Fernanda Durán
Con 25 votos a favor, el Pleno del Congreso del Estado aprobó esta semana el dictamen que autoriza al Poder Ejecutivo desincorporar de su patrimonio 31 mil 119 bienes muebles, entre ellos 30 mil 571 muebles y equipos de oficina, así como 548 vehículos y maquinaria, al considerar que presentan obsolescencia, deterioro o agotamiento de su vida útil.
La autorización permitirá al Gobierno del Estado retirar estos bienes de su inventario patrimonial para posteriormente definir su destino, ya sea mediante donación o transferencia a instituciones públicas, cuando aún puedan ser aprovechados, o bien mediante los procedimientos legales de disposición final para aquellos que ya no sean reutilizables. El propio dictamen precisa que la desincorporación no implica su eliminación inmediata.
El expediente fue promovido por la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, encabezada por Noé Lara Enríquez, quien argumentó que, tras revisiones patrimoniales y dictámenes técnicos especializados, se concluyó que la reparación o rehabilitación de los bienes “no era económicamente viable ni financieramente justificable”.
El inventario no sólo contempla mobiliario y equipo de oficina antiguo, también incluye maquinaria pesada, bulldozers, perforadoras, motoconformadoras, motocicletas, patrullas, camionetas, automóviles y unidades de trabajo de distintas dependencias estatales, entre ellas vehículos con modelos recientes, como camionetas RAM 1500 modelo 2022, cuya incorporación al listado contrasta con la justificación general de obsolescencia o agotamiento de vida útil que sustenta la solicitud.
Otro de los aspectos que destaca del expediente es que el inventario contiene una columna denominada “Costo del bien”, donde se registra el costo histórico individual de adquisición de cada activo, con montos que van desde un peso, en bienes totalmente depreciados, hasta equipos de 16 mil pesos.
No obstante, el dictamen aprobado por el Congreso no presenta un concentrado del costo total que representan los 31 mil 119 bienes ni informa el valor patrimonial acumulado del inventario que será dado de baja.
Tampoco se informa cuál es el valor estimado de recuperación que el Gobierno del Estado espera obtener mediante la venta, reciclaje o disposición final de los bienes que no puedan ser reutilizados, pese a que el expediente señala que fueron elaborados dictámenes técnicos para determinar su condición física y económica.
Entre los bienes enlistados aparecen desde televisores analógicos, videocaseteras, ventiladores, equipos médicos, herramientas, escritorios y mobiliario de oficina, hasta maquinaria pesada Caterpillar, tractores, camiones, patrullas, camionetas pick up, Suburban, Silverado, Tsuru, Sentra, Pointer y diversos vehículos utilizados por la administración pública estatal.
Asimismo, el expediente refiere la existencia de 9 mil 140 bienes sin inventario individual, clasificados como desechos de electrónica, mobiliario, equipo médico, seguridad y otros materiales.
Como parte de la justificación, la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable sostiene que mantener estos bienes dentro del patrimonio estatal genera costos administrativos de almacenamiento, resguardo y control, por lo que la depuración permitirá actualizar los inventarios y facilitar la administración de los activos públicos.
Asimismo, señala que aquellos bienes susceptibles de reutilización podrán ser donados o transferidos a otras instituciones públicas antes de proceder a su disposición definitiva.
