Fernanda Durán
Promoventes de los amparos contra la subasta de predios municipales en Puerta de Piedra acudieron nuevamente al Congreso del Estado para entregar un escrito de ampliación y precisión sobre su planteamiento ciudadano, con el que buscan que el caso sea analizado más allá de la venta de terrenos y se abra una discusión sobre gobernanza territorial, sostenibilidad urbana y protección de infraestructura ambiental en San Luis Potosí.
El documento fue dirigido a la Mesa Directiva, la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable y la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso local; fue firmado por Rodolfo Rocha Esparza, Luis Alberto Agundis Moreno, Erick Raúl Hernández Garay y Pedro Iván García Trujillo.
Los promoventes señalaron que este nuevo escrito surgió después de que desde el propio Congreso se les indicara que el tema de la subasta correspondía a facultades municipales y que el Poder Legislativo no podía intervenir directamente debido a la autonomía de los ayuntamientos.
Ante ello, explicaron que decidieron presentar una aclaración para precisar que su petición no busca que las y los diputados cancelen la subasta, sino abrir una revisión institucional y técnica.
“Ellos están diciendo que no pueden meterse en el proceso de la subasta, pero nunca se puso en el escrito el problema de la subasta”, afirmó Pedro Iván García Trujillo.
El documento plantea que el caso trasciende una discusión patrimonial o administrativa, y propone abrir mesas de análisis sobre sostenibilidad urbana, resiliencia metropolitana y actualización de instrumentos legales y territoriales, al considerar que actualmente existen “vacíos estructurales” en materia ambiental, urbana y metropolitana.
Durante la rueda de prensa, Agundis Moreno afirmó que el amparo 474/2026 continúa vigente, mientras que otros movimientos y recursos legales similares ya comenzaron a sumarse en distintos puntos de la ciudad.
Según dijo, esto refleja que el conflicto no se limita únicamente al fraccionamiento Puerta de Piedra, sino que evidencia un problema urbano y ambiental más amplio.
“No solamente somos unos vecinos, como nos hace querer ver el Ayuntamiento de San Luis Potosí, que estamos en contra del progreso o en contra de la construcción”, afirmó, al rechazar también señalamientos sobre presuntos intereses partidistas detrás del movimiento.
Los promoventes señalaron además que organizaciones y colectivos relacionados con otros conflictos ambientales, como la defensa del río Paisanos, han comenzado a acercarse al movimiento.
Por su parte, Pedro Iván García Trujillo insistió que la solicitud entregada al Congreso no busca intervenir directamente en el procedimiento administrativo de subasta, sino analizar las implicaciones de la desincorporación de áreas verdes y espacios de equipamiento urbano.
“Nosotros sabemos que los municipios tienen una libertad, pero actualmente el tribunal (…) acaba de decir que no es una autonomía absoluta”.
García Trujillo sostuvo que actualmente existe un debate constitucional sobre el alcance de las facultades municipales en materia ambiental y cuestionó que áreas de donación o espacios destinados a infraestructura urbana puedan venderse sin considerar su función territorial y ecológica.
Entre las solicitudes planteadas al Congreso, los vecinos pidieron integrar formalmente el escrito al expediente legislativo ya abierto, valorar la creación de un punto de acuerdo y ampliar el análisis hacia otras comisiones relacionadas con medio ambiente, agua, movilidad, derechos humanos, participación ciudadana y sostenibilidad. También solicitaron impulsar mesas técnicas e institucionales para revisar el marco territorial y urbano estatal, así como discutir posibles mecanismos de actualización normativa.
“Estamos solicitando que el Congreso cree un punto de acuerdo, que ellos llamen al municipio a que transparenten muchos datos, porque muchos datos no son transparentes”, indicó García Trujillo.
Los promoventes sostuvieron además que el proceso de subasta no puede considerarse totalmente concluido, debido a que la propia convocatoria establece que la operación termina hasta la liquidación completa de los predios.
En cuanto a las suspensiones judiciales, García Trujillo recordó que el Juzgado Segundo de Distrito otorgó medidas cautelares dentro del amparo 474/2026 para evitar modificaciones sobre los terrenos mientras continúa el juicio.
Finalmente, los vecinos rechazaron la posibilidad de desistirse de los amparos a cambio de una eventual permuta de terrenos, al considerar que los espacios en disputa forman parte de la infraestructura urbana y ambiental de toda la ciudad.
“No es sólo el espacio del fraccionamiento, sino es el espacio verde, el pulmón verde de toda la ciudad”, concluyó Agundis Moreno.
