Fernanda Durán
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) investigará los contratos y pagos realizados durante la primera administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos por el servicio de pipas de agua, luego de recibir una denuncia ciudadana que señala presuntos sobreprecios, desvío de recursos, posibles responsabilidades de servidores públicos y conflicto de intereses relacionados con la empresa Grupo Saserro.
Los señalamientos sobre las contrataciones habían sido expuestos meses atrás por la organización Ciudadanos Observando, pero ahora llegaron formalmente a instancias fiscalizadoras y de procuración de justicia. La denuncia dirigida al IFSE fue recibida el 5 de octubre y solicita revisar contratos, pagos y adeudos; además, se presentó otro escrito ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
Uno de los principales señalamientos se refiere a la diferencia entre los recursos destinados al servicio antes y después de que Saserro asumiera la distribución de agua mediante pipas.
De acuerdo con la denuncia, entre octubre de 2021 y agosto de 2022 el servicio fue proporcionado por Leticia Medina Pineda, a quien se atribuyen pagos por 19 millones de pesos durante aproximadamente diez meses, además de un supuesto adeudo pendiente por 784 mil pesos.
Posteriormente, señala el documento, el servicio fue asumido por Grupo Saserro, empresa a la que la persona denunciante atribuye alrededor de 260 millones de pesos pagados durante 24 meses. La denuncia pide investigar la diferencia entre ambos esquemas y determinar si los montos posteriores tuvieron una justificación técnica y de mercado.
También cuestiona que inicialmente las pipas habrían sido contratadas por día, mientras que posteriormente se habría utilizado un esquema de cobro por volumen de agua distribuida. Entre los señalamientos incluidos en el escrito se encuentran incluso presuntos cobros correspondientes a viajes que, según la persona denunciante, no se habrían realizado, situación que deberá ser comprobada por las autoridades fiscalizadoras.
Otro punto que se pide investigar es un posible conflicto de intereses derivado de los vínculos familiares atribuidos a personas relacionadas con Grupo Saserro.
La denuncia identifica a Santiago Rosillo del Pozo como una de las personas vinculadas con la empresa y señala su relación familiar con Daniela de los Santos Pizzuto, nieta del exgobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga.
“Sustituida por la empresa SASERRO (propiedad del C. Santiago Rosillo del Pozo, casado con nieta del exgobernador Marcelo de los Santos Fraga e hija de Marcelo de los Santos Anaya precandidato a la alcaldía de sip, ( Daniela Santos Pizuto ), a esta empresa se le pagaron $260,000,000.00 en 24 meses, en montos mensuales notoriamente superiores sin justificación de mercado. (Esta información es publica dado que yo la obtuve de una plataforma de inteligencia artificial) Comparado con el anterior servicio la única diferencia es que unas pipas se contrataron por dia sin limite de tiempo y el segundo contrato lo hicieron por volumen que solo ellos pueden justificar con vueltas inexistentes”.
El caso había sido dado a conocer meses atrás por Ciudadanos Observando, que denunció un posible daño patrimonial superior a 84 millones de pesos derivado de los contratos celebrados para atender la distribución de agua durante la crisis hídrica que enfrentó la capital potosina.
La organización señaló entonces presuntos sobreprecios de hasta 32 por ciento, deficiencias en la supervisión del servicio y posibles irregularidades en el cobro del agua transportada. Entre sus cuestionamientos sostuvo que Saserro no habría pagado al organismo operador por el agua que posteriormente distribuía mediante las pipas, pese a que ese costo habría sido considerado dentro de los precios cobrados por el servicio.
Con la presentación formal de la denuncia, estos señalamientos serán revisados por el organismo fiscalizador. Su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, confirmó que el IFSE recibió el documento y explicó que, al tratarse de una denuncia ciudadana, tendrá una atención específica dentro de sus trabajos de auditoría.
“Se va a atender de forma especial toda vez que se trata de una denuncia. Sin embargo, forma parte de nuestras auditorías”.
De esta manera, el IFSE deberá revisar el ejercicio de los recursos públicos involucrados y determinar si las contrataciones y pagos realizados por el servicio se ajustaron a la normatividad.
Aunque durante la entrevista Lecourtois también se refirió de manera general a la obligación de impedir que recursos públicos sean utilizados para promoción personalizada o fines electorales, el núcleo de la denuncia presentada ante el Instituto se encuentra en la solicitud de fiscalización de los contratos, pagos y adeudos por el servicio de pipas.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, confirmó que ya conocían la denuncia recibida por el IFSE y adelantó que cuestionarían directamente al auditor sobre su atención.
El legislador del PVEM, quien anteriormente había llevado a tribuna señalamientos relacionados con estos contratos, consideró que las nuevas acusaciones ameritan revisar si existen intereses económicos detrás de la permanencia del modelo de abastecimiento mediante pipas.
“Es inadmisible primero que haya, pues, la distribución del vital líquido por pipas. Y segundo, bueno, pues vemos tristemente que quizás el motivo por el cual el Interapas y el Ayuntamiento se niegan a eliminar el tema de las pipas y a enviar el agua por redes es porque hay beneficios económicos”.
Gámez señaló directamente que en la denuncia se advierte un beneficio para Saserro y recordó que previamente había cuestionado el tema desde la tribuna del Congreso.
El legislador agregó que, ante el inicio del proceso electoral, exigirán que los recursos públicos involucrados en estos servicios no sean destinados a favorecer aspiraciones políticas.
