Por Victoriano Martínez
Si algo han desarrollado la mayoría de los funcionarios ante sus obligaciones de transparencia son tácticas para obstaculizar que cualquier ciudadano pueda revisar su actuación y la forma en que ejercen el erario, con la complacencia de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
Lejos de atender el principio de máxima publicidad, por el que están obligados a buscar la mejor manera de atender los requerimientos de información de la ciudadanía, los funcionarios ven en una solicitud de información una amenaza, con lo que exhiben que son incapaces de entender la esencia del lugar que ocupan: son servidores públicos.
Si no aceptan algo tan esencial en el papel que decidieron tomar en la sociedad, con esa actitud se definen a sí mismos como usurpadores de la función pública para convertirla en privada para sus intereses.
Si traicionan a la sociedad al negarse a hacer público lo que debe ser público, ¿cuántas otras traiciones ocultan con esas tácticas de opacidad?
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado declara reservada información que la Secretaría de la Defensa Nacional da a conocer sin problema.
Es el caso detectado esta semana. Pero atrás están las reservas del convenio con General Motors, BMW y la Ford, los contratos del Metrobús, de Panavi, de Vigue y muchas otras cosas más. Algunos han sido revertidos por largos litigios que incluso llegan a tribunales federales porque la CEGAIP parece estar más para garantizar la opacidad que la transparencia.
Los acuerdos de reserva son una de tantas tácticas de la opacidad, y la que más exhibe el contubernio entre los entes públicos y la CEGAIP.
El ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha exhibido en los últimos 17 días dos tácticas más:
Uno. Aprovechar que los solicitantes se allanen a su derecho a no dar su nombre al pedir información para exigirles que se presenten con identificación oficial por la información, con la certeza de que eso no ocurrirá, pero con la intención de mostrarse dispuestos a proporcionar la información.
Al solicitante que sólo se identificó como “Mau” se la aplicaron como existen muchos casos –Cristina Aguilera en la SEGAM, Perico de los Palotes en el Poder Judicial, por citar algunos– en el apartado de solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya principal ventaja es que el solicitante no deba acudir a las oficinas de las dependencias.
Una ventaja que esa táctica de opacidad anula, además de violar el principio constitucional de máxima publicidad, pero que de igual forma se anula con la segunda táctica exhibida esta semana por el Ayuntamiento de Soledad: exigir que se acuda a la tesorería municipal a pagar copias de la información requerida.
De acuerdo con la Ley, por ser la PNT una vía de acceso remoto a la información, en caso de que procediera el cobro por las copias, el ayuntamiento de Soledad debió señalar el costo y la cuenta bancaria a la que se le depositara el pago y una vez reportado éste, enviar la información al solicitante. Si no lo hizo es porque viola el artículo 165 de la Ley de Transparencia estatal.
Peor aún. La información que el solicitante pidió corresponde a la que el Ayuntamiento soledense debe difundir de oficio de acuerdo con la fracción XXIX del artículo 84 de la Ley de Transparencia, no sólo no tiene derecho a cobrar copias, sino que exhibe que viola esa disposición legal.
Son tácticas de opacidad que se repiten constantemente en las respuestas que se dan en la PNT y que, al ser tan frecuentes, revelan la negligencia de la CEGAIP para monitorear la forma en que constantemente se atenta contra el derecho de acceso a la información pública que debe garantizar.
La negligencia de la CEGAIP como órgano garante es tal, que a pesar de ser frecuente que en medios periodísticos se denuncie este tipo de tácticas, no emprenda la más mínima acción para proteger a los usuarios de la Ley de Transparencia de tales abusos.
Si la experiencia muestra que es más fácil que avale los acuerdos de reserva usados como táctica de opacidad, que deje desprotegidos a los solicitantes de información es más bien una negligencia fingida y, por tanto, complicidad.
