Fernanda Durán
Luego de la manifestación ciclista realizada este domingo en la capital potosina, donde colectivos exigieron avanzar en la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, diputadas y diputados locales reconocieron que el proceso legislativo continúa en análisis y sin una fecha definida para su aprobación.
La diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, señaló que el trabajo en torno a la iniciativa se mantiene activo mediante mesas de diálogo con colectivos y dependencias estatales, aunque existen dificultades técnicas para su implementación.
“Se han tenido varias mesas de trabajo con los colectivos, y el Gobierno del Estado está con las puertas abiertas para que se lleve a cabo todo este movimiento con las diferentes ciclovías que se pretenden hacer”.
Explicó que uno de los principales retos se encuentra en la infraestructura urbana existente, particularmente en vialidades con limitaciones de espacio, como ocurre en el Centro Histórico.
“No vamos lejos, las calles del Centro, están pidiendo ciclovía en el Centro y sí está, con cierta dificultad, se está analizando, viendo con las diferentes dependencias como se va a solucionar y cuales van a ser las medidas”, sostuvo.
Además, señaló que el fenómeno de la movilidad ya no se limita al uso de bicicletas, sino que incluye otros medios como patines eléctricos, lo que ha generado nuevos conflictos en el uso del espacio público, especialmente en banquetas.
“Ya no estamos hablando de bicicletas, también patines eléctricos donde los peatones se están quejando de que se suben a las banquetas y que también corren peligro”.
No obstante, la legisladora también atribuyó la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí ante los exhortos emitidos por el Congreso para atender la problemática.
“Hemos emitido varios exhortos al municipio (…), pero no hemos tenido alguna respuesta”, declaró, al tiempo que destacó que el acompañamiento ha sido principalmente desde el Gobierno del Estado y dependencias como Seduvop.
Por su parte, el diputado Emilio Rosas, integrante de la misma comisión, consideró que la manifestación evidencia una demanda social acumulada en torno a la seguridad vial y la falta de infraestructura adecuada.
El legislador subrayó la necesidad de contar con un plan maestro de ciclovías que permita conectar los tramos existentes y responder a los patrones reales de movilidad.
“Estamos hablando de alrededor de 9 mil ciclistas diarios, nada más en la zona metropolitana de San Luis Potosí”, indicó, con base en el conteo ciclista de 2025.
Asimismo, planteó que la política pública debe incorporar el concepto de intermodalidad, es decir, la conexión entre distintos medios de transporte, así como la instalación de biciestacionamientos seguros y la implementación de sistemas de bicicletas públicas.
En cuanto al avance legislativo de la llamada Ley Santi, Rosas explicó que la propuesta original presentada antes de la actual legislatura fue retomada y ampliada con la participación de académicos, colectivos y dependencias estatales, lo que derivó en una nueva versión en análisis por el Ejecutivo.
“Esta iniciativa nueva (…) ha estado en el análisis del Gobierno del Estado. Se le dio consideración a alrededor de 11 dependencias, ya todas emitieron sus opiniones”.
Sin embargo, precisó que el Congreso aún se encuentra a la espera de que la iniciativa sea formalmente presentada por sus promoventes, principalmente los colectivos ciudadanos, por lo que no existe una fecha concreta para su discusión en el Pleno.
Aun así, el diputado hizo un llamado para que el proceso no se prolongue más allá de este año, ante el riesgo de que el contexto electoral frene su avance: “que se presente y se apruebe en este año 2026. No quiero que empiece el año electoral con las campañas y deje de ser una prioridad”.
Las posturas de las y los legisladores se dan en un contexto donde colectivos han señalado que el Congreso mantiene una deuda en materia de movilidad, pese a que desde 2024 se aprobó una armonización preliminar de la ley general, con el compromiso de profundizarla en la actual legislatura.
