A 30 días de la extinción de la CEGAIP: sin cabildos, sin ruta y con incertidumbre

A 30 días de la extinción de la CEGAIP: sin cabildos, sin ruta y con incertidumbre

Han pasado treinta días desde que el Congreso del Estado aprobó la extinción de la CEGAIP, sin que hasta ahora la minuta haya sido ratificada por al menos 31 cabildos, requisito indispensable para que la reforma constitucional entre en vigor.

En consecuencia, ni siquiera ha comenzado a correr el plazo de 120 días naturales para la emisión de la legislación secundaria que definirá el nuevo modelo de transparencia. Mientras eso no ocurra, el organismo continúa operando de manera transitoria, sin claridad sobre el alcance real de su desaparición.

Lo que sí queda claro es la falta de ruta. A un mes de la aprobación, ni siquiera la Comisión de Transparencia del Congreso tiene definido el parámetro que seguirá para construir las leyes secundarias, en buena medida porque desde el Ejecutivo no se ha delimitado el marco normativo que pretenden impulsar.

Y ahí es donde empieza el contraste.

Cuando una reforma interesa políticamente, los tiempos se acortan. La iniciativa para obligar a postular únicamente mujeres en la elección de 2027 avanzó en cuestión de días: entre cinco y diez bastaron para que 34 ayuntamientos —en su mayoría gobernados por el Partido Verde— aprobaran la minuta, incluso mediante sesiones que se limitaron a votaciones rápidas.

Pero cuando no hay prisa, los procesos se dilatan.

Ahí está el caso de la interrupción legal del embarazo, cuya discusión permaneció meses en la congeladora. Aunque el artículo 138 de la Constitución local establece que los cabildos tienen hasta dos meses para pronunciarse —y que, de no hacerlo, se considera aprobado—, ese plazo depende de que el Congreso notifique formalmente la minuta. En ese caso, la notificación tardó cerca de tres meses, alargando artificialmente el proceso.

La extinción de la CEGAIP, hasta ahora, parece seguir ese segundo ritmo.

Y no es un tema menor. San Luis Potosí ha construido, durante años, un andamiaje normativo en materia de transparencia que incluso supera en algunos aspectos a la legislación general, y que podría diluirse si no se incorpora de forma expresa en las nuevas leyes.

Ahí están obligaciones como la publicación mensual del desglose de gastos de operación —no trimestral—, las minutas de reuniones entre funcionarios y particulares, las agendas públicas de los titulares, los convenios de distribución de recursos o los informes y cuentas públicas. Mecanismos que permiten un seguimiento más puntual del uso del dinero público y que no necesariamente están garantizados en el modelo federal.

Mientras tanto, al interior de la CEGAIP la preocupación es más inmediata.

Independientemente de lo que ha dejado a deber en materia de acceso a la información, el organismo enfrenta uno de sus principales retos administrativos: definir el destino laboral de sus 46 trabajadores, todos de base y algunos con hasta 20 años de antigüedad. De acuerdo con lo expuesto por su presidente, José Gerardo Navarro Alviso, la liquidación podría superar los 13.5 millones de pesos, aunque ese escenario dependerá de lo que determinen el Congreso y las leyes secundarias.

Por ahora, no hay certezas si costará menos o más. No saben si serán liquidados o absorbidos por el nuevo esquema de transparencia. Lo único claro es que la decisión no está en sus manos.

Aun así, desde el propio organismo ya se trabaja en una propuesta para incidir en la construcción de las leyes secundarias, en un intento por no quedar completamente al margen del rediseño institucional.

A esta incertidumbre se suma un problema operativo: la CEGAIP funciona actualmente sin uno de los integrantes de su pleno, sin posibilidad de nombrar a un comisionado supernumerario por vacíos en la legislación. Las resoluciones se siguen emitiendo bajo esa integración incompleta, una condición que el propio organismo sostiene como válida, aunque evidencia las limitaciones del modelo actual.

Así, a un mes de haber aprobado su desaparición, la CEGAIP sigue existiendo en los hechos, pero sin un horizonte claro sobre su futuro. Y, hasta ahora, tampoco lo tiene el sistema de transparencia que la sustituirá.

Y ya estando…

MÁS POR OBLIGACIÓN: Por ahora, los “Defensores de México” existen más en el discurso que en los hechos: sin presencia conjunta y sin una estrategia visible en lo local. La única que se veía con la intención de limar asperezas era Frinne Azuara, pero Sara Rocha y Galindo ni la intención de ver a sus otros “compañeros”.

TEE VS STJE: Lo que comenzó como una impugnación electoral por elegibilidad terminó convirtiéndose en un conflicto institucional de mayor calado dentro del propio Tribunal Electoral. El caso de Zelandia Bórquez y la magistrada Carolina López Rodríguez no solo no se cerró con la resolución sobre la candidatura, sino que ha evolucionado hacia un terreno más delicado en la Sala Superior… aunque ni siquiera ha podido resolverse. El proyecto —aún sin votar— advierte que las actuaciones internas del propio tribunal podrían estar obstruyendo el ejercicio del cargo de la magistrada Carolina, y aun así sigue en pausa por el aplazamiento de sesiones.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.