Sí existe una familia afectada por gimnasio Beat en Tatanacho

María Ruiz

El ruido y las vibraciones generados por las actividades de Beat Cycle Gym, ubicado en la zona de Tatanacho, mantienen un conflicto entre habitantes de la calle Luis de Molina y el establecimiento. Mientras una familia asegura que las molestias comenzaron desde 2023 y se intensificaron con la incorporación de nuevas áreas de entrenamiento, otros vecinos y comerciantes afirman que no han tenido problemas y consideran que el gimnasio representa una actividad económica favorable para el sector.

Esto fue constatado por Astrolabio en una visita a la zona en donde se encuentra el gimnasio y en entrevistas con vecinos.

La familia afectada aseguró que durante estos tres años ha solicitado en distintas ocasiones que se reduzca el volumen de la música y los gritos de los entrenadores, pero los cambios en su favor no se mantenían. Según su testimonio, las conversaciones con el establecimiento se repetían sin que lograran una solución permanente.

Uno de los entrevistados explicó que al principio las solicitudes estaban relacionadas con el ruido de las clases, pero que, conforme se ampliaron las instalaciones, se sumaron otros sonidos y vibraciones que ahora perciben dentro de su vivienda.

Los habitantes solicitaron a este medio mantener bajo reserva su identidad, pues señalaron que enfrentan procesos legales relacionados con el conflicto y prefieren evitar que su identidad quede expuesta.

Una de las principales afectaciones, expusieron, fue la dificultad para que uno de sus hijos pudiera dormir en horarios habituales. En ocasiones, señalaron, tenía que esperar hasta que el establecimiento cerrara.

Como parte de los primeros intentos por resolver el problema, las propietarias realizaron adecuaciones en la habitación del menor, con la intención de reducir la entrada del sonido, disponiendo una ventana aislante que corrió por cuenta de ellas mismas, cuyo costo, según su conocimiento, fue de alrededor de 80 mil pesos. Sin embargo, cuestionaron su efectividad porque cuenta con tres secciones abatibles que, al permanecer abiertas, permiten que el ruido continúe entrando a la vivienda.

La familia sostuvo que las mejoras se limitaron a ese espacio y no resolvieron las molestias en el resto de la vivienda, donde una de las personas también trabaja desde casa.

La situación, indicaron, se agravó cuando el gimnasio incorporó un área de entrenamiento funcional y Hyrox junto a la pared que colinda con su domicilio. A partir de entonces comenzaron a percibir otros sonidos, como el impacto de pesas y balones medicinales contra el suelo, el choque de barras metálicas y los gritos de quienes realizan los ejercicios.

La familia aseguró que las vibraciones llegan a sentirse dentro de la casa e incluso hacen que las ventanas vibren. Aunque precisaron que en esa zona no se utilizan bocinas, sostuvieron que el ruido de los ejercicios y las voces de los usuarios se transmite hacia las viviendas, debido a que el área cuenta con una estructura abierta tipo velaria, sin una barrera física que contenga el sonido.

Además de pedir que se controlaran los gritos y que los usuarios evitaran dejar caer las pesas, los habitantes solicitaron a las propietarias adecuar los materiales del establecimiento para reducir la transmisión de ruido y vibraciones. Como parte de sus propuestas, compartieron especificaciones técnicas sobre pisos de caucho antivibración, materiales aislantes y sistemas de amortiguamiento para áreas de entrenamiento.

Entre las alternativas que les hicieron llegar, explicaron, había un sistema especializado de pisos con resortes y mecanismos de absorción de impactos, utilizado en instalaciones deportivas de otros países, que permite realizar ejercicios de fuerza sin transmitir las vibraciones hacia las construcciones contiguas. La intención, señalaron, era que el gimnasio pudiera mantener sus actividades, pero con materiales y adecuaciones que evitaran afectar a las viviendas cercanas.

La familia insistió en que sus solicitudes no se limitan a que el establecimiento baje el volumen de la música, sino que buscan una solución a los impactos y vibraciones que atribuyen a las actividades de entrenamiento.

Ante la falta de una solución que consideraran suficiente, el 15 de mayo de este año, los entrevistados presentaron escritos ante las direcciones de Comercio y Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, además de hacer llegar la situación a integrantes del Cabildo, para que se pudiera gestionar desde todas estas áreas una solución conforme a derecho.

Después de varios intentos de diálogo y de solicitar adecuaciones al negocio, la familia decidió contratar un estudio acústico particular, con acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que avala que las mediciones de sonido, ruido o calibración acústica se realizan bajo normas y criterios técnicos válidos, para documentar los niveles de ruido y contar con elementos técnicos que respaldaran sus señalamientos.

Explicaron que dicho estudio se realizó para que las autoridades tuvieran información objetiva para evaluar las condiciones en las que se desarrollan los entrenamientos y sus efectos en las viviendas colindantes.

Según su explicación, se realizaron mediciones con equipo de sonometría durante aproximadamente 16 horas y media a lo largo de una semana, en distintos horarios. También reunieron grabaciones de audio y video para documentar las condiciones en las que se desarrollaban las actividades.

El informe técnico, dijeron, tiene alrededor de 22 páginas y fue acompañado por un registro de aproximadamente 66 gigabytes de archivos audiovisuales.

