Por Victoriano Martínez
Otro asalto este fin de semana en el que la víctima terminó muerta.
Ocurrió por la madrugada del sábado 27 de octubre en el Fraccionamiento Arboleadas de Jacarandas.
En esta ocasión la víctima fue un enfermero que trabajaba en la Clínica de Cuauhtémoc del IMSS.
Diez días antes, el 17 de octubre, la asaltada y muerta fue una dentista en la colonia Juan Pablo.
Entonces la indignación alcanzó al gobernador Juan Manuel Carreras López en el Foro de Consulta Estatal Participativa en materia de educación.
“Denme chance, déjenme hablar de mi tema”, fue su reacción.
Primero lo suyo, pues.
Lo que a sus gobernados les duela puede esperar… o quedarse esperando.
Los delitos patrimoniales durante los primeros nueve meses de 2018 suman 14 mil 305, según lo reportado al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En nueve meses se han registrado 920 asaltos en la vía pública.
En 671 de esos asaltos, los criminales ejercieron violencia contra la víctima.
Es la cifra registrada por la autoridad a la que habría que añadir la cifra negra que prácticamente multiplicaría el dato por diez.
Así, salir a la calle es un boleto en esa extraña rifa en la que cualquiera se puede convertir en parte del grupo de hasta 30 personas que serán asaltadas y, de entre ellas, de las hasta 20 personas más desafortunadas que serán asaltadas con violencia o, ahora lo peor, que podrían resultar muertas.
Un panorama de inseguridad incomparable.
Sí, no se puede comparar para decir que en otros estados están peor, por el simple hecho de que a quienes les toca padecer el asalto, o a los familiares de quienes ese asalto se vuelve fatal, eso no les quita su condición de víctima ni el dolor de la pérdida de su familiar.
Así que no valen comparaciones.
Vale más que se pongan a trabajar todas las autoridades de todos los niveles de gobierno obligadas a proporcionar seguridad a la población.
