Fernanda Durán
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ya inició una investigación sobre la contratación por honorarios de Carlos Enrique Dahud Uresti en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, aun cuando el Congreso del Estado todavía no le ha dado vista formal sobre el caso.
Rodrigo Lecourtois López, titular del organismo fiscalizador, señaló que el caso amerita una revisión porque la compatibilidad entre la dirigencia partidista de Dahud y la prestación de servicios profesionales al municipio genera dudas que deben aclararse con documentación, sin que ello implique adelantar una conclusión sobre la existencia de una irregularidad.
El pronunciamiento se produce un día después de que el presidente de la Directiva y de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Luis Fernando Gámez Macías, anunciara que acudiría al IFSE para solicitar una auditoría especial a la nómina y contrataciones del Ayuntamiento capitalino, a raíz de los cuestionamientos por los pagos realizados a Dahud, quien actualmente encabeza en funciones al Comité Directivo Estatal del PAN.
Lecourtois explicó que la revisión deberá determinar de dónde provienen los recursos utilizados para pagar el contrato y comprobar qué servicios fueron efectivamente prestados. En caso de tratarse de recursos federales, dijo, el IFSE podría recurrir a los convenios existentes y dar vista a la Auditoría Superior de la Federación si esa instancia resultara competente.
El auditor insistió en que la existencia de un contrato de honorarios no representa por sí misma una irregularidad, pero sostuvo que el uso de esta figura debe estar respaldado por elementos que acrediten la necesidad del servicio y los resultados obtenidos.
“Porque en este caso vemos un contrato cercano a los 30 mil pesos pero por qué no 10 o por qué no 100, cómo se justifica, qué documentación comprobatoria nos van a entregar para justificar esa entrega de recurso público”, cuestionó.
También sostuvo que el problema no se limita al Ayuntamiento de la capital y afirmó que distintas instituciones públicas “han hecho un uso abusivo de esta figura” de esquemas de contratación por prestación de servicios profesionales.
“Muchas veces se trata de simular una relación laboral a través de un contrato civil de honorarios lo cual es indebido, sin embargo, no afecta tanto al erario público. Sin embargo la contratación simulada de personas que realmente no están ejerciendo función alguna dentro de un ayuntamiento, una dependencia ahí si hay un fraude al erario y un fraude a la ley”.
Lecourtois señaló que el organismo no esperará a recibir una denuncia o solicitud formal del Congreso para revisar el caso, pues consideró que las publicaciones periodísticas también pueden funcionar como señales de alerta para la fiscalización.
El titular del IFSE fue cuestionado sobre las acusaciones realizadas por el alcalde Enrique Galindo Ceballos contra Gámez, a quien señaló de aparecer todavía en registros de transparencia de la Secretaría General de Gobierno con una percepción cercana a los 32 mil pesos, por lo que Lecourtois informó que ese asunto ya había sido revisado semanas antes.
“Esta parte también se investigó ya, hace tres semanas salió una nota que nos puso también señales de alerta, se preguntó a la Secretaría de Gobierno”.
Explicó que Gámez se desempeñó hasta febrero de 2024 como procurador urbano del Estado, dependencia entonces sectorizada a la Secretaría General de Gobierno, y que los documentos revisados por el IFSE muestran que posteriormente dejó de aparecer en la nómina.
“Ya a partir de marzo ya no aparece él cobrando nada de dinero respecto de ese cargo que él ocupaba antes de salir a campaña”.
De acuerdo con Lecourtois, el hecho de que su nombre continuara apareciendo posteriormente en información pública obedecería a un problema de transparencia y no a un pago irregular.
En medio del enfrentamiento público entre Gámez y Galindo, el auditor también sostuvo que el IFSE buscará mantenerse al margen de las disputas partidistas y actuar únicamente con criterios técnicos.
“Nosotros somos un órgano técnico, profesional, que pues no vamos a permitir que se utilice para temas políticos, sobre todo en esta época de campaña”.
No obstante, advirtió que el instituto reforzará la vigilancia sobre ayuntamientos, dependencias y organismos públicos ante la proximidad del proceso electoral, particularmente por posibles casos de uso indebido de recursos, promoción personalizada o gasto público con fines políticos.
