Por Victoriano Martínez
Cuando quienes encabezan un organismo garante de derechos, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no tienen claridad sobre sus obligaciones y el compromiso que deben atender de cara a su público objetivo, en este caso las víctimas, lo único garantizado es que la institución se degrade.
El equipo de la CEDH, actualmente encabezado por Giovanna Argüelles Moreno, lleva siete años sin lograr elaborar un informe especial sobre desapariciones. Una omisión que da cuenta de la falta de claridad sobre el papel que deben desempeñar en ese tema.
Si la tuvieran, ya habrían descrito la situación, acompañada de un recuento de las acciones y sus avances en la atención a las víctimas secundarias y el impulso a las acciones de búsqueda.
Hace tres años se contó con un borrador del informe, aunque la falta de claridad sobre sus objetivos provocó que el documento fuera equiparables a un ensayo o un proyecto de tesina.
“Hace falta mucha información, no hay con certeza en ese informe cuántas fosas clandestinas hay en el estado, cuántos panteones forenses existen. No tiene nada sobre esa información, ni siquiera tiene los puntos donde se han realizado hallazgos”, comentó entonces Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.
El 14 de junio del año pasado, ese colectivo presentó en una manifestación frente a la CEDH un informe sombra en el que documentaron con cifras oficiales, testimonios de víctimas y un análisis territorial exhaustivo, la grave crisis de desapariciones que atraviesa San Luis Potosí.
Dos días después se hizo la entrega formal a Argüelles Moreno del documento en el que se evidencia de cómo la omisión prolongada por parte de la CEDH con su propio informe vulnera derechos constitucionales, como el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral.
En aquel encuentro se estableció un plazo para que la CEDH diera a conocer su propio informe: seis meses.
En las primeras semanas del plazo, Argüelles Moreno declaró que iniciaron un proceso de revisión del informe sombra para hacer ajustes y posibles pronunciamientos institucionales en materia de desaparición de personas.
Habían transcurrido seis años del compromiso de realizar ese informe cuando el trabajo del colectivo de buscadoras aparentemente les servía para tener claridad en el trabajo que tenían pendiente.
El plazo para el informe oficial en materia de desapariciones venció el pasado 16 de diciembre y, a cuatro meses de vencido, desde la CEDH no hay señales de su elaboración ni se tiene fecha para su presentación.
“Tengo entendido que ya corrieron al visitador que llevaba el informe. Se estuvo diciendo a mis compañeras que ya lo tenía, que ya lo tenía, pero ya lo corrieron”, mencionó Pérez Rodríguez.
A siete años de la primera fecha comprometida para entregar el informe especial sobre desapariciones, y tras esa ruta de indolencia y negligencia de parte de los funcionarios de la CEDH, resulta lógica la expresión de Pérez Rodríguez:
“¿Qué esperamos con el informe que presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Nada”.
Así la ruta de un organismo con funcionarios que, al no tener claras sus responsabilidades, difícilmente pueden describir sus acciones en un informe y, en consecuencia, no pueden tomar medidas para dar una mejor atención a las víctimas, sino que se degrada de tal manera que de ella ya no se puede esperar nada.
