Transparencia cara en los municipios: copias simples hasta a 96 pesos y digital hasta a 9 mil

Por Victoriano Martínez

Las tarifas para el acceso a documentos públicos por la vía de solicitudes de información, como cada año, presentan cuotas tan dispares que las copias simples pasan de ser gratuitas en sólo cuatro municipios a costar 96.22 pesos en los municipios de Villa de Ramos y Xilitla.

Un repaso a las leyes de ingresos de los 58 municipios del Estado revela además que en la entrega de la información por medios electrónicos la disparidad en las tarifas es tal, que en disco compacto 24 municipios contemplan la entrega gratuita, en tanto que el ayuntamiento de Cerritos establece tarifa para la digitalización de la información y un costo por el CD.

“Digitalización de documentos a partir de la foja 20 y por un lado entregada en dispositivo del solicitante: 3 UMA”, señala la Ley de Ingresos de Cerritos, lo que representa que el escaneo digital de cada página de un documento público cuesta 288.66 pesos.

“Entrega de información Electrónica en cd cuando el ente proporcione el cd se cobrará por cd: 5 UMA”, señala. Equivale a que el Ayuntamiento de Cerritos vende los discos compactos a 481.10 pesos.

Si la información digitalizada a tan alto costo la pretende obtener el solicitante en una memoria USB que le proporcione el Ayuntamiento de Cerritos, de acuerdo con su Ley de Ingresos, la tarifa que se aplica se describe como “entrega de Información Electrónica en USB cuando el ente proporcione la USB: 100 UMA”. La memoria USB cuesta 9 mil 622 pesos.

En el caso de las copias certificadas, en las leyes de ingresos de los 58 ayuntamientos se detectaron 19 tarifas distintas que van, por foja, de los 10.58 pesos en Guadalcázar a los mil 357.08 en Cerritos. En Villa Juárez, el segundo ayuntamiento que más caras las cobra, la tarifa es de mil 303.78 pesos.

En diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del cobro por las copias simples en 51 de los 58 municipios del Estado establecido en sus leyes de ingresos de ese año e incluso estableció que quienes hayan pagado por la reproducción documentos públicos tras una solicitud de información podrán pedir la devolución de su dinero.

Desde entonces, la SCJN estableció la obligación de homologar el costo de las copias simples por transparencia en un peso, pero cada año el Congreso del Estado omite la verificación y se cuelan algunos ayuntamientos con tarifas que inhiben el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

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