Estela Ambriz Delgado
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) llevó a cabo un foro para socializar la Norma Técnica Ecológica Estatal (NTE-SEGAM-003/2025), con la que se establecen disposiciones y lineamientos para la regulación de las unidades productoras de ladrillos, y algunos municipios firmaron el acuerdo para la aplicación y difusión de la misma.
La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, indicó que la elaboración de esta norma se da en seguimiento a una reforma a la Ley Ambiental hecha en 2022, y se llevó a cabo en colaboración con académicos, cámaras empresariales, y con los propios productores.
Hizo mención de que en esta norma se establecen todas las reglas bajo las cuales tendrán que operar los productores de ladrillo en este caso, y la Segam, junto con los ayuntamientos, tendrán la obligación de darle a este sector de trabajadores de la arcilla, los elementos necesarios para poder evitar la contaminación del aire, que ya es una preocupación en la ciudadanía.
La funcionaria afirmó que la Segam tendrá la mayor disposición para poder trabajar de la mano con los productores para que tengan asesoría técnica, así como con los ayuntamientos, porque bien es cierto que la secretaría controla las emisiones que contaminan el medio ambiente, también es cierto que los municipios dan las licencias de uso de suelo y el cambio de uso de suelo, por lo que se citó a los 59 alcaldes.
Puntualizó que esta NTE-SEGAM-003/2025 entrará en vigor a partir del 8 de enero del 2027, por lo que habrá un periodo de tiempo razonable para realizar las modificaciones necesarias a las leyes correspondientes, a fin de que puedan ser actualizadas y no se contravengan con esta propuesta de norma.
Posteriormente, los doctores Fernando Díaz Barriga y Francisco Javier Pérez Vázquez hicieron amplias exposiciones sobre los efectos de los contaminantes que se combustionan actualmente para la elaboración de los ladrillos, y el impacto social en el sector derivado de un estudio realizado en la zona de Las Terceras.
El director de normatividad de la Segam, Mariano Mejía, explicó la ruta jurídica que tuvo lugar para la elaboración de la norma, que inició el 27 de diciembre de 2022 con una adición al artículo 83 bis de la Ley Ambiental, que fue aprobada por el Congreso del Estado.
Sin embargo, hasta que se presenta un amparo por parte de la Asociación Civil Cambio de Ruta el 6 de marzo de 2023, y posteriormente se dicta una sentencia en la que se conmina a la secretaría a trabajar en la norma, es que esta se sujeta a los tiempos determinados por el juez y se ve obligada a informar periódicamente de los avances.
El funcionario explicó el procedimiento llevado a cabo, en el que se convocó a diversos técnicos especialistas de las instituciones educativas del estado, varios de ellos para colaborar en el área técnica, quienes en conjunto con personal de la Segam de las áreas de planificación auditoría y supervisión, formaron parte de mesas de trabajo.
Dijo que una vez que se integró y hubo un punto de vista favorable por cada una de las partes, hay un procedimiento legal en el cual la Secretaría General de Gobierno lo revisa, luego la Consejería Jurídica del Gobierno al Estado y una vez que se aprobó este proyecto fue publicado el pasado 8 de enero de 2026.
Mariano Mejía subrayó que la parte medular de la norma es el uso del combustible fósil, que es básicamente natural o gas LP, así como los criterios de ubicación de las unidades productoras, porque se ha mencionado y se ha identificado reiteradamente que la ubicación tiene un alto impacto en las comunidades.
Además de las condiciones de operación y regulación, y una serie de autorizaciones que se requiera de ahora en adelante para el funcionamiento de estas unidades productoras de ladrillos.
En este sentido, el funcionario puntualizó que en esta parte se requiere un trabajo coordinado entre los ayuntamientos y la Segam, pues en primer lugar se solicitan requisitos de carácter municipal y posteriormente la autorización de impacto ambiental que corresponde a la secretaría, además del permiso de emisión de fuentes fijas.
De la misma manera, informó que hay algunos otros apartados en la norma que regula el proceso de elaboración, en el que se contempla el origen de la materia prima, así como un control y monitoreo de las emisiones, lo que será vigilado y, en el caso de que haya incumplimiento, será sancionado.
“La intención de la norma no es penalizar, sino es pues generar este derecho al medio ambiente que le corresponde a todos los potosinos, empezando por las propias familias de los productores”.
Reiteró que el próximo 8 de enero de 2027 entra en vigencia, por lo que los ayuntamientos tienen tiempo para el proceso de socialización, y en este periodo también se deberán modificar la Ley Ambiental y tres reglamentos, para que se ajusten a la nueva norma.
Adicionalmente, el director de normatividad reiteró que la Segam brindará apoyo técnico a todos los productores, además de que se gestionará ante la Secretaría de Finanzas algunos apoyos fiscales.
Respecto a la cantidad de establecimientos que están en funcionamiento, indicó que están abiertos para que, como lo marca el programa, ellos pueden solicitar una prórroga para seguir a trabajando tal cual como lo están haciendo ahorita, pero con la finalidad de que poco a poco se incorporen a este nuevo esquema y esta nueva norma.
“Como lo hemos visto es un tema de ecológico, es un tema de derecho a la salud, un tema de derechos humanos y nos corresponde a las autoridades municipales y estatales, pues implementar esta norma, llevarla a cabo y entre todos pues trabajar para que tengamos un mejor saneamiento y con un aire limpio para todas las personas”.
De igual forma, se dieron detalles sobre los requisitos que se deben cumplir con esta NTE-SEGAM-003/2025 para la instalación de estas unidades productoras, para lo cual el municipio requiere tener sus planes de desarrollo urbano, así como ordenamientos ecológicos y territoriales.
También se abordaron los procesos de elaboración sustentable y se puntualizó que la arcilla utilizada sólo puede ser extraída de los bancos de materiales debidamente autorizados.
Los ayuntamientos de los que sus presidentes municipales firmaron el acuerdo fueron Ciudad Fernández, Lagunillas, Tancanhuitz, Ahualulco, Tampamolón Corona, El Naranjo, Tierra Nueva, y San Ciro de Acosta.
