Por: Antonio González Vázquez.

Filiberto Hernández Martínez, ex catequista, ex militar y multihomicida, es originario de la comunidad de Estación Velasco del municipio de Ébano, colindante con Tampico, Tamaulipas, pero cuando violó y mató a cuatro niñas y a una mujer, vivía en la colonia Juárez del municipio de Tamuín, cercano a Ébano en la región Huasteca del estado. El día que fue detenido por la Policía Ministerial se presentó como Ex Subteniente del Colegio del Aire y que se especializaba en el mantenimiento de aeronaves.

 

La Policía lo atrapó por portar arma blanca y no sabían que se trataba de un asesino serial pues los crímenes los cometió entre 2010 y 2014. El sujeto confesó luego sus crímenes e incluso dio detalle de cómo las violó y secuestro y de dónde abandonaba los cadáveres en el municipio de Tamuín.

Fue consignado al Juzgado Primero del Ramo Penal donde se inició el proceso y se le dictó la formal prisión, sin embargo, al continuar las diligencias a fin de que se dictara sentencia, las cosas empezaron a salirse de control y las autoridades dejaron solas a las familias de las víctimas.

De esa desatención se desprende que concluyó ya uno de los cinco casos y en el Juzgado Primero del Ramo Penal se resolvió el auto de libertad por el crimen de Adriana Martínez Campuzano de trece años de edad.

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Frente a eso y ante el poco interés mostrado por Gobierno del Estado, la Procuraduría General de Justicia y La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, recurrieron al apoyo de organismos de derechos humanos de la sociedad civil en la ciudad de México donde ofrecieron una rueda de prensa.

 

Ahí, ante reporteros de medios nacionales, Sandra Campuzano, madre de Adriana, hizo una denuncia muy grave que involucra a servidores públicos de la administración de Juan Manuel Carreras López.

 

Dijo que en el Juzgado Primero del Ramo Penal le dijeron que se dio auto de libertad a al criminal por uno de los asesinatos porque los Defensores de Oficio a cargo del caso de Adriana “no le dieron seguimiento puntual al caso, lo cual si aprovecharon los abogados del feminicida”.

Y resulta que esos abogados que atendían el caso, formaban parte del Centro de Atención a Víctimas del Delito, institución que en 2014 era presidida por Julieta Méndez Salas, actual cabeza de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito y protegida de la diputada local del PRI, Martha Orta.

Dulce Ximena Reyes Rodríguez de nueve años de edad, Itzel Romani Castillo Torres de once años de edad, Rosa María Sánchez González, Adriana Martínez Campuzano de 13 años edad y de Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad, fueron las víctimas sexuales y mortales de Hernández Martínez.

 

Dulce Ximena Reyes Rodríguez desaparecida el 6 de mayo de 2014, Itzel Romani Castillo Torres había desaparecido el 21 de enero de 2013 y Rosa María Sánchez González, se perdió el 29 de octubre de 2010.

Actualmente existe la posibilidad de que el multihomicida quede libre debido a las probables fallas en el proceso que se le sigue. La defensa de Filiberto Martínez, alega tortura, violencia y haber sido utilizado como “chivo expiatorio” durante el proceso penal en su contra, por lo cual podría lograr salir absuelto, a pesar de que él haya confesado la comisión de los homicidios y señalado el lugar donde se encontraban los cuerpos.

 

El tema ha vuelto a causar conmoción no solo en la Huasteca sino también en el plano nacional. La difusión profusa de notas periodistas hacen ver a San Luis Potosí como lo que es, un estado inseguro donde lo que predomina es la impunidad.

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