Desiree Madrid
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona planteó la posibilidad de derogar la llamada Ley Serrano, la reforma al Código Penal del Estado que sanciona el “uso indebido” de inteligencia artificial y que ha sido señalada por periodistas, organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como una herramienta que puede afectar la libertad de expresión.
“Yo estoy de acuerdo en que se debe de revisar esa ley. Muy seguramente la derogaremos, muy seguramente convocaremos a todos los medios de comunicación a que nos ayuden a hacer una ley, porque se tiene que hacer y se tiene que regular”, afirmó.
El mandatario sostuvo que cualquier nueva legislación debe construirse en conjunto con periodistas y medios de comunicación, y no únicamente desde el Congreso del Estado.
“Es un tema que creo que debe de seguirse platicando y haciendo en conjunto con todos los medios de comunicación”, expresó.
Adelantó que buscará instalar mesas de trabajo con representantes de medios de las cuatro regiones del estado para recoger propuestas e inquietudes que sirvan de base para una nueva iniciativa.
Aunque habló de derogar la norma vigente, Gallardo defendió que el problema principal no es la inteligencia artificial, sino la existencia de portales que, según dijo, reproducen contenidos periodísticos sin acreditar su origen.
“Ustedes ahorita aquí están aguantando el calor, están haciendo una entrevista y en un ratito más van a ver muchos portalitos con sus notas de ustedes, con sus tomas de ustedes, nada más cambiándoles los encabezados. Entonces eso es lo que tenemos que regular”, comentó.
Sobre el uso de la inteligencia artificial, consideró que aún no existe suficiente conocimiento para establecer una regulación específica como la que actualmente contempla la legislación estatal.
“La verdad que yo iría más con eso, iría por una regulación con tanto medio fake, con tanta página falsa y más que la IA. La IA yo creo que nos puede esperar hasta que la conozcamos más. Ni siquiera terminamos de conocer la IA”, señaló.
Gallardo también rechazó que durante su administración haya existido una relación de confrontación con la prensa potosina.
“No, eso nunca lo hemos hecho. Yo en lo personal al contrario. He tenido mucha comunicación con los periodistas”, afirmó, pese a que organizaciones defensoras de la libertad de expresión han documentado detenciones de periodistas y denuncias promovidas por funcionarios estatales con base en esa legislación.
Al explicar el enfoque que, a su juicio, debería tener una nueva ley, el gobernador insistió en que la regulación tendría que centrarse en identificar a los responsables de los contenidos difundidos en plataformas digitales y garantizar el derecho de réplica.
“Hay que ponerles nombre y cara. Nombre y cara, y firmar las cosas que hacemos. Hay que hacernos responsables porque ”, dijo.
Añadió que “la persona a la que señalas, pues dónde le das oportunidad de que pueda tener una réplica”.
Cuando uno de los periodistas planteó la posibilidad de “desaparecer” esos portales, Gallardo respondió que una eventual regulación no estaría dirigida contra los medios de comunicación establecidos, sino contra los sitios que calificó como falsos.
“Desaparecerlos con la ley. Acabarnos porque no son medios. No vas a desaparecer un medio. Vas a desaparecer un portal fake. Claro, tiene que haber un registro de los medios. ¿Quién firma? ¿Quién los tiene? ¿Si tienen contratos, convenios?”, expresó. “Todo se tiene que regular. Sin embargo, tenemos que defender la libre expresión y lo vamos a hacer”.
Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por la Ley que regula la IA desde su aprobación en noviembre de 2025, iniciativa impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, del PVEM, luego de que el propio Gallardo atribuyera al uso de inteligencia artificial dos videos en los que presuntos integrantes de grupos criminales lo vinculaban con la delincuencia organizada.
La norma permanece bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
