Fernanda Durán
Durante una comparecencia ante el Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, reconoció los desafíos estructurales del sistema de movilidad en San Luis Potosí, particularmente en la zona metropolitana e industrial, donde aún persisten problemas operativos, legales y de coordinación entre autoridades.
Dentro de su intervención en la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso, la funcionaria señaló que uno de los principales retos ha sido identificar y atender las condiciones precarias heredadas en materia de transporte público, tanto en la capital como en los otros 58 municipios del estado.
“Nosotros a la llegada de este gobierno (…) generamos un diálogo con todos los concesionarios para identificar cuántas unidades no están en condiciones óptimas”, expuso.
Uno de los aspectos que subrayó fue el arranque del sistema Red Metropolitana de Transporte, que inició operaciones en octubre de 2023 con unidades Euro 5 y rutas gratuitas.
Aseguró que desde entonces se han puesto en marcha cuatro líneas que conectan la zona centro con la industrial, El Saucito, el Circuito Potosí y Ciudad Satélite. Estas rutas, dijo, han permitido realizar más de 12 millones de viajes gratuitos, con impactos positivos en la economía y la salud pública.
Martínez responsabilizó al abandono institucional de gobiernos anteriores por no haber hecho cumplir la ley que obligaba a renovar las unidades de transporte cada diez años.
Según dijo, ese incumplimiento derivó en una flota vehicular contaminante con efectos serios en la salud pública, e incluso San Luis Potosí registra un alto índice de enfermedades graves vinculadas a la contaminación.
“Nos han estado enfermando por más de treinta años, con unidades viejas y obsoletas, y ese es el resultado de que hoy San Luis Potosí tiene un alto índice de personas justamente con cáncer, y no nada más de pulmón, y no nada más enfermedades respiratorias”.
La secretaria subrayó que estas enfermedades se han vuelto comunes incluso entre jóvenes, que atribuye al abandono institucional de gobiernos anteriores al no exigir la renovación obligatoria de las unidades.
“Se ha vuelto como una gripa y es tan común y tan cotidiano que tenemos jóvenes que padecen hoy esa enfermedad”, lamentó.
En la misma línea, el diputado Luis Emilio Rosas Montiel recordó que las partículas contaminantes PM10 y PM2.5 que emiten los tubos de escape están asociadas a cuatro tipos de cáncer pulmonar y otras enfermedades severas, y celebró la apertura del gobierno estatal hacia la electromovilidad como medida de salud pública.
Martínez Acosta reconoció que las condiciones actuales son críticas, especialmente en la zona industrial.
La SCT identificó tres puntos neurálgicos de conflicto vehicular: la zona del periférico, donde retornos mal utilizados por vehículos de carga provocan bloqueos de hasta 15 minutos; el retorno de Las Mariposas; y el retorno frente a una refaccionaria en la carretera 57, ambos con alta carga vehicular.
Aunque se propusieron cierres parciales, la falta de claridad en la competencia institucional ha impedido su implementación efectiva. Por ello, la SCT propuso la firma de un acuerdo interinstitucional para evitar que el problema continúe “rebotando” entre dependencias.
“No se sabe si es competencia de la Guardia Nacional o de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, explicó.
En cuanto a infraestructura y electromovilidad, la secretaria adelantó que se integrarán unidades eléctricas al sistema metropolitano, tanto en la ciudad capital como en Ciudad Valles, donde también se proyecta una ruta suburbana hacia Tamazunchale.
“San Luis Potosí se posiciona como uno de los cinco únicos estados que se suman al proyecto federal de electromovilidad”, indicó.
Sin embargo, advirtió que la renovación de más de 400 unidades del transporte público requerirá una inversión millonaria difícil de cubrir a corto plazo.
“Cada unidad tiene un valor mínimo de 2.7 millones de pesos (…) ni el estado ni los concesionarios tendrían el recurso suficiente para hacerlo de manera inmediata”, admitió.
En el ámbito normativo, mencionó que ya se contempla la incorporación del transporte eléctrico en la legislación estatal y que está en marcha la formalización de comités ciudadanos de movilidad, integrados en comunidades urbanas y rurales para detectar necesidades específicas, como traslados escolares, horarios nocturnos o paradas seguras para mujeres.
Durante la reunión, diputadas como Diana Ruelas y Jacqueline Jáuregui respaldaron las acciones emprendidas, pero subrayaron la necesidad de que estos avances sean “palpables” para la ciudadanía.
Finalmente, se destacó la necesidad de coordinación con el gobierno federal para acceder a recursos y programas destinados a la movilidad sostenible.
El diputado Emilio Rosas propuso vincular los esfuerzos locales con la Red Nacional de Comisiones de Desarrollo Económico como parte de una estrategia para institucionalizar políticas de electromovilidad en beneficio de San Luis Potosí.
