Desiree Madrid
Cinco ciudadanos integrantes de colectivos en favor y defensa de la movilidad promovieron un juicio para la protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), en contra de la omisión del Congreso del Estado de ejecutar el proceso legislativo correspondiente a una iniciativa ciudadana de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como “Ley Santi”.
El pleno del Tribunal concedió una audiencia para este miércoles 27 de mayo a las 12:30 horas, a petición del representante legal de los promoventes.
El expediente, identificado con el número TESLP/JDC/09/2026, fue promovido por Brenda Lois Muñoz Flores, Zeferina Catalina Torres Cuevas, Claudio Iván Alderete López, Marco Antonio Vargas Solís y Víctor Cristóbal Hernández de Torres, con la representación legal del doctor Guillermo Luévano Bustamante. Fue este último quien presentó ante el órgano jurisdiccional la solicitud de audiencia el pasado 19 de mayo, con el argumento de que los promoventes deben tener la oportunidad de expresar directamente las afectaciones que les genera la inacción del Poder Legislativo.
El acuerdo dictado el 22 de mayo por la magistrada María Carolina López Rodríguez, con la autorización del secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Carlos Eduardo Núñez Ramírez, resolvió conceder la audiencia solicitada.
El antecedente de este juicio se remonta a marzo de 2024, cuando los colectivos entregaron formalmente al Congreso del Estado la propuesta para expedir una Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial.
La iniciativa fue bautizada como Ley Santi en honor al activista Roberto Josué Rodríguez Santiago, quien junto con su familia ha enfrentado las consecuencias de siniestros viales derivados de las deficiencias en materia de movilidad en la ciudad. Su presentación respondía, además, a una obligación federal: la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en 2022, estableció que los estados debían armonizar su legislación local.
En mayo de 2024, la LXIII Legislatura aprobó —con dos años de retraso y presionada por un amparo y tres exhortos del Congreso de la Unión—, la armonización de diversos ordenamientos estatales a esa ley federal. Veinte diputados votaron a favor, dos se abstuvieron y uno votó en contra.
Sin embargo, los colectivos que impulsaron la iniciativa advirtieron desde entonces que esa armonización era solo el primer paso: lo que faltaba, y sigue faltando, es expedir una ley estatal propia en la materia. En ese momento, Víctor Hernández, integrante de Pedaleando SLP, señaló que la consideración de la Ley Santi quedaría en manos de la siguiente legislatura.
N o obstante, la actual legislatura tampoco ha avanzado en el proceso de la iniciativa ciudadana. Ante esa omisión prolongada, los cinco integrantes de los colectivos optaron por la vía jurisdiccional y presentaron el juicio ante el TEESLP, alegando que la inacción del Congreso vulnera sus derechos político-electorales.
La audiencia de este miércoles representa la oportunidad de exponer ante el pleno del Tribunal las consecuencias de que San Luis Potosí siga sin una Ley de Movilidad y Seguridad Vial propia.
La iniciativa ciudadana busca reforzar el derecho a la movilidad desde la infraestructura urbana, con el propósito de prevenir siniestros, lesiones graves y muertes en hechos de tránsito.
Entre sus objetivos figuran el control de la velocidad excesiva, normas más estrictas de seguridad vial, inversión en infraestructura, mejora del transporte público y garantía de accesibilidad para personas con discapacidad, entre otros aspectos.
Los activistas han señalado que las leyes de tránsito vigentes fueron concebidas para regular el flujo vehicular, no para proteger integralmente a las personas, y que se requiere un cambio de paradigma.
El recorrido de esta iniciativa ciudadana ha estado marcado por la resistencia institucional. Desde junio de 2023, Claudio Alderete acudió al Congreso para urgir la emisión de una nueva ley; la armonización de 2024 llegó solo tras amparos y exhortos.
Los colectivos han sostenido que el Poder Legislativo potosino avanza únicamente cuando se le presiona mediante recursos jurídicos, lo que motivó el traslado del conflicto al ámbito electoral.
La resolución que en su momento emita el Tribunal determinará si la omisión denunciada constituye una violación a los derechos de los promoventes y, en su caso, qué medidas deberá adoptar el Congreso.
Con este juicio, los colectivos llevan al terreno jurisdiccional una disputa que ha transitado por más de dos años de gestiones legislativas, reuniones con comisiones del Congreso y movilizaciones ciudadanas.
La audiencia de hoy ante el TEESLP representa el punto más reciente de una pugna que, en su origen, nació del reclamo de garantizar en San Luis Potosí el derecho a moverse con seguridad.