Entre los resultados que refirieron se encuentra una medición máxima de 80.8 decibeles mientras el gimnasio realiza sus actividades y otra más, mientras estas se reducen en el mismo establecimiento que fue equivalente de 69.03 decibeles.

La familia sostuvo que esos niveles rebasan el límite de 55 decibeles que considera aplicable para la zona, por lo que señalaron que la autoridad ambiental revisó los estudios y la metodología, donde se estimó que existen las condiciones de medición.

El Reglamento de Ecología del Municipio de San Luis Potosí considera contaminación acústica al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente y puede afectar la calidad de vida. También establece que los establecimientos comerciales y de servicios deben controlar sus emisiones sonoras y cumplir con los límites previstos en la normatividad aplicable, entre ella la NOM-081-SEMARNAT-1994.

En ese marco, la Dirección de Ecología tiene facultades para realizar inspecciones ante quejas por ruido, revisar estudios acústicos y requerirlos a los establecimientos cuando resulte necesario. El reglamento también contempla que los negocios instalen medidas de control cuando la autoridad lo determine. Por ello, los resultados del estudio particular presentado por la familia tendrían que ser revisados por la instancia municipal para establecer si las emisiones del gimnasio incumplen los parámetros aplicables.

Según la familia, desde el área comercial les indicaron que revisarían los permisos y las condiciones administrativas del negocio, mientras que la evaluación de las emisiones de ruido correspondería a la autoridad ambiental.

Los habitantes relataron que el establecimiento fue clausurado el 27 de mayo, pero reabrió tres días después. Posteriormente presentaron otra solicitud para conocer las razones de la reapertura. También señalaron que, de acuerdo con la información que tienen, el gimnasio recibió un permiso provisional el 28 de julio, cuyo periodo de 90 días habría concluido el 28 de octubre.

Añadieron que han acudido a instancias de derechos humanos para exponer las afectaciones que, aseguran, han enfrentado desde que comenzó el conflicto.

Otros vecinos niegan afectaciones y defienden la actividad económica

Gilberto Rangel y Raúl Martínez, quienes afirmaron tener más de 15 años en el sitio, dijeron que no han experimentado molestias por el funcionamiento del gimnasio ni tienen conocimiento directo de que otros vecinos hayan presentado quejas por ruido.

Ambos señalaron que han observado las adecuaciones realizadas por el gimnasio para atender las inconformidades y consideraron que no se trata de una actividad que genere molestias generalizadas.

De igual forma rechazaron que el establecimiento comience a operar desde las 5:00 horas, pues, desde su perspectiva, el movimiento que se percibe a esa hora corresponde principalmente al tránsito vehicular de la zona.

Los entevistados comentaron que el establecimiento, cumple con el Reglamento para el Ejercicio de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios del Municipio, mismo que establece los requisitos para que los negocios obtengan y mantengan una licencia de funcionamiento.

Entre ellos se encuentran contar con uso de suelo compatible, cumplir con las disposiciones municipales y disponer de las opiniones favorables de las áreas correspondientes, entre ellas Ecología y Protección Civil.

El ordenamiento también contempla que los establecimientos deben evitar generar música estridente o ruidos que perturben a los vecinos, además de permitir las inspecciones de la autoridad. En caso de incumplimientos, Comercio puede aplicar medidas que van desde la revocación de la licencia hasta la clausura provisional o definitiva, de acuerdo con las causas previstas en el reglamento.

Rangel y Martínez recordaron que anteriormente participaron en una reunión con autoridades municipales para abordar problemas de movilidad y el retiro de vehículos sin previo aviso. En ese contexto, señalaron que se reunieron más de 300 firmas de residentes y comerciantes, entre ellas la de una de las propietarias del gimnasio, como parte de una gestión conjunta para obtener dichos permisos.

Explicaron que posteriormente también firmaron documentos relacionados con la permanencia del establecimiento y que, ante cuestionamientos sobre la autenticidad de las firmas, acudieron a una notaría para ratificarlas.

El reglamento comercial establece, además, que para las actividades clasificadas como de alto impacto social o ambiental puede requerirse el consentimiento de al menos 80 por ciento de los vecinos ubicados en un radio de 100 metros. Esta disposición depende de la clasificación de la actividad y no significa que todos los establecimientos, incluidos los gimnasios, deban cumplir automáticamente con ese porcentaje.

“Nosotros apoyamos la actividad económica, apoyamos este tipo de iniciativas que son sanas y que le dan vida a esta zona”, señalaron.

No obstante, identificaron el tránsito vehicular y el exceso de velocidad como uno de los problemas que más les preocupan. Indicaron que el 8 de octubre entregaron una solicitud al Ayuntamiento, respaldada por más de 100 firmas, para pedir un análisis de movilidad y la instalación de reductores de velocidad.

Familia pide dar seguimiento

Para la familia, dijeron, el punto central es que las actividades del gimnasio puedan realizarse sin que sus efectos se trasladen a las viviendas que comparten colindancia con el establecimiento. Por eso, además de las mediciones acústicas, insisten en que se revisen las condiciones materiales de las áreas de entrenamiento y se apliquen medidas que reduzcan el ruido y los impactos. Después de años de solicitudes, consideran que el problema requiere una evaluación técnica y una respuesta de las autoridades.