Fernanda Durán
Después de más de un año de retrasos legislativos, amparos y una sentencia del Tribunal Electoral que obligó al Congreso del Estado a dictaminar la propuesta en un máximo de tres meses, la nueva versión de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, denominada Ley Santi, fue presentada este martes por la Coalición de Movilidad Segura.
Ahora con la firma y respaldo conjunto del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, diputados locales, universidades y dependencias estatales.
La nueva iniciativa fue entregada al Congreso mientras sigue vigente la resolución del Tribunal Electoral del Estado, que declaró que el Poder Legislativo incurrió en omisión al mantener congelada desde marzo de 2024 la propuesta ciudadana original.
A diferencia de aquella primera versión, impulsada exclusivamente por activistas y colectivos, los promoventes sostienen que esta nueva propuesta fue revisada directamente con áreas operativas del Gobierno del Estado para intentar evitar que la futura ley quede sin aplicación práctica.
El activista Roberto Josué Rodríguez Santiago explicó que durante más de un año la iniciativa fue trabajada con secretarías estatales, universidades y legisladores para aterrizar atribuciones, presupuesto y competencias:
“Llegamos a una versión que está muchísimo más trabajada, de una forma en la que pueda ser aplicada, en la que cada secretaría pueda reconocer sus obligaciones de forma clara”.
Señaló además que el objetivo sigue siendo reducir las más de 600 muertes y más de dos mil personas lesionadas por siniestros viales que ocurren anualmente en San Luis Potosí.
Entre los principales cambios incorporados se encuentra la creación de un observatorio ciudadano de movilidad y seguridad vial, que operaría junto con los comités estatales ya existentes. La académica Ivonne Aguayo Huerta destacó que este mecanismo busca generar participación permanente de la ciudadanía y permitir que propuestas sociales puedan revisarse formalmente dentro del sistema estatal de movilidad.
Luis Fernando Rodríguez Román añadió que uno de los vacíos detectados en el proceso anterior era precisamente la falta de herramientas que garantizaran incidencia ciudadana real en las decisiones públicas sobre movilidad.
La propuesta también incorpora protocolos específicos de atención a víctimas de siniestros viales y mecanismos de coordinación entre Cruz Roja, Protección Civil, autoridades estatales y municipios. Rodríguez Santiago señaló que la intención es generar rutas claras de atención y denuncia para las víctimas y sus familias, además de vincular estos mecanismos con la Ley Estatal de Víctimas.
Otro de los cambios centrales es la adopción del enfoque de “sistemas seguros”, el cual plantea que la seguridad vial no depende únicamente de la conducta individual de automovilistas o peatones, sino también de infraestructura, regulación, diseño urbano y gestión de velocidades. Víctor Hernández, integrante del colectivo Pedaleando SLP detalló que la iniciativa incorpora medidas relacionadas con infraestructura segura, diseño vehicular y políticas públicas para disminuir riesgos viales.
La iniciativa también plantea la creación de un sistema estatal de seguridad vial para coordinar competencias actualmente dispersas entre municipios y dependencias estatales. Claudio Iván Aldrete López, de Derechos Urbanos, sostuvo que uno de los principales problemas actuales es la falta de coordinación entre tránsito, transporte, seguridad pública y ordenamiento urbano: “Sin una coordinación, no se puede avanzar en la materia”.
Durante la presentación, la subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, confirmó que la iniciativa fue revisada con dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil y la Secretaría de Salud. Según explicó, el gobernador Ricardo Gallardo instruyó construir la propuesta directamente con ciudadanía y colectivos.
“Lo que busca es que se emita por primera vez una ley de movilidad y seguridad vial en el estado”.
Aunque los promoventes sostienen que la nueva propuesta llega “fortalecida” y con respaldo institucional, el proceso legislativo todavía enfrenta etapas pendientes. Entre ellas se encuentran las consultas obligatorias a personas con discapacidad y pueblos originarios, uno de los argumentos utilizados previamente por diputados locales para justificar el retraso en el dictamen de la iniciativa original.
Sobre este punto, Zeferina Catalina Torres Cuevas cuestionó las estimaciones presupuestales que anteriormente se plantearon para realizar dichas consultas y sostuvo que existen mecanismos para reducir costos.
Recordó que en procesos anteriores se capacitó a municipios para realizar consultas directamente en sus territorios y que el Congreso podría replicar ese esquema utilizando personal propio capacitado. “Las cifras estratosféricas que han sacado no corresponden a la realidad”.
