Por Victoriano Martínez

Cuando la serie Con todo gusto, Señor Gobernador, sobre el sometimiento del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, protagonizada por diputados tan previsibles, se comienza a volver repetitiva y lineal, aparece en la escena una trama de sumisión del dominante a una fuerza que aparentemente lo supera: la complicidad que por seis años ha tenido Juan Manuel Carreras López con la gallardía.

Por cinco años y ocho meses, la bandera de la lucha contra la corrupción que enarboló Carreras López se le ha raído de tal manera, que todavía no cumplía un año como gobernador cuando se dieron las primeras señales de su encubrimiento a los Gallardo.

La noche del 23 de agosto de 2016, en la Casa de Gobierno, a tres agrupaciones civiles que le presentaron varios casos de fechorías de los Gallardo les confesó Carreras López que tenían conocimiento de esos ilícitos y muchos más, y pretextó la falta de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para poder actuar.

Esa noche, en su encubrimiento por la vía de fallar a su protesta de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes estrenaba la bandera de la lucha anticorrupción como pretexto para hacer lo contrario, al mismo tiempo que anunciaba en qué consistiría el Sistema Estatal Anticorrupción: la mayor simulación del sexenio.

Como autoridad que tiene información sobre la comisión de delitos, Carreras López incurrió en responsabilidades por el incumplimiento de parte de las funciones para las que fue electo, con beneficiarios claramente identificados, cuyas actividades ilícitas –ante la impunidad garantizada– han tenido campo abierto desde entonces.

Tan visibles y cínicas resultaron las irregularidades de la gallardía, que al menos dos casos fueron ampliamente documentados y generaron denuncias ciudadanas ante la Fiscalía General del Estado, cuya supuesta autonomía, gracias al simulador SEA, le resultó a Carreras López en un pretexto más para prolongar su encubrimiento a los Gallardo.

El caso Sandra Sánchez Ruiz –hoy cínicamente declarado falso por Ricardo Gallardo Cardona– le llevó un año al fiscal autónomo Federico Garza Herrera para darse cuenta de que no era de su competencia y remitirlo a la Fiscalía General de la República (FGR), donde cada día que pasa sin resultados se asumen como la prolongación de la protección a la gallardía.

La dupla Carreras López-Garza Herrera le aplicó una estrategia de mayor dilación al caso del enriquecimiento ilícito con la compra desproporcionada de propiedades que difícilmente los Gallardo pueden justificar con sus ingresos, y lo entretuvo por casi tres años antes de remitirlo a la FGR.

Primero, la dupla Carreras López-Garza Herrera jugaron a los desentendidos y dilataron la aportación de las escrituras de las propiedades por parte del Instituto Catastral como pruebas. El fiscal carnal evitó molestar a los Gallardo con citatorios que nunca se les notificaban, además de dejar pasa meses sin actuaciones dentro de la carpeta de investigación.

Fue en este caso –el de los más de tres millones de metros cuadrados de corrupción– en el que, a partir de 2019, la gallardía se decidió a intervenir: Silvia Torres Sánchez apareció como su abogada defensora y, lejos de desvirtuar las acusaciones, promovió que se desconociera el interés jurídico del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) y los 443 firmantes para presentar la denuncia.

Tras la confesión en privado a integrantes del FCA por parte de algunos funcionarios de la FGEde las fuertes e intimidantes presiones de los Gallardo, los denunciantes fueron notificados del acuerdo –prácticamente dictado por Torres Sánchez– mediante el que les retiraron su personalidad en la denuncia.

Aunque el FCA se vio obligado a iniciar un juicio de amparo que, al salir a su favor, la FGE fue presionada nuevamente para recurrir a su revisión, en un  litigio que escalaba en las instancias judiciales federales, pero que no concluyó porque el 10 de diciembre remitieron el expediente a la FGR.

El encubrimiento, la complicidad y la sumisión de Carreras López a la gallardía ha logrado más de cinco años de impunidad para ese clan. Un encubrimiento en el que todos los partidos, todos los diputados y demás instancias que pudieron exigir la aplicación de la ley, y no lo hicieron, participaron con un silencio cómplice.

La convenenciera y ridícula forma en que panistas, priístas y perredistas rompieron ese silencio el martes para advertir del peligro que representa Ricardo Gallardo Cardona tiene hoy, en la sesión del Congreso del Estado, su prueba de autenticidad: están obligados a impedir el nombramiento de Silvia Torres Sánchez, la defensora de los Gallardo, como magistrada del Poder Judicial.

Avalar ese nombramiento equivale a asignarle a los Gallardo una magistrada defensora y coronar seis años de simulación de una lucha anticorrupción con una ofrenda que le garantiza impunidad a la gallardía desde el máximo tribunal de justicia del Estado.

¿Tan grande es la deuda de Carreras López con los Gallardo? ¿Tan sumisos son los diputados que podrían ser capaces de votar contra el sentido de la advertencia de sus partidos sobre el peligro que representa Gallardo Cardona? ¿Sumisos hasta esa aberrante y pervertida complicidad? Hoy lo veremos.