Por Victoriano Martínez
La aprobación del Cabildo a la solicitud del alcalde Enrique Galindo Ceballos para comprar los terrenos en los que se construyó un puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero está entre ser un intento de salida digna y un acto desesperado por insistir en el verdadero objetivo por el que ahora todo indica que las presiones se concentrarán en los juzgados federales.
Los 27 diputados ya antepusieron la politiquería a la legalidad el 18 de diciembre de 2021. Galindo Ceballos ya cedió a la politiquería con la firma de un contrato de promesa de pago de 12 millones de pesos a los ejidatarios de Rancho Viejo-La Libertad no sólo en la opacidad sino también burdamente de la manera más desaseada.
Dos instancias que no tuvieron el más mínimo prurito de ajustarse a la legalidad, y mucho menos al interés público, a las que este miércoles se sumó la mayoría de los integrantes del Cabildo que, de no ser por la revelación y los señalamientos públicos de las irregularidades y hasta delitos en los que podrían incurrir, no habrían incluido la condicionante de esperar a la resolución de la juez.
Una autorización que, a pesar de su condicionante, exhibió su disposición a sumarse a las intenciones politiqueras contrarias a la representación ciudadana que tienen y que, como intento de salida digna al lío en el que los metió el alcalde, tiene más características de intento desesperado por no hacer quedar mal a Galindo Ceballos.
De entrada, los integrantes del Cabildo se anticiparon para tratar de no hacer quedar mal a Galindo Ceballos con los ejidatarios con quienes firmó el Contrato de Promesa de Compraventa el pasado 20 de julio, en el que se comprometió a tener la autorización del cuerpo edilicio en un plazo de 30 días.
Un día antes de que se venciera ese plazo, el 18 de agosto, el alcalde firmó un adendum al Contrato (página 15) para que los ejidatarios le extendieron el plazo por 30 días naturales más para obtener la autorización del Cabildo. Quizá esa haya sido la presión de los ejidatarios de la que habló el alcalde.
Un descuido que deja ver el desaseo con que la autoridad municipal ha manejado el tema. De entrada, Galindo Ceballos se compromete a la compra de un terreno cuya propiedad se encuentra en litigio pero, además, pacta un precio de 12 millones de pesos 18 días antes de que se hiciera el avalúo.
¿Tiene el alcalde facultad para comprometer los recursos públicos municipales a ciegas? ¿Puede comprometer los recursos públicos sin antes avisar al Cabildo? Galindo Ceballos y los ejidatarios no sólo ningunearon al Juzgado Octavo de Distrito, sino que dispusieron de y anticiparon la voluntad del Cabildo que con su determinación de este jueves acreditó su sumisión.
Argumentar un resarcimiento a derechos humanos de los ejidatarios, como lo hizo el alcalde para justificar la decisión en la que embaucó al Cabildo, tuvo una doble intención: (1) hacer creer a quienes aprobaron su solicitud que tomaron una decisión justiciera y (2) erigirse como el gran corrector de agravios cometidos durante la anterior administración.
Mencionó como ejemplo de esos resarcimientos de violaciones a derechos humanos la disculpa pública que ofreció el 25 de noviembre a las deportistas de alto rendimiento que fueron abusadas sexualmente por el anterior director de Deportes municipal.
“Ustedes dieron cuenta de la disculpa pública que di a las deportistas, ellas presentes, es uno de los ejercicios me parece más nobles de este gobierno, primero reconocer que se les violaron derechos humanos y segundo disculparse, es una disculpa institucional”, aseguró Galindo Ceballos al ser entrevistado (minuto 4:31).
A poco más de nueve meses de aquel acto, que a la distancia resultó una grotesca y nada noble simulación, es buen momento para que Galindo Ceballos informe y acredite –si es que puede– que la disculpa pública no fue un acto de hipocresía, y cumplió cabalmente con la reparación del daño y los compromisos hechos con las deportistas.
Si lo hubiera hecho, ellas no habrían tenido que emigrar para proteger su integridad y rehacer sus vidas porque su disculpa sin las medidas para reparar el daño careció de valor y peor cuando todavía a nueve meses de ese agravio adicional a las deportistas, lo presume como un acto de nobleza. ¿Así, o más hipócrita?
Una actitud embaucadora y engaña bobos del alcalde que resulta inexplicable si cuenta con la asesoría de la Sindicatura y la dirección de Asuntos Jurídicos. Quizá sea porque tiene más oídos para la asesoría de José Mario de la Garza Marroquín, a cuyo elevado costo económico se suman una serie de efectos absurdos derivados del condicionamiento impuesto por el Cabildo. Un ejemplo:
Si la aprobación condicionada de la compra cumple a medias y con prórroga el punto 1 de la cláusula cuarta del Contrato, también marca el inicio de plazo que los ejidatarios deber cumplir sobre el punto dos: que la asamblea ejidal cambie a uso parcelario el terreno, lo asigne a ejidatarios y les otorgue dominio pleno, lo reporten al Registro Agrario Nacional (RAN) y entonces puedan venderlo.
Un proceso que necesariamente requiere partir de la certeza de que los terrenos son parte del Ejido, lo que tendría que acreditar el RAN y reconocer la Procuraduría Agraria para avalar las asambleas.
De tratarse de acreditaciones que también estén sujetas a la determinación del Juzgado Octavo de Distrito, que es la condicionante puesta por el Cabildo en la aprobación de la compra, los ejidatarios podrían quedar imposibilitados para iniciar ese trámite si se resuelve que no son tierras ejidales, o lo podrían iniciar hasta después de la resolución que les reconociera la propiedad.
“El Ejido acepta que en caso de no cumplir con sus obligaciones aquí establecidas dentro de los plazos señalados para ello, pagará una pena convencional de $50,000.00 (…) por cada día de retraso a El Ayuntamiento, contados a partir de las fechas límites para el cumplimiento de sus obligaciones y hasta que las cumpla en su totalidad, por lo que, El Ejido autoriza expresamente a El Ayuntamiento que descuente y compense dichas cantidades de cualquier cantidad que El Ayuntamiento le adeude por el precio de El Terreno”, señala el último párrafo de la cláusula Cuarta.
El plazo límite es el 31 de diciembre. Limitados por la determinación del Juzgado, cuya resolución podría tardar más de los cuatro meses para que se les acabe el plazo a los ejidatarios y, en caso de que les reconociera la propiedad, a partir del 1 de enero de 2023 comenzarían a descontarse del pago de los 12 millones de pesos, 50 mil pesos por día.
Una situación que coloca a los ejidatarios en una condición, si se les reconoce la propiedad, de perderla sin recibir un solo peso si el procedimiento no se resuelve antes del 19 de agosto de 2023. Peor aún, si la pena convencional se extendiera más allá de esa fecha, podría interpretarse que tendrían que pagar 50 mil pesos por cada día adicional y entregar el terreno.
Los actores hasta ahora involucrados en este lío ya exhibieron su compromiso con los intereses politiqueros y, si por ellos fuera, el Ayuntamiento ya estaría en vías de perder 12 millones de pesos sin la certeza de haberlos aplicados correctamente.
Hoy la ruta que siga este culebrón politiquero depende de lo que decida el Juzgado Octavo de Distrito, con el efecto de rebote que pudiera tener la determinación del Juzgado Tercero de Distrito en los amparos promovidos por los exfuncionarios inhabilitados por el Congreso del Estado. ¿Cederán a la presión politiquera?
