María Ruiz
Habitantes del fraccionamiento Puerta de Piedra solicitaron formalmente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el retiro del distintivo internacional Ciudad Árbol del Mundo otorgado a la capital potosina, en protesta por la intención del Ayuntamiento de San Luis Potosí de vender el terreno que fue rehabilitado y tenía el potencial de convertirse en un bosque urbano comunitario.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Comité Ciudadano Bosque Urbano Puerta de Piedra, la inconformidad surge por la decisión de la administración encabezada por Enrique Galindo Ceballos de subastar un predio ubicado en la calle República de Venezuela, el cual fue donado y posteriormente recuperado por vecinos como espacio verde desde 2024.
Los habitantes señalan que esta medida “contradice el discurso oficial de preservación del medio ambiente”, al tratarse de un área que ya opera como un bosque urbano consolidado mediante el método Miyawaki, reconocido por su capacidad de regeneración ecológica.
En el documento, los ciudadanos advierten que, pese a la existencia de recursos legales en curso, la autoridad municipal mantiene su postura.
“A pesar de que actualmente existen dos amparos interpuestos para suspender el proceso de venta, la autoridad municipal mantiene la postura de subastar el terreno”, expone el comunicado.
El espacio, aseguran, no solo representa un punto de convivencia comunitaria, sino también un elemento ambiental clave, pues se “pone en riesgo un pulmón vital que ayuda a mitigar las islas de calor”, además de haber favorecido el regreso de especies como el cernícalo americano y el gavilán blanco.
Ante esta situación, el comité ciudadano cuestionó la congruencia del gobierno municipal al mantener un reconocimiento internacional en materia ambiental mientras impulsa acciones que, consideran, afectan directamente proyectos ecológicos locales.
“No se puede ostentar un reconocimiento internacional de sostenibilidad mientras se destruyen proyectos ecológicos vecinales de alto impacto”, señalaron.
Como parte de su estrategia, los inconformes enviaron una solicitud formal a la FAO en la que argumentan que “el interés patrimonial de la administración municipal está pasando por encima del derecho humano a un medio ambiente sano y de la biodiversidad”.
Finalmente, los vecinos reiteraron que continuarán con la defensa legal y social del predio, al que consideran “un símbolo de resiliencia climática y reconstrucción del tejido social”, e hicieron un llamado a organismos internacionales para evaluar la congruencia de las políticas ambientales del Ayuntamiento de San Luis Potosí frente a los hechos denunciados.
