La Comisión agregó que el Ayuntamiento planteó la reparación del daño y a la conciliación en ambas respuestas, omitiendo que las violaciones graves a derechos humanos no se concilian, y en el caso de la pérdida de la vida es un asunto que no puede medirse en una cantidad de reparación del daño.

“En ambos casos, las víctimas declararon ante el organismo no estar abiertas a conciliación con la autoridad”.

Debido a esto, la CEDH informará sobre la negativa al Congreso del Estado con el fin de que sean llamados a comparecer y expongan sus argumentos para permitir la omisión a derechos fundamentales de los habitantes de dicho municipio.

Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento se niega a recibir invitaciones o recomendaciones del resto de poderes, pues en junio de 2023 rechazaron la invitación del Congreso del Estado para llevar a cabo una reunión que buscaba conocer la condición y la viabilidad técnica legal de la construcción de una gasolinería en la comunidad que ha causado problemas en el abasto de agua a la población aledaña al proyecto.

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