Por Victoriano Martínez
Cuando se publicó el decreto de Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito (ANPSSM) con más de 111 mil hectáreas que anularon la posibilidad de diversos desarrollos inmobiliarios en esa zona, especialmente el proyecto Las Cañadas en la Comunidad de San Juan de Guadalupe, lo más lógico fue esperar la reacción de los empresarios involucrados para revertir la medida.
Desde la parte jurídica, a casi dos meses de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto el 13 de diciembre, esa batalla acumula, hasta este viernes 4 de febrero, 29 juicios de amparo: en el Juzgado Primero de Distrito 7, en el Segundo 3, en el Tercero 6, en el Cuarto 3, en el Sexto 3, y en el Octavo 7.
De acuerdo con la forma en que se han tramitado los amparos, en algunos casos se señala como autoridad responsable al Gobierno del Estado.
En la comparecencia del Ejecutivo estatal en los juzgados Tercero y Sexto sobresale un dato: aporta copia del convenio de coordinación firmado con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para hacer una consulta: si con la firma de ese acuerdo se habría incurrido en una violación a la suspensión decretada en el juicio de amparo.
Una consulta que tendría sentido sólo sí el gobierno estatal contemplara, a través de ese convenio, afectar “de manera inequívoca, la privación total o parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute” de los derechos agrarios de los comuneros.
La SEMARNAT ha sido muy insistente en aclarar que el decreto de ninguna manera afecta la propiedad de comunidades y ejidos, por lo que pareciera que el gobierno estatal pretendiera aportar argumentos en contra del Decreto o, cuando menos, abonar en la confusión que los desarrolladores inmobiliarios han promovido entre los habitantes de la Sierra de San Miguelito.
Una intervención en los juicios de amparo que representa un primer indicio que, si bien no es de acercamiento directo del gobierno con los desarrolladores, sí lo es de sembrar elementos con los que se puede congraciar con el sector empresarial que resultó damnificado con la declaratoria de ANPSSM.
Un exceso de cautela que Gallardo Cardona ha mostrado desde el mismo 13 de diciembre, cuando se publicó el decreto, que contrasta con el entusiasmo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha puesto a la declaratoria. Una brecha que comienza a abrirse entre el gobierno gallardista y la Cuarta Transformación que acumula otras señales.
El 27 de enero se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto que crea el Consejo Consultivo Potosí, al que se integrarán 15 empresarios nombrados directamente por Gallardo Cardona, entre quienes ya se mencionan los nombres de socios del proyecto Las Cañadas, así como de otros desarrollos inmobiliarios dentro de la ANPSSM.
El acercamiento de Gallardo Cardona con los empresarios con intereses inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito tiene, en el nombramiento que se concreta esta semana como secretario de Desarrollo Económico para Juan Carlos Valladares Eichelmann, cuya familia es socia del proyecto Las Cañadas, un indicador más del alejamiento del compromiso presidencial de proteger la Sierra.
La Comunidad de San Juan de Guadalupe discutirá en asamblea, el próximo domingo 13 de febrero, si aceptan o no una propuesta de indemnización de los terrenos que les expropiaron desde 1970 para la construcción del Periférico Antonio Rocha Cordero.
El hecho no representaría más que un acto de justicia para los comuneros si no fuera porque en la propuesta sobre el monto a indemnizar aparece una aportación, la mayor, por parte de los empresarios inmobiliarios.
El 2 de febrero, en reunión con comuneros se ofreció un pago inicial de 15 millones de pesos para poder iniciar con las obras en el puente que cruza Avenida Juárez y reencarpetar el tramo de los topes, y un pago posterior de 60 millones de pesos que se los harían efectivos los inversionistas que buscan urbanizar parte de la Sierra.
Ese mismo día también se tuvo la reunión con los inversionistas, de acuerdo con un testigo. Tras esos acuerdos se encuentra la intención de comprometer a los comuneros a mantener una lucha para dejar sin efecto el Área Natural Protegida.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) realizó hace dos semanas una treintena de reuniones en ejidos y comunidades de la Sierra de San Miguelito como parte del seguimiento al convenio de coordinación Gobierno-SEMARNAT. No obstante, el gobierno estatal estuvo ausente durante ese trabajo.
Si las señales muestran acercamientos de Gallardo Cardona con los inversionistas interesados en urbanizar la Sierra de San Miguelito, aun en contra del decreto de ANP, también las hay de que, desde el gobierno federal, se han percatado de que Gallardo Cardona no apoya la determinación presidencial.
Hoy son señales que comienzan a desdibujar el apoyo de Gallardo Cardona a López Obrador y apuntan a una confrontación en la que sólo es cuestión de tiempo.
