Abelardo Medellín Pérez
Las aspiraciones, deseos, buenas intenciones, mejores intereses y pretensiones de quienes gobiernan San Luis Potosí, pueden ser propios, ajenos, sinceros, egoístas, públicos, secretos, personales, de las masas… pueden ser de todo, pero no son democráticos.
Tal vez parezca novedoso y vanguardista el hecho de que en nuestro estado se haya realizado el primer plebiscito en la historia de San Luis Potosí el pasado domingo 24 de septiembre a fin de respaldar el proceso por el cual se pretende municipalizar Villa de Pozos; sin embargo, el origen, promoción y formas de este ejercicio fueron poco democráticas.
Con tantos anuncios y posturas personales, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha confesado de forma indirecta que Villa de Pozos no será un nuevo municipio, sino el nuevo botín político del Partido Verde Ecologista de México, partido al que ya no le salen las cuentas y siente que no le salen las cuentas cuando piensa en la elección por el ayuntamiento de la capital potosina.
“Divide y vencerás” le dijeron al PVEM y éste decidió fracturar el municipio, aislar una delegación que ya habían ganado virtualmente en 2021 e infectar al municipio con grilla y polarización.
La jugada sin embargo tuvo un costo procedimental y discursivo altísimo; para cumplir el sueño politiquero de que en Villa de Pozos se elija un alcalde del verde, el gobierno no solo manipuló las voluntades de los habitantes de la zona, sino que intervino la organización de dicho plebiscito, obligo de mala gana al OPLE para organizar su capricho, mal-vehiculó acarreados para votar en el ejercicio, desacredito a todo escéptico y con todo a cuestas… solo consiguió el 6.82 por ciento de la participación de la gente.
En Villa de Pozos ni siquiera fueron a votar las 31 mil personas que dieron su firma para activar el proceso de municipalización; en consecuencia, el plebiscito apresurado que promovió con bombo, platillo y orgullo el gobierno del estado y el CEEPAC (como comparsa) concluyó con una participación que ni a decepcionante llega.
El plebiscito ha sido el peor ejercicio de participación ciudadana de todo México en los últimos 15 años; déjeme repetirlo, lector: ¡el plebiscito de San Luis Potosí este 2023, ha sido el peor ejercicio de participación ciudadana de todo México en los últimos 15 años!
En tres lustros de mecanismos de participación ciudadana no se había visto un ejercicio tan oneroso y poco atractivo para los que, según sus promotores, serían beneficiados.
Astrolabio Diario Digital publica la mañana de hoy un trabajo donde se comparan los 11 plebiscitos que se han realizado en todo México durante el siglo actual y el de San Luis Potosí tuvo la más baja participación ciudadana de los últimos 15 años, fue el que recibió el presupuesto total más alto de todos y, con todo ello, se considera vinculante debido a los vicios de una ley permisiva y simplona.
Para muestra de la catástrofe un botón: en San Luis Potosí se realizó un plebiscito en el que podrían votar 669 mil 525 ciudadanos inscritos en la lista nominal, al final opinaron 45 mil 713 ciudadanos, lo que arrojó un porcentaje de participación ciudadana del 6.82 por ciento y, al final, tuvo un costo de 20 millones de pesos.
Los números de San Luis Potosí este año muestran su lamentablemente rendimiento cuando se comparan con el caso más parecido: Chihuahua 2019. Hace 4 años, en Chihuahua se realizó un plebiscito en el que podrían participar los 693 mil 626 inscritos en la lista nominal, al final votaron 62 mil 58 personas, por lo que se obtuvo un porcentaje de participación de 8.94 por ciento y solo se invirtieron 8.9 millones de pesos.
El plebiscito de Chihuahua costó menos de la mitad que el de San Luis Potosí, para un número parecido de votantes potenciales (de hecho, más) y aun así logró una mejor participación.
¿Qué falló? Sencillo: el plebiscito de Chihuahua sí fue democrático.
En el estado del norte se consultó por un problema de servicio públicos (luminarias) con implicaciones tan trascendentales como lo es la forma en que se sostendría dicho servicio. En el caso de San Luis Potosí se consultó un mero trámite administrativo que no estaba en la mente de nadie antes de que el gobernador decidiera que a todos debía importarnos su proyecto partidista personal para inflar el poder que ya ostenta.
