Abelardo Medellín
El gobierno del estado de San Luis Potosí contrató en el ejercicio fiscal 2024 un total de 11 créditos quirografarios por un monto de más de 5 mil millones de pesos, sin embargo, no los reportó ni publicó en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (RPU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).
La omisión del gobierno potosino fue observada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dentro de la auditoría de cumplimiento con número de identificación 2024-A-24000-19-1651-2025, la cual revisó el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y fue publicada esta semana en el portal de la ASF.
Dentro del resultado número 7 de dicha auditoría, la ASF describe que:
“El Gobierno del estado de San Luis Potosí contrató 11 obligaciones a corto plazo adjudicadas bajo las mejores condiciones del mercado por un monto de 5,624,000.0 miles de pesos, que los créditos fueron quirografarios”, esto en referencia a los instrumentos de deuda a corto plazo correspondientes al ejercicio 2024.
En el mismo resultado, la Auditoría explica que de esos 11 créditos solicitados el gobierno estatal no reportó al RPU 7 de ellos.
De los créditos a corto plazo no reportados a la SHCP, cuatro de ello fueron solicitados entre el 23 de enero y el 20 de febrero del 2024 y se contrataron en las instituciones Scotiabank, BBVA y Banorte; los otros tres créditos se adquirieron entre el 19 de noviembre y el 6 de diciembre de dicha anualidad, está vez contratados en Banorte, BANSI y BBVA.
En total, el total de los créditos no reportados al RPU y cuya omisión fue señalada en la auditoría suman una cantidad de 3 mil 254 millones de pesos.
Más adelante, en el resultado número 22, la Auditoría señala que, debido al incumplimiento de registrar estos créditos en el RPU, la contraloría de San Luis Potosí inició un procedimiento “para determinar posibles responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas”, procedimiento registrado bajo la clave CGE/DIAEP/EIA-001/2026.
De igual forma, en su dictamen la ASF es clara en señalar que el gobierno estatal incurrió en inobservancias a diversas normativas, entre ellas la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Reglamento del Sistema de Alertas, el Reglamento del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, y los Lineamientos del Sistema del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, debido a que:
“no solicitó la inscripción de manera oportuna en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los siete financiamientos y obligaciones contratadas en el ejercicio fiscal 2024”.
El incumplimiento de inscribir la deuda contratada en el RPU no fue la única irregularidad advertida por la ASF en esta auditoría.
De acuerdo con lo descrito en el resultado número 16, el gobierno potosino no presentó evidencia de haber realizado un análisis de costo-beneficio antes de contratar los proyectos de inversión cuyo monto rebasó el equivalente a 10 millones de unidades de inversión, ni tampoco fueron publicados la página oficial de internet de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
“Tampoco se informó del área encargada de evaluar el análisis socio económico; así como de integrar y administrar el registro de proyectos de inversión pública productiva”, describe sobre el incumplimiento dicha auditoría.
Al igual que en el caso de los créditos no inscritos en el RPU, la ASF explica que el punto se consideró solventado luego de que la contraloría iniciara un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas identificado con el número de expediente CGE/DIAEP/EIA-001/2026.
