Abelardo Medellín Pérez
Cuando una estrategia de seguridad depende más de las etiquetas que de la cooperación, los resultados nunca benefician a la ciudadanía, sino únicamente a la imagen de quienes usan las fuerzas del orden como plataforma de propaganda.
Esta semana tanto la Secretaría General de Gobierno como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que el gobierno tiene planeado crear una nueva división de la Guardia Civil Estatal que se encargará de los puntos carreteros destinados a la atención ciudadana.
El anuncio fue, como muchas otras ideas armadas al aire por este gobierno, escueto, insuficiente y demasiado optimista como para confiar.
Según el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, esta división tendría una formación exclusiva para la proximidad social y el poder asesorar a personas en carretera, y aunque podamos conceder que los actuales elementos tienen extensas áreas de oportunidad en esas actividades, cabe la duda de si será necesario lo que propone la administración.
Para empezar la propuesta parece ser únicamente un nuevo brote de la ya conocida “corporacionitis” que padece la administración estatal. Esto es su manía inexplicable de inventar divisiones de la Secretaría de Seguridad cada que necesitan mostrar su artificial compromisos con esta materia.
El primer brote de “corporacionitis” llegó apenas un mes después de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tomó posesión en el gobierno. En octubre de 2021 la administración presentó a un grupo de fuerzas especiales integrado por 43 elementos y sobre quien ni siquiera se reveló qué mando los coordinaba.
Para mayo de 2022, Gallardo Cardona dio el banderazo de arranque a la Guardia Civil Estatal, su intento de reestructura a las fuerzas policiales del estado cuyo mayor cambio fue el uniforme, una inversión de 355 millones de pesos en su primer año de operaciones y la adquisición opaca de más de 120 vehículos para tareas de seguridad.
Un año después, en mayo de 2023, la administración presentó oficialmente a la División de Caminos de la GCE; 100 elementos, 50 mustangs y la promesa de que serían muy útiles para patrullar carreteras, aunque sin capacidades claras, dado que sus áreas de patrullaje son de jurisdicción federal.
Desde entonces todo ha sido refrito tras refrito; como ejemplo, en agosto de 2025 el gobierno comunicó que emprendería una nueva estrategia de seguridad que contemplaba 30 elementos de una nueva fuerza táctica especial, seis nuevos vehículos tipo “Rhino”, 18 unidades terrestres nuevas y 35 arcos carreteros.
A un año de concluir el sexenio, el gobierno se acaba de acordar que la policía también puede (debe) tener la capacidad de hacer trabajo de proximidad social. ¿Y a caso la propuesta es capacitarlos mejor y promover incentivos para las mejores prácticas?…
No, la solución es crear una División Especial para Tratar con Ciudadanos en Carretera.
Hasta ahora lo que no queda claro es cuál fue la necesidad que motivó esto. Porque los eventos que preocupan en carreteras no son los conductores perdidos o los turistas buscando los mejores baños carreteros; no, los problemas son el robo a mano armada, el secuestro de migrantes y los caminos ignorados por la autoridad que se vuelven betas criminales.
Para ese tipo de problemas la solución no es mandar a hacer nuevos uniformes y rotular nuevas patrullas, no se necesita un evento pomposo con elementos desfilando y funcionarios con banderitas. Lo que se necesita es una coordinación más efectiva y flexible ante las recomendaciones de otros ordenes de gobierno.
Lamentablemente esa solución no está en el mapa de la autoridad, porque la coordinación es algo que presumen cada que abren la boca, pero que olvidan cada que corre peligro su imagen.
Uno de los convenios de cooperación más presumidos, por ejemplo, es el que se firmó con Zacatecas en 2023… ¿De que sirvió el convenio y la cooperación cuando se detuvieron elementos potosinos por su presunta participación en el abandono de cuerpos en tierras zacatecanas?
En un caso tan complejo que exigía coherencia, claridad de objetivos y cooperación en la entrega de información, ambas autoridades fallaron estrepitosamente y convirtieron la crisis en un teléfono descompuesto de dimes y diretes.
Con un panorama así, queda claro que el gobierno no apuesta a una estrategia seria y con metas claras; apuesta a que hayamos olvidado todas las veces anteriores en que su única estrategia era de comunicación. Un banderazo vistoso, patrullas brillantes, un desfile de elementos, uniformes nuevos, decenas de boletines y cero justificación para todo ello.
Esa es la estrategias de seguridad de un gobierno cuya supervivencia política depende de la propaganda constante y no de los resultados plausibles.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
