Fernanda Durán
El Congreso del Estado de San Luis Potosí acordó que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) participe directamente en la organización de las consultas públicas que el Poder Legislativo tiene pendientes, al menos en lo relativo a reformas electorales y la Ley de Educación en materia inclusiva señaladas por acciones de inconstitucionalidad resueltas, confirmó la presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina.
En entrevista, la legisladora explicó que la decisión se tomó tras una reunión sostenida en diciembre con instancias jurisdiccionales, con el objetivo de evitar omisiones legales y avanzar en el cumplimiento de sentencias y resoluciones vigentes. Aunque de esta reunión y acuerdo no se había dado a conocer detalles, pese a los anuncios de falta de recursos para las consultas en las últimas semanas.
Detalló que en ese encuentro participaron representantes del Congreso y que el planteamiento central fue definir cómo iniciar los trabajos de consulta ante la falta de recursos en ese momento.
“En diciembre tuvimos una reunión con el Tribunal (SCJN) para el tema de las consultas en virtud de que no queríamos caer en ninguna omisión como Congreso y tampoco queríamos estar fuera de la ley o de los términos que nos marcaban”, señaló Rocha Medina.
Derivado de ese encuentro, se determinó enviar un documento formal al Ceepac para comenzar con actividades preparatorias.
“Llegamos a la conclusión con ellos, estamos caminando, se mandó un documento al Ceepac para poder iniciar conferencias, pláticas y demás para arrancar ya, en el momento que tuviéramos el recurso, ya el tema de las consultas”.
La presidenta de la Directiva precisó que las consultas contempladas en esta etapa corresponden a dos asuntos específicos: la relacionada con el cambio de sistema de partidos a usos y costumbres en comunidades indígenas y la vinculada con derechos humanos, ambas derivadas de resoluciones judiciales.
“A la de usos y costumbres, a la de derechos humanos, son las dos”, afirmó. Al ser cuestionada sobre si se trata de las consultas ordenadas al Congreso por instancias jurisdiccionales, respondió: “Ajá, por eso fueron las dos”.
Rocha Medina sostuvo que, en particular, la consulta indígena es la que presenta mayor urgencia, aunque rechazó que el Congreso se encuentre fuera de los plazos legales.
“La de indígenas, que era la que estaba primero y que era la que se supone que ya estábamos en destiempo, no es así, estamos conforme a la ley”.
Sobre el financiamiento de los foros previos, la legisladora señaló que el Ceepac ya cuenta con recursos destinados a este tipo de actividades, aunque dijo no tener a la mano el monto exacto.
“Yo creo que el Ceepac ya tiene presupuestado, no recuerdo la cantidad, pero para los foros y para poder arrancar”.
En cuanto a la consulta pendiente en materia de educación inclusiva, Rocha Medina sostuvo que la intención del Congreso es no fragmentar los recursos ni realizar ejercicios aislados, al considerar que eso dificultaría su ejecución.
“No podemos estar sacando recursos para cada una de las consultas, yo creo que el tema debemos de hacerlo general”.
Indicó que, en ese contexto, la sugerencia recibida fue trabajar con el Ceepac debido a su capacidad operativa.
“¿Qué nos sugiere el Supremo Tribunal? Que lo hagamos con el Ceepac, porque al final del día es quien tiene toda una infraestructura para poder trabajar el tema de las consultas”.
La presidenta de la Directiva insistió en que la decisión de involucrar al órgano electoral no implica relegar otras consultas ni trasladar responsabilidades, sino aprovechar su estructura institucional.
“El tema de poder trabajarlo con el Ceepac es porque tiene la infraestructura correcta. Nosotros como Congreso no tenemos una infraestructura como la tiene el Ceepac”.
Finalmente, subrayó que el trabajo conjunto se limitará, por ahora, a los asuntos pendientes ya identificados.
Actualmente, el Congreso del Estado mantiene pendientes al menos tres consultas prioritarias ordenadas por instancias jurisdiccionales.
La primera deriva de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2023, que invalidó diversos artículos de la Ley Electoral del Estado por haberse aprobado sin consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, y que continúa formalmente en fase de cumplimiento.
A la anterior se suma la consulta a comunidades indígenas sobre el cambio del sistema de partidos a usos y costumbres, ordenada por el Tribunal Electoral del Estado tras determinar que el ejercicio previo fue insuficiente; y la consulta en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad, derivada de la acción de inconstitucionalidad 67/2023 que invalidó un capítulo completo de la Ley de Educación del Estado.
