Por Victoriano Martínez

En cuatro días termina este mes en el que, según el anuncio del gobernador Juan Manuel Carreras López, iniciará la construcción de la Vía Alterna a la Carretera 57 para acceder a la Zona Industrial, es decir, para que quien debe trasladarse en auto a su fábrica se ahorre 15 minutos y seis kilómetros de recorrido, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del propio gobierno estatal.

Hace un año, mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/08457, la dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, emitió la autorización de la MIA presentada por el gobierno de Carreras López, a unos días de que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyo para proteger la Sierra de San Miguelito.

Aquella autorización de la MIA condicionó el inicio de la obra a la obtención de varias autorizaciones por parte de autoridades federales dependientes de la propia SEMARNAT que hoy, a horas del presunto arranque de la construcción de la Vía Alterna, siguen sujetas a revisión con posibilidades reales de que sean negadas.

“La promovente deberá contar con la autorización para el cambio de uso en terrenos forestales, por lo que, será responsabilidad de la promovente tramitar dicha autorización ante la DGGFS (Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos) para realizar las obras y actividades del proyecto”, es una de esas autorizaciones.

Otras autorizaciones necesarias fueron advertidas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), además de que la Comisión Nacional Forestal (CONAGUA) emitió recomendaciones para que se tomen medidas para “garantizar la conservación de los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas presentes en el SAR (Sistema Ambiental Regional)”.

Entre las medidas para garantizar esos servicios ambientales de esa parte de la Sierra de San Miguelito, la MIA cita Normas y Criterios Generales de Desarrollo Urbano, entre los que destaca que “no se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en vialidades regionales” (MIA Anexo 3).

Para la autorización condicionada de la MIA se consultó, además de la DGGFS, CONAGUA y CONAFOR, al Ayuntamiento de San Luis Potosí, pero la administración encabezada por Xavier Nava Palacios dejó vencer el plazo para la respuesta… y ahora promueve los programas de desarrollo urbano en los que se plantea cambiar a urbanizables los terrenos aledaños a la Vía Alterna.

De acuerdo a la versión que extraoficialmente se conoce de los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano y Centro de Población (PMDUCP) declara urbanizables 100 hectáreas y otras 900 susceptibles a cambiarse a urbanizables, lo que se contrapone con el impedimento señalado en la MIA.

Se trata de una virtual autorización para el proyecto inmobiliario Gran Peñón, promovido por el extitular de la Comisión Estatal del Agua Urbano Díaz de León y el ex gobernador Marcelo de los Santos, quienes dan por hecho la autorización municipal al grado de que ya ofertan lotes que se pueden adquirir incluso sin enganche.

A unas cuantas horas de que presuntamente inicie la construcción de la Vía Alterna, no sólo falta información sobre las autorizaciones pendientes incluidas en las siete condicionantes establecidas en la autorización de la MIA, sino también que se resuelva la impugnación admitida por la SEMARNAT en contra de esa autorización.

Una impugnación a la autorización de la MIA que tuvo como antecedente la petición hecha por escrito el 25 de julio de 2019 a Carreras López por un grupo de diputados federales y ciudadanos potosinos para que retirara la MIA, jamás contestó. No sólo contradijo su postura del 24 de mayo en la Plaza de los Fundadores, sino que pasó por encima del derecho constitucional de petición.

Carreras López, con sus acciones contradictorias, y Nava Palacios, al evadir pronunciarse sobre la MIA y ahora promover la autorización de los programas de desarrollo urbano que ampliarían la afectación a la Sierra de San Miguelito en el entorno de la Vía Alterna, le fallan a la ciudad y se convierte en promotores de su afectación al privarla de servicios ecológicos.

¿De verdad se requiere sacrificar los servicios ecológicos que presta la Sierra de San Miguelito a la ciudad, la vida de la flora y la fauna de esa zona, incluidas dos especies en peligro de extinción, para que los automovilistas tengan “un ahorro de 6.0 Km en distancia y 15 minutos en tiempo de recorrido” (página 28 de la MIA) para llegar a la Zona Industrial? ¿No hay otra alternativa?

¿Es sólo eso lo que los mueve, 15 minutos de ahorro sin alternativa, o qué otros intereses impulsan a Juan Manuel Carreras López y a Xavier Nava Palacios?