Fernanda Durán
Con la publicación del Decreto 0506 en el Periódico Oficial del Estado, entró en vigor la reforma constitucional que marca el inicio formal del proceso para la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y la reconfiguración del sistema de transparencia en el Estado.
A partir de su entrada en vigor, el 2 de abril, comenzó a correr el plazo de 120 días naturales para la emisión de la legislación secundaria, por lo que restan 114 días para que el Congreso del Estado defina el nuevo modelo institucional; será hasta ese momento cuando se concrete la extinción del organismo autónomo.
Mientras tanto, la CEGAIP continuará operando de manera transitoria, en tanto no se emitan las nuevas disposiciones legales que establecerán las autoridades responsables de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales.
El decreto modifica la distribución de competencias en la materia al establecer que la tutela del derecho de acceso a la información en el ámbito estatal y municipal corresponderá al Poder Ejecutivo, a través de un organismo desconcentrado sectorizado a la Contraloría General del Estado.
En el caso del Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos, la función será asumida por sus respectivos órganos internos de control o áreas homólogas, lo que implica que cada sujeto obligado será responsable de garantizar y revisar el cumplimiento de sus propias obligaciones en materia de transparencia.
El nuevo esquema prevé además la creación de un Subsistema de Transparencia del Estado como mecanismo de coordinación entre estas autoridades, con atribuciones para unificar criterios, evaluar políticas públicas y articular la rendición de cuentas.
En los artículos transitorios se establece que la CEGAIP se extinguirá una vez que entren en vigor las leyes secundarias, las cuales deberán regular la transferencia de funciones, recursos materiales, plataformas y sistemas hacia el nuevo organismo garante.
Asimismo, se dispone que las personas comisionadas concluirán sus funciones al momento de la entrada en vigor de la legislación, con lo que se cierra el ciclo del órgano autónomo creado para garantizar el acceso a la información en la entidad.
En cuanto al personal, el decreto señala que los derechos laborales de las y los trabajadores deberán ser respetados en su totalidad, y que los recursos humanos podrán ser incorporados a las nuevas estructuras institucionales, conforme lo determinen las leyes secundarias.
