María Ruiz
Lo que en febrero de este año se presentó como una medida para mejorar las condiciones laborales de las corporaciones municipales, con la aprobación de una reforma que garantiza un salario mínimo de 14 mil pesos netos mensuales para policías, ahora enfrenta un obstáculo de transparencia: el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) reservó la información sobre qué ayuntamientos han cumplido con esta disposición y cuáles siguen sin hacerlo.
La solicitud de información fue presentada por Astrolabio Diario Digital por medio del folio 241967726000029, ante el SECESP, con el propósito de conocer el avance de la homologación salarial en los 59 municipios, así como los recursos destinados, las acciones de seguimiento y las posibles consecuencias para los ayuntamientos que no han acatado la reforma.
La medida fue aprobada por el Congreso del Estado en febrero y publicada formalmente en el Periódico Oficial del Estado mediante el Decreto 0511, el pasado 16 de abril. A partir de entonces, los 59 ayuntamientos quedaron obligados a homologar los salarios de sus policías municipales, para lo cual se estableció un plazo de 120 días.
Sin embargo, mediante la respuesta a la solicitud, firmada el 12 de noviembre de 2026 por Melva Rebeca Rojas Chimeyo, titular de la Unidad de Transparencia del SECESP, la dependencia negó el acceso a la información y determinó reservarla debido a que todavía se encuentra en proceso de elaboración de las llamadas “opiniones de cumplimiento” y se fundamenta en los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 129, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y 112, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permiten reservar la información cuya divulgación obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes.
Astrolabio solicitó un desglose del estatus de los 59 municipios, con fechas de cumplimiento, montos salariales y número de policías beneficiados; las justificaciones financieras y los oficios de Cabildo de los ayuntamientos que no han cumplido; las modificaciones presupuestales y los recursos destinados para aplicar la reforma, así como los mecanismos e informes de seguimiento institucional.
También pidió copias de los requerimientos y exhortos oficiales enviados a los municipios y sus respectivas respuestas, información sobre posibles remisiones de casos de incumplimiento al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) u otras autoridades, además de los plazos legales, convenios con la Secretaría de Finanzas y programas de implementación progresiva.
El argumento del Secretariado Ejecutivo es que entregar esos documentos permitiría conocer resultados, constancias y observaciones que todavía son preliminares, lo que, a su consideración, podría adelantar información del proceso de revisión y poner en riesgo la actuación de los entes involucrados. Con ese razonamiento justificó la reserva al amparo de las disposiciones legales en materia de transparencia.
Además, en el oficio proporcionado, el SECESP no especifica un plazo temporal ni una fecha exacta para el término de la reserva. La dependencia se limita a señalar que el procedimiento de verificación interna continúa en curso, por lo que tampoco establece cuándo podrá consultarse la información solicitada.
De todo lo solicitado, la dependencia únicamente confirmó que el plazo de 120 días concedido a los ayuntamientos comenzó a correr a partir de la publicación del decreto en abril.
La reserva contrasta con la información que funcionarios estatales han dado a conocer públicamente sobre los municipios que no han homologado los salarios de sus policías, así como las cifras de los sueldos que todavía perciben algunas corporaciones.
Apenas un día antes de que se firmara la respuesta a la solicitud, el 11 de noviembre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró que nueve municipios persistían en el incumplimiento y urgió a que se aplicaran sanciones desde el ámbito legislativo.
Meses antes, en mayo, el propio mandatario había señalado públicamente que algunos ayuntamientos pagaban salarios muy por debajo del mínimo establecido. Mencionó a Tanlajás, donde los policías recibían 4 mil pesos mensuales; Rayón y Lagunillas, con 6 mil pesos, y Tanquián de Escobedo, con cerca de 8 mil pesos. En esa ocasión también acusó a los alcaldes de desviar recursos del Ramo 33 que debían destinarse a seguridad.
Los datos sobre el avance de la reforma también habían sido difundidos por la titular del SECESP, Noemí Proal Huerta, quien en septiembre informó que 25 ayuntamientos ya cumplían con la homologación salarial. Entre ellos mencionó a Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde, además de señalar que el plazo de revisión ante el IFSE vencía en octubre.
Por su parte, el auditor superior del estado, Rodrigo Lecourtois, había establecido el 31 de agosto como fecha límite para validar los recibos de nómina timbrados (CFDI), como parte de la revisión del cumplimiento de la disposición.
Así, mientras el gobernador y otros funcionarios han difundido nombres de municipios, montos salariales, cifras de cumplimiento e incluso advertencias sobre posibles sanciones e inhabilitaciones, el organismo encargado de dar seguimiento a la reforma niega el acceso a los documentos que permitirían conocer y verificar oficialmente esos mismos datos.
