Fernanda Durán
La declaración de Héctor Serrano sobre la cautela que tendrá la mayoría legislativa frente a reformas polémicas rumbo a 2027 deja una pregunta más relevante que la disputa con la oposición: ¿qué es lo que realmente está frenando al Congreso, el riesgo jurídico de sus decisiones o el costo político que pueden generar?
El coordinador del PVEM no planteó que iniciativas como la castración química deban detenerse porque existan dudas constitucionales, cuestionamientos de derechos humanos o problemas de técnica penal. Su argumento fue otro: evitar que se conviertan en “instrumento político electoral de los opositores” y que puedan utilizarse para “golpear” a un proyecto político. Es decir, la cautela aparece cuando una reforma puede volverse electoralmente inconveniente.
Ese razonamiento resulta significativo después de dos años en los que el Código Penal ha sido una de las herramientas legislativas más utilizadas por la actual mayoría. En los primeros 15 meses de la Legislatura se habían contabilizado al menos 15 reformas y, tan sólo durante los primeros siete meses de 2026, el recuento suma alrededor de otras 13 modificaciones, incluida la derogación de las disposiciones sobre inteligencia artificial. Más allá de la cifra exacta, la constante es evidente: se ha recurrido una y otra vez al derecho penal para responder a problemas sociales, coyunturas y demandas públicas.
Algunas modificaciones atendieron problemáticas concretas y legítimas. Otras, sin embargo, han sido cuestionadas precisamente por aquello que ahora parece quedar en segundo plano frente al cálculo electoral: su constitucionalidad, la amplitud de los tipos penales, la duplicación de conductas o sus posibles afectaciones a derechos fundamentales.
La regulación sobre inteligencia artificial es el ejemplo más evidente; fue aprobada, utilizada en investigaciones penales y finalmente derogada después de meses de cuestionamientos de periodistas, especialistas y organismos defensores de derechos humanos. En un caso similar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó ante la Suprema Corte parte del delito de “mensajes intimidatorios”, al considerar que conceptos como “temor colectivo” o “alteración del orden público” son demasiado amplios y pueden permitir aplicaciones discrecionales. No se trata, por tanto, únicamente de una narrativa construida por adversarios partidistas.
Paradójicamente, la oposición que ahora parece preocupar a la mayoría no ha estado precisamente en el Congreso, donde las demás fuerzas difícilmente han impedido que estas reformas prosperen. El verdadero riesgo político parece encontrarse fuera del recinto: en actores y movimientos que buscan posicionarse rumbo a 2027 y que pueden convertir los errores, excesos o polémicas de la mayoría en argumentos frente al electorado. Bajo esa lógica, la cautela no aparece necesariamente cuando surge la advertencia jurídica, sino cuando esa advertencia adquiere capacidad de convertirse en costo político.
En cuanto a la castración química, no existe hasta ahora una sentencia de la Suprema Corte que haya declarado inconstitucional esa medida en México porque ninguna legislación vigente la ha colocado todavía en esa posición. Eso no significa que el debate constitucional no exista.
Desde marzo de 2023, Giovanna Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, advirtió que una medida de ese tipo podía contravenir derechos humanos y abrir la puerta a una acción de inconstitucionalidad. Fue, además, una de las pocas ocasiones en que la entonces titular de la CEDH se pronunció de manera abierta frente a una reforma penal polémica y una de sus últimas intervenciones públicas de ese tono antes de que el organismo dejara de fijar posiciones semejantes sobre otras modificaciones controvertidas.
La advertencia tampoco era aislada: en México, iniciativas similares han sido presentadas en distintos congresos sin consolidarse como legislación vigente, mientras que en otros países la discusión ha girado precisamente sobre su compatibilidad con la dignidad humana, la integridad corporal y la prohibición de penas degradantes. El artículo 22 constitucional, además, prohíbe las penas de mutilación, tormento y otras penas inusitadas o trascendentales.