En Chihuahua el plebiscito era para algo que le interesaba a toda la gente, aquí se consultó un mero tecnicismo por el cual se busca entregar más territorio al Verde Ecologista. Ahí estriba la diferencia entre un ejercicio democrático y una pantomima de interés privado financiada por recursos públicos.
El cariz antidemocrático del gobierno no termina ahí.
Este miércoles 29 de septiembre, como si el orden constitucional le estrobara y la voluntad de quienes lo votaron en el cargo no importara, el gobernador emitió su comentario más sincero desde que inició el sexenio:
“Yo voy a ver si me dan chance de ponerme en la boleta en el 2024. Ojalá que pueda, para que la gente decida si quiere que me quede o quiere que me vaya. Debe de haber revocación […] Si no se llega a hacer me voy sentir amarrado en el Palacio sin salir, cuando cada tres años yo salía a las calles, entonces a mí me encantaría nuevamente salir a hacer campaña a los 58 municipios, los mismos municipios que yo he andado caminando y voy a seguirlos caminando, con o sin campaña, pero ojalá me lo permita la ley e irnos a la revocación del 2024”.
Todos hemos visto los estrafalarios eventos, los ciudadanos acarreados a espectáculos de gobierno, las obras públicas que requieren música para ser inauguradas, los programas que necesitan de aplausos para ser activados… sí, nadie duda que los deseos y capacidades del gobernador se limiten mantener una campaña infinita. Nos queda claro.
Lo lamentable es la manera en que busca perpetuar su campaña y saciar su hambre de pueblo; el gobernador cree que un mecanismo tan complejo como una revocación de mandato puede activarse, justificado tan solo en sus ganas de gastar recursos difundiendo su imagen (como si su gobierno no lo hiciera lo suficiente).
El gobernador parece ignorar que la revocación, es un mecanismo de participación ciudadana directa el cual debe ser solicitado por la ciudadanía con el fin de concluir anticipadamente el encargo de un jefe del ejecutivo, por la pérdida de confianza en su trabajo.
No queremos decir aquí que la gente confíe mucho en el gobernador, de hecho, suponemos todo lo contrario, pero eso no significa que los críticos del gobierno quieran que Gallardo deje el palacio solo porque se le ocurrió hacer campaña (aunque mala idea no sea).
Quienes critican al gobierno, sí tienen algo que decir en contra, pero entienden por otro lado que se votó para tener a un gobernador por seis años, no tres, no dos, no cuando él quiera… ¡seis años! Ni más (Dios nos libre), ni menos (aunque no le importe).
El gobernador potosino parece haber contraído un virus antidemocrático de su superior Andrés Manuel López Obrador, quien para su cuarto año de gobierno movilizó la realización de una revocación de mandato solo para afianza el mito de que el pueblo lo quiere donde está.
Pese a todo repetimos: la revocación se hace cuando se pierde la confianza, no cuando el ejecutivo se le ocurre que sería conveniente para su imagen. Es un delicado y potencialmente desestabilizador proceso ciudadano por el cual se depone al presidente, porque su comportamiento ya no es tolerable para el orden y bien público. Gallardo no está muy lejos, pero si de verdad cree todo lo que dijo en su segundo informe, entonces no debería tener razones para pedir algo así.
Alguien en su equipo de comunicación, debería informarle que la revocación es un mecanismo para los ciudadanos, no para el área de marketing de palacio.
¿Quieren saber algo más?, ¡la revocación de mandato no es un mecanismo democrático!, en una democracia justa, con electores y detractores, al candidato elegido se le permite gobernar el periodo convencionalmente convenido en la constitución y, si lo hizo mal, su proyecto político se depone al no elegir, ni a su partido ni a sus candidatos en la siguiente elección… eso es verdadera rendición de cuentas, a través del voto.
Quitar a un gobernante solo porque a la mitad hizo algo mal, cuesta mucha estabilidad y da poca certeza de que se pueda hacer mejor; todas las naciones democráticas saben que es un mecanismo poco conveniente y si no me creen, solo hay que ver qué países en américa latina tiene revocación de mandato y la han activado: Venezuela, Bolivia y Ecuador.
No se duda que el gobierno de San Luis Potosí ya haya despegado como tanto alegan sus integrantes, solo queremos dejar en claro que tras despegar, dejaron atrás todo atisbo de apego al estado de derecho y las pocas características democráticas que hasta hace poco podían adjudicárseles.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
