María Ruiz
En el primer trimestre de 2025, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) recibió un total de 42 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia en el estado, lo que revela un patrón preocupante de opacidad institucional que involucra principalmente a ayuntamientos de zonas marginadas y partidos políticos.
De acuerdo con el primer informe 2025 de la CEGAIP, de estas 42 denuncias, 19 fueron desechadas por razones procesales como la presentación anticipada al plazo legal, por denunciar cuestiones ajenas a la publicación de información o por no cumplir requisitos mínimos.
De las denuncias recibidos, 22 fueron admitidas y una más fue prevenida, lo que configura un universo sólido de señalamientos ciudadanos que exigen cuentas claras.
Los ayuntamientos son, con diferencia, los sujetos más señalados. Destacan casos como el del municipio de Villa Juárez, con cinco denuncias; San Antonio y San Martín Chalchicuautla, con cuatro cada uno; y San Vicente Tancuayalab, con tres.
Estos municipios comparten rasgos clave: localidades con alta marginación y baja digitalización, donde el acceso a la información pública representa una herramienta crucial para contrarrestar prácticas clientelares o discrecionalidades administrativas.
La reiteración de denuncias en estas zonas habla no solo de omisiones técnicas, sino de una cultura institucional que aún resiste la apertura.
Los partidos políticos en el estado también figuran entre los más denunciados: el Partido Verde Ecologista de México acumuló tres denuncias por faltas en la publicación de sus obligaciones; Movimiento Ciudadano y Conciencia Popular fueron señalados con una denuncia cada uno.
En un contexto de reconfiguración electoral y desconfianza ciudadana, este tipo de faltas socava aún más la credibilidad de las estructuras partidistas.
También fueron denunciadas instancias clave del aparato estatal como la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Serdarh) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. (UASLP). Si bien solo se reporta una denuncia para cada una, su relevancia institucional vuelve significativa cualquier incumplimiento en materia de transparencia.
En cuanto al fondo de las quejas, la CEGAIP identificó recurrencia en la omisión de publicar información sobre movimientos de ingresos y egresos, estructura orgánica, directorio de servicios públicos y remuneraciones de servidores públicos.
Estas obligaciones, plasmadas en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, constituyen el núcleo del escrutinio financiero y de funciones públicas. Su incumplimiento mina directamente la rendición de cuentas.
De las resoluciones emitidas, 16 denuncias fueron declaradas fundadas, una parcialmente fundada, una infundada y una más fue sobreseída. Esta tendencia muestra que la mayoría de las quejas ciudadanas cuentan con sustento legal, lo que confirma que la cultura de la transparencia enfrenta resistencias sistemáticas y no simples errores administrativos.
