Por Victoriano Martínez

“Noveno.- Se aprueba la eliminación del servicio de desayunos para Diputados durante las sesiones del pleno del Congreso.

“Instrúyase para su registro bajo acuerdo número JPC/LXII/042/2018”.

Con esa formalidad, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, a 54 días de haber asumido el cargo todavía tenían la euforia de ser los renovadores de la forma de ejercer el presupuesto público.

Un desplante que, más que austeridad, los ubicaría como empleados públicos responsables que, al igual que cualquier trabajador, se presentarían a laborar tras hacerse cargo de su propia alimentación o, en su defecto, acudirían con su propio lonche.

Si lo hacen los trabajadores que ganan un salario mínimo, para los diputados no sería ningún problema porque ganan casi 33 veces más… y no comen 33 veces más.

Este martes, Mauricio Ramírez Konishi, líder de la bancada del PRI y secretario de la Junta de Coordinación Política reveló que ese acuerdo que eliminó el servicio de desayunos nunca se cumplió.

Y todo porque a la larga lista de incapacidades de los diputados se puede agregar no son capaces de salir de sus casas tras haber tomado un desayuno o, en su defecto, con un lonchesito –sea preparado por ellos mismos o comprado en el camino con sus 104 mil 500 pesos de salario neto.

Claro, son diputados y se lo pueden cargar al erario.

La euforia renovadora sólo quedó en un desplante registrado en el acta número 10 de la JUCOPO, y su falta de capacidad (otra más) para cumplir sus propias determinaciones la registraron en el acta número 38 de ese mismo cuerpo colegiado.

“SEGUNDO: También, los Diputados presentes en la sesión, con el voto ponderado del 100.00% de los partidos representados, ponderan la cancelación del acuerdo número JCP/LXII/042/2018, llegando por unanimidad al siguiente ACUERDO: Se autoriza la cancelación del acuerdo número JCP/LXII/042/2018, tomado el día ocho de noviembre del año dos mil dieciocho.

“Instrúyase para su registro bajo el número de acuerdo JPC/LXII/174/2019”.

Ramírez Konishi menosprecia que se cuestione esa situación porque “hay temas más relevantes”.

Tal vez que sean incapaces de auto alimentarse sea un problema personal y privado que a nadie debe incumbir, pero que desvíen recursos públicos para que se los resuelvan refleja una actitud para el manejo de fondos que no les pertenecen.

Son integrantes de la asamblea que aprueba determinaciones que son de obligatorio cumplimiento para todos, y el caso muestra su incapacidad para atender disposiciones que ellos mismos aprueban y, lo peor, antes que ajustarse a su determinación cambian el acuerdo para ajustarlo a su negligencia.

¿Por cuántas otras cosas desvían recursos para resolver cuestiones personales? Gastar en algo cancelado –es decir, no aprobado– es desvío de recursos.

¿Cuántas otras determinaciones más relevantes ajustan a intereses más relevantes si son capaces de hacerlo en una cuestión que podría parecer nimia?

No es el tamaño de la falta, es la actitud que, si está presenta a ese nivel para obtener un beneficio personal tan insignificante y de dar pena, ¿cómo afecta en los asuntos de mayor cuantía y los de mayor trascendencia?