Fernanda Durán
Con 15 votos en contra de legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza y el PRI, y ocho votos a favor de Morena y PAN, el Congreso del Estado rechazó un punto de acuerdo que buscaba exhortar a los municipios, organismos operadores de agua y a la Comisión Estatal del Agua (CEA) a integrar y poner en funcionamiento los consejos consultivos previstos en la Ley de Aguas del Estado, órganos de participación ciudadana cuya creación ya está contemplada en la legislación vigente.
La propuesta, promovida por la diputada de Morena, Nancy Jeanine García Martínez, y aprobada previamente por la Comisión del Agua el pasado 14 de mayo, no planteaba modificaciones legales ni nuevas obligaciones para las autoridades. Su objetivo era únicamente recordar y exhortar a los municipios, organismos operadores y a la CEA a cumplir disposiciones que ya se encuentran establecidas en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.
De acuerdo con el dictamen, el exhorto estaba dirigido a las direcciones municipales de agua, organismos operadores descentralizados y a la CEA, para que integraran los consejos consultivos con representación de usuarios, sectores social y privado, y promovieran mecanismos de participación ciudadana en la gestión del agua.
La propia Ley de Aguas establece que estos consejos deben servir como órganos de consulta y participación social para formular observaciones, recomendaciones y propuestas orientadas a mejorar el funcionamiento de los organismos operadores.
Tras la votación, García Martínez cuestionó el rechazo de la mayoría legislativa al considerar que el exhorto únicamente recordaba el cumplimiento de una obligación vigente.
“Me parece una total falta de voluntad política, además de algo muy evidente, porque el estar en contra de algo que ya establece la ley y que no se cumpla, pues me parece grave y contradictorio a otros discursos”.
La legisladora explicó que el artículo 103 de la Ley de Aguas contempla la participación de usuarios, academia, sector privado y sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con la gestión hídrica. El exhorto también pedía a la CEA brindar acompañamiento, asesoría y seguimiento para la integración de estos órganos.
Según el dictamen, los consejos consultivos forman parte del modelo de gobernanza previsto en la legislación estatal y tienen como objetivo fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social en la administración del recurso hídrico.
García Martínez señaló que, tras el rechazo en el Pleno, el asunto tampoco regresará a comisiones para una nueva revisión.
“No, porque se volvió a votar si el dictamen se regresaba a comisión y se volvió a votar de la misma manera, entonces quedaron los mismos votos en contra, que por mayoría ya no regresan ni siquiera a comisión”.
La diputada sostuvo que el exhorto buscaba recordar a los municipios y organismos operadores una disposición que incluso ya cuenta con sustento legal y fue reforzada mediante reformas publicadas en 2025 para los ayuntamientos que prestan de manera directa los servicios de agua potable.
“Esto meramente fue un punto de acuerdo para recordarles que apliquen lo que ya establece la ley. No era un dictamen de una iniciativa, una reforma nueva, simplemente el recordatorio de que está esto en los artículos de la ley de aguas, pues aplíquenlo”.
El rechazo del exhorto ocurre pese a que el propio dictamen aprobado por la Comisión del Agua concluyó que la propuesta contaba con fundamentación legal suficiente y que la integración de consejos consultivos constituye un mecanismo para incorporar a usuarios, academia, organizaciones sociales y sector privado en la identificación, así como atención de los problemas relacionados con el suministro de agua.
La votación final dejó una mayoría de 15 legisladores en contra frente a ocho a favor, lo que impidió que el Congreso emitiera el exhorto a las autoridades encargadas de prestar y regular los servicios de agua en el estado.
Destacó el caso de la diputada suplente del PVEM, Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, quien durante el análisis en comisiones votó a favor del dictamen; sin embargo, en la sesión plenaria se sumó a los votos en contra que terminaron por desechar la propuesta.