Por eso resulta insuficiente explicar la cautela actual sólo por el riesgo de que la oposición convierta estas iniciativas en arma electoral o “distorsione” su sentido. Las alertas jurídicas existían mucho antes de que apareciera el costo político que ahora preocupa al Congreso. Hay críticas partidistas, en ocasiones burdas o interesadas, pero también existen objeciones formuladas desde el derecho constitucional, el derecho penal, la academia y los organismos de derechos humanos. Varias coinciden en algo básico: el derecho penal debería ser el último recurso del Estado, no una herramienta disponible para enviar mensajes políticos.
La propia expresión de Serrano permite observar además otra desigualdad en los tiempos legislativos. Mientras el Código Penal ha podido modificarse repetidamente en cuestión de meses, iniciativas ciudadanas pueden permanecer durante años sin dictamen. Ante el reclamo, Serrano respondió que las propuestas ciudadanas requieren revisión de asesores y que en muchas existen “una gran cantidad de imprecisiones”.
Que una iniciativa ciudadana deba revisarse técnicamente es indiscutible. Lo cuestionable es que esa exigencia de rigor no parezca haber funcionado siempre con la misma intensidad cuando se trata de reformas promovidas desde los grupos que controlan el Congreso. La derogación de la regulación de inteligencia artificial y la impugnación contra “mensajes intimidatorios” muestran que aprobar primero y corregir después también tiene consecuencias.
El contraste deja ver que la agenda legislativa no se mueve únicamente por criterios técnicos o de interés público. Cabe agregar un dato que dimensiona esa diferencia en el ritmo legislativo. De acuerdo con la séptima evaluación de Congreso Calificado, de 89 iniciativas ciudadanas registradas en la actual Legislatura, cerca del 90 por ciento no habían prosperado: fueron rechazadas, permanecían pendientes o dejaron caducar su trámite. Además, 25 de las 27 comisiones mantenían al menos una propuesta ciudadana sin resolver.
Aunado a ello existe un problema básico para medir ese rezago: la información no está actualizada. La última medición disponible tiene corte al 29 de junio y, desde entonces hasta la última sesión de este 2 de septiembre, el Congreso del Estado no ha publicado la Gaceta Parlamentaria número 2, donde puede verificarse el ingreso y trámite de las iniciativas. Así, rumbo al informe legislativo, ni siquiera es posible conocer con precisión cuántas propuestas ciudadanas siguen pendientes o cuánto aumentó el rezago general, una opacidad que dificulta evaluar con datos completos la productividad que el propio Congreso está por presumir.
Ese es quizá el problema de fondo que deja la declaración: reconocer que el calendario electoral modifica la disposición para aprobar determinadas reformas confirma que el cálculo político forma parte de la decisión legislativa que parece obvio para algunos sectores, pero es necesario darlo a conocer para otros. La política, por supuesto, es inseparable de un Congreso. Lo preocupante es que la alarma se encienda por el posible costo electoral y no antes, cuando especialistas y organismos advierten que una norma puede ser ambigua, excesiva, ineficaz o contraria a derechos.
Si rumbo a 2027 la mayoría decide finalmente ser más cautelosa, esa cautela puede ser bienvenida. Pero tendría mucho más valor si el parámetro para detener una mala reforma fuera su impacto sobre las personas y su compatibilidad con la Constitución, y no la posibilidad de que termine convertida en munición electoral.
Y ya estando…
DIGNIDAD PRIMERO: Los casos recientes de Tatiana y Santiago exhiben un problema que va más allá de una mala publicación o de una cobertura desafortunada: seguimos sin entender que informar también implica cuidar. La sociedad no necesita más morbo, imágenes invasivas ni detalles innecesarios para dimensionar una tragedia; necesita contexto, prevención y herramientas para comprender qué está pasando. Y los medios tampoco podemos refugiarnos en que “la información ya circulaba” o en que “la gente quiere saber”: cada fotografía, cada titular y cada dato que decidimos publicar construye una mirada sobre la víctima. Visibilizar no es exponer. En casos de violencia, desaparición, muerte o posibles crisis de salud mental, la responsabilidad está en contar lo suficiente para entender el problema, señalar las fallas institucionales y abrir conversación, sin convertir el dolor ajeno en espectáculo.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
