Fernanda Durán
Un grupo de permisionarios, empresarios y representantes del transporte urbano de la zona metropolitana de San Luis Potosí presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para destinar 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos del presupuesto estatal de 2027 a la renovación de camiones, cobertura de déficits operativos, recuperación de pérdidas acumuladas durante la pandemia y un margen de utilidad del 15 por ciento para los prestadores del servicio.
La propuesta, fechada el 1 de octubre y recibida este 23, está suscrita por Margarito Terán López, dirigente de los transportistas del servicio urbano; Marco Antonio Uraga Rodríguez, dirigente de la empresa Central 2000 (Línea Morales); y José Refugio Sánchez Quintero, directivo de Línea Guadalupe Siglo XXI. También la firman Alfredo Salazar Martínez, J. Jesús Mendoza Bustos, Domingo Saucedo Loredo, Simón Méndez Arriaga, Laura Leticia Reyes Mora, Adrián Torres Nieves y José Cisneros Loredo, permisionarios del transporte urbano de la zona metropolitana.
La iniciativa plantea crear el Programa para el Fortalecimiento y Apoyo al Usuario del Transporte Público en el Área Metropolitana de San Luis Potosí, bajo el argumento de mejorar las condiciones del servicio y proteger la economía de sus usuarios. Aunque los promoventes señalan que no buscan establecer un subsidio directo e incondicionado a los concesionarios, su proyección financiera incluye recursos para compensar pérdidas y garantizar rentabilidad.
Del monto solicitado, 2 mil 304 millones de pesos se destinarían a sustituir 768 unidades, con un costo estimado de 3 millones de pesos por camión.
El resto se distribuiría en tres conceptos: 45.9 millones para cubrir el déficit de operación, 173.4 millones correspondientes a un margen de utilidad del 15 por ciento y 274.5 millones para amortizar pérdidas acumuladas durante la pandemia de COVID-19.
Para justificar estos recursos, los promoventes calcularon que cada camión transporta diariamente un promedio de 308 pasajeros, genera ingresos por 3 mil 960.60 pesos y registra gastos operativos de 4 mil 123.84 pesos, lo que representaría una pérdida de 163.24 pesos diarios por unidad.
Sin embargo, además de compensar ese déficit, la propuesta incorpora una utilidad estimada de 618.58 pesos diarios por camión. Las cifras corresponden a estimaciones de los solicitantes y no a una evaluación financiera independiente.
El programa también contempla capacitación de operadores, sistemas tecnológicos de prepago, dispositivos de seguridad, accesibilidad para personas con discapacidad, mantenimiento y fortalecimiento de rutas.
La iniciativa se presenta después de que la tarifa general del transporte urbano aumentara de 12.50 a 13.50 pesos en enero de 2026, mientras que el prepago pasó de 11.50 a 12.50 pesos y la tarifa preferencial de 5.50 a 6.75 pesos.
El incremento generó cuestionamientos de organizaciones civiles, estudiantes y legisladores por superar la inflación anual, mientras persisten denuncias sobre unidades que exceden los diez años de antigüedad permitidos por la ley y deficiencias en las frecuencias del servicio.
A inicios de año, Margarito Terán informó que de aproximadamente mil 200 camiones autorizados únicamente operan 800, además de existir un déficit del 40 por ciento de conductores, al que atribuyó parte de los retrasos en las rutas.
También señaló que los concesionarios enfrentan dificultades para renovar unidades debido al encarecimiento del diésel y a la falta de capacidad financiera para acceder a créditos. Ante ello, planteó la necesidad de establecer subsidios gubernamentales para cubrir la diferencia entre los costos de operación y lo que pueden pagar los usuarios.
Los promoventes identifican como población beneficiaria a los usuarios del sistema de prepago, que, según el documento, suman 389 mil 638 personas, entre ellas 334 mil 610 estudiantes, 49 mil 932 adultos mayores, 2 mil 375 personas con discapacidad, mil 85 jubilados y mil 636 usuarios generales.
Aunque la propuesta contempla apoyos focalizados para mantener tarifas socialmente accesibles, no establece una reducción concreta del pasaje vigente de 13.50 pesos ni condiciona expresamente la asignación de recursos a una disminución de su costo.
El proyecto plantea que el presupuesto sea administrado por las dependencias estatales competentes, mediante reglas de operación, mecanismos de supervisión y metas verificables. Asimismo, señala que los apoyos no deberán constituir transferencias generales, permanentes o incondicionadas.
