Iraís Valenciano
Dice un refrán: “De buenas intenciones está hecho el camino al infierno”. A eso huele la iniciativa que este martes presenta la diputada Sara Rocha Medina respecto a la gratuidad en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
La legisladora priista propone incluir un párrafo al artículo 11 de la Costitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí: “La enseñanza superior que imparta la Universidad Autónoma de San Luis será gratuita y accesible para todas las personas, de acuerdo a la necesidad económica de cada una. La implementación de la enseñanza gratuita será progresiva”.
De entrada, un primer cuestionamiento surge tras leer el párrafo que Rocha Medina (o uno de sus asesores) redactó: ¿gratuita y accesible para TODAS las personas? ¿O de acuerdo a la necesidad económica de cada una?
Pero hay algo más preocupante: La inciativa de Rocha Medina nada menciona sobre cómo le hará la Universidad para sobrevivir sin las cuotas que las y los estudiantes aún pagan.
A la diputada le parece suficiente que la institución tenga para el 2025 un presupuesto similar al del año anterior, poco más de dos mil millones de pesos, si acaso, “copeteado” con el 3.5 % adicional otorgado por el Estado. “Este dato no es menor”, enfatiza Rocha Medina. Lo que no menciona la diputada, es que ese porcentaje va directamente relacionado con la inflación estimada por el gobierno federal. No se trata de un acto de benevolencia.
En la plataforma de transparencia de la Secretaría General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, aparece el tablero de cumplimiento de aportaciones federales y estatales para la UASLP.
En el sexenio carrerista, la entrega de recursos a la Universidad se realizó en tiempo y forma, pero los reportes anuales correspondientes a la administración de Ricardo Gallardo Cardona cerraron con los siguientes adeudos:
2022 – 152 millones 467 mil 714 pesos
2023 – 187 millones 363 mil 490 pesos
2024 – 171 millones 839 mil 913 pesos
2025 – 141 millones 031 mil 667 pesos (con corte al 31 de mayo de 2025)
En abril de 2024, el mandatario estatal acudió a la Facultad de Ciencias para arrancar los trabajos de reforzamiento del edificio y la construcción de un estacionamiento. Con esas obras -se dijo en aquel entonces- quedaría cubierto un porcentaje de la deuda con la UASLP.
Ya pasaron 14 meses y la comunidad de la Facultad de Ciencias sigue en espera de lo que se le prometió.
Sara Rocha no descubrió el hilo negro con el tema de la gratuidad, pues ya es obligatoria a nivel nacional desde el 2021, año en el que se aprobó la nueva Ley General de Educación Superior.
En los transitorios de esa normativa, quedó plasmado que a partir del presupuesto de 2022 debía contarse con un fondo federal especial para la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, y que se implementaría de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal. El plan comenzó con las universidades interculturales, por ser pocas y con un número reducido de estudiantes.
Todavía en octubre de 2024, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pidió los recursos de ese fondo federal para el 2025… y nada.
Desde el 12 de enero de 2023, en el marco del centenario de la autonomía universitaria, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra ha insistido en la suficiencia presupuestaria, “para incrementar la cobertura educativa y otorgar la ansiada gratuidad en los estudios”.
El 6 de julio de ese mismo año, 11 diputados presentaron formalmente una iniciativa para garantizar la autonomía presupuestaria de la UASLP, pero permaneció en la “congeladora” y no se realizaron las consultas requeridas. El 21 de enero de 2025, ya con la actual legislatura, se declaró la caducidad de la propuesta.
En reiteradas ocasiones el rector ha mencionado también el convenio marco que se firmó desde el 2016, para que los estados aportaran un porcentaje similar al que otorga la Federación, es decir: si el gobierno federal da un peso, el estatal tendría que aportar otro. Sin embargo, solo en nueve entidades se ha concretado ese financiamiento paritario, incluso los gobiernos de Jalisco y Veracruz entregan a sus universidades públicas más que la Federación.
¿Y San Luis Potosí? Es la tercera entidad peor posicionada, pues el Gobierno del Estado solo firmó lo equivalente al 15.9 % del presupuesto de la UASLP, “aunque realmente aportado estamos en el 9 %”, explicó el rector en una sesión del Consejo Directivo Universitario. Muy lejos del 50 % tan anhelado y para colmo, incompleto.
El pasado viernes, mismo día en que se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa sobre la gratuidad, Zermeño Guerra presentó en la sesión ordinaria de la ANUIES un informe que evidenció la insuficiencia presupuestal, el incumplimiento de convenios estatales, la desaparición de fondos extraordinarios y el rezago en la inversión educativa que enfrentan las universidades públicas.
Sí, suena muy bonito, populista y taquillero ofrecer gratuidad en la UASLP, pero ¿sabrá la diputada Rocha cuánto personal se requiere para darles clases a más de 33 mil 300 estudiantes? ¿Cuánto dinero se necesita para mantener en buen estado las aulas y laboratorios? ¿Qué tan caro es impermeabilizar los inmuebles para evitar que las goteras dañen los equipos?
Nadie está en contra de la gratuidad en la educación, por supuesto que es deseable, pero siempre y cuando los gobiernos cumplan sus compromisos y devuelvan a las universidades un poco de lo mucho que aportan a la sociedad. Total, sería con dinero que la misma ciudadanía paga a través de sus impuestos.
Ya que anda tan preocupada por su alma mater, ojalá que Sara Rocha aproveche su acceso a la tribuna del Legislativo para emitir un exhorto que acompañe su iniciativa, a fin que el gobierno estatal cumpla con los compromisos financieros pendientes y la Federación brinde la atención -y los recursos- que las universidades públicas tanto han pedido.
Que sus buenas intenciones no deriven en un infierno financiero para la UASLP.
REFILL
Ya se va a cumplir un año de que el gobierno estatal prometió bordos y vasos de captación para evitar que los excedentes de la presa San José inunden comunidades como La Tinaja y Palma de la Cruz. ¿Y esas obras? Bien, gracias.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
