Por Victoriano Martínez
Una vez más, el presunto cumplimiento de una promesa de campaña se ve envuelto en una parafernalia propagandística, exhibe la sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo, muestra el descuido en las formas, deja más dudas que certezas y genera expectativas más allá de lo que los planteamientos visibles podrían cubrir.
La presentación de la iniciativa para la creación de la Guardia Civil estatal se presenta al Congreso del Estado fuera del periodo de los primeros 100 días en el que se prometió que estaría instalada, aunque con un desplante protocolario similar al de la presentación de la propuesta de modificación legal para las licencias gratuitas.
“Otro compromiso más cumplido: hoy presentamos la iniciativa de ley de la Guardia Civil”, publicó en redes sociales el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con su característica actitud propagandística que resulta proporcionalmente inversa a la efectividad en el cumplimiento de sus promesas.
A 116 días de iniciado su gobierno, ni la Guardia Civil es una realidad, ni los efectos que tendría en la garantía de seguridad para la población y en la construcción de la paz son un hecho. En cambio, lo ocurrido este miércoles en Vallejo 200 fue un atentado más a la autonomía de los poderes y un acto más de genuflexión de los diputados, que muestran su poca capacidad de representación.
El diputado José Luis Fernández Martínez se adelanta a anunciar que para el mes de febrero se aprobará la iniciativa, sin tomar en consideración la formalidad legal del procedimiento.
De entrada, no le puede dar el carácter de iniciativa preferente porque éstas, de acuerdo con la Constitución, se presentan “dentro de los primeros quince días de cada periodo ordinario de sesiones”. Para el caso, eso es posible entre el 1 y el 15 de febrero. El acto de este miércoles muestra la urgencia propagandística de promocionar promesas cumplidas.
Peor aún, Fernández Martínez revela (porque la iniciativa, por mucho que se presume como cumplimiento de una promesa, no se ha hecho pública y vive en la opacidad) que la propuesta de Gallardo Cardona incluye una reforma constitucional.
“No podrán tener carácter preferente las iniciativas que propongan modificar esta Constitución”, establece el tercer párrafo del artículo 61 constitucional. Es decir, el carácter de preferente que ya le da Fernández Martínez a la iniciativa es más un acto de sumisión ante el Ejecutivo, que una formalidad legal.
El propio Fernández Martínez arroja dudas sobre el proyecto de Guardia Civil cuando, en días pasados, afirmó que se aprobaron dentro de la Ley de Presupuesto de Egresos para este año los recursos para ese nuevo cuerpo de seguridad, cuando en ese documento no se menciona nada al respecto ni en la exposición de motivos.
Hay un incremento impresionante en el presupuesto del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) que pasa de un millón 20 mil pesos a 578 millones 299 mil 472 pesos que, ante la reducción de un 5.35 por ciento en el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no queda duda de que esa instancia tendrá a cargo a la Guardia Civil.
Que la instancia que se hará cargo de la Guardia Civil cuente con más presupuesto no necesariamente significa que este año la seguridad pública se haya privilegiado con más recursos. Los presupuestos del SECESP y la SSP juntos aumentan en un 16 por ciento con relación a 2021, pero con respecto a 2020 la diferencia es de apenas un 11 por ciento.
Este año, esas dos instancias de seguridad pública contarán con 309 millones 580 mil 472 pesos más que en 2020. Si se considera el impacto inflacionario de dos años y que, según declaró este miércoles Gallardo Cardona, se destinarán 350 millones de pesos a la creación de la Guardia Civil, el saldo es que la nueva figura no es más que una reestructuración con prácticamente los mismos recursos.
Si se toma como parámetro el caso de la Fiscalía General del Estado, el brazo complementario de la construcción de la paz por la vía de la procuración de justicia, los 350 millones para la creación de la Guardia Civil poca diferencia pueden marcar en las acciones del SECESP y la SSP.
La Fiscalía presentó una propuesta de presupuesto por mil 635 millones de pesos pero le autorizaron 380 millones 173 mil pesos menos. Lo que aparentemente refuerza la prevención es una cifra menor a la que, de acuerdo a la propuesta de la Fiscalía, se requería para reforzar la procuración de justicia, que involucra prevención vía combate a la impunidad.
La expectativa manifestada de que se va a revertir toda la inseguridad no parece tener, al menos presupuestalmente, todos los puntos cubiertos para que se convierta en hechos.
La parafernalia propagandística en torno a la iniciativa, la sumisión exhibida por los diputados, las dudas por la nula transparencia en el proceso y la poca claridad presupuestal, combinados con una violencia que no cesa –operativos con bajas policiacas incluidos– dejan poco espacio a expectativas triunfalistas que el tiempo podría revertir.
