Fernanda Durán
El Congreso del Estado afirmó que enfrenta un nuevo obstáculo para cumplir con las consultas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): la imposibilidad legal de ampliar su presupuesto, derivada de la reciente reforma electoral federal conocida como “plan B”.
El diputado Héctor Serrano Cortés, integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que tras revisar la ruta técnica para realizar las consultas, particularmente la indígena, el principal problema es financiero.
“Tenemos un problema en base a lo que nos presenta el área de finanzas, el cálculo que se hace por el incremento inflacionario y demás, nos llevaría en la consulta indígena a un promedio entre 12 y 14 millones. En el caso de la de discapacidad, entre 4 y 6 millones de pesos, entonces estamos hablando de entre 18 y 20 millones de pesos”.
El legislador señaló que, con base en el artículo octavo transitorio de lo aprobado recientemente a nivel federal, ya no es posible solicitar una ampliación presupuestal, lo que coloca al Poder Legislativo en una situación de bloqueo para avanzar en el proceso.
“Estamos impedidos por ley a pedir una ampliación presupuestal (…) está prohibida cualquier solicitud de incremento”.
De acuerdo con Serrano, el Congreso ya cuenta con una “ruta crítica” para realizar la consulta conforme a la Ley de Consulta Indígena, la cual incluye al menos 12 etapas, desde el diagnóstico hasta la institucionalización de resultados. Sin embargo, el procedimiento se encuentra detenido en una fase clave.
“Nos estamos llegando al segundo punto, que obliga que no podemos avanzar si no contamos con el presupuesto necesario y no tenemos ese presupuesto”.
Justificó que entre los requisitos que encarecen el proceso se encuentran la contratación de traductores, personal técnico, logística en comunidades y el desarrollo de múltiples ejercicios de consulta en territorio.
“Hay que contratar traductores, contratar un secretario técnico (…) hay que hacer las propias consultas en las diferentes comunidades es un procedimiento que establece la ley”.
Ante esta limitante, el Congreso optó por trasladar la responsabilidad a la determinación de la Suprema Corte. Según Serrano, el área jurídica ya prepara una comunicación formal para solicitar orientación sobre cómo cumplir con la sentencia sin contar con los recursos necesarios.
“El jurídico va a hablar con la Suprema Corte para decirles cómo lo podríamos resolver porque estamos impedidos hoy a solicitar cualquier incremento presupuestario”.
Incluso, reconoció que no existe aún una solución definida y que esperan que sea el propio tribunal constitucional quien plantee alternativas.
El diputado atribuyó esta situación a los efectos de la reforma electoral federal, que establece límites al gasto de los congresos locales e impide incrementos presupuestales una vez aprobado el ejercicio fiscal.
Aunque negó que se trate de una afectación directa, admitió que sí limita el cumplimiento de las consultas.
“No contamos con el dinero (…) más que afectar el desarrollo de la consulta, digamos que eso limita la posibilidad de la consulta en base a las condiciones presupuestales que tenemos”.
La postura del Congreso se da en medio de plazos establecidos por la Suprema Corte para acreditar avances en consultas relacionadas con derechos de pueblos indígenas, personas afromexicanas y personas con discapacidad, derivadas de diversas acciones de inconstitucionalidad.
Aunque el Congreso ya aprobó en el Pleno el acuerdo de la Jucopo y la Directiva con el que formaliza esta ruta y la notificación a la Corte, el propio legislador insistió que sin recursos el cumplimiento podría quedar condicionado a lo que determine el máximo tribunal.
