Estela Ambriz Delgado
En su participación en el foro para socializar la Norma Técnica Ecológica Estatal NTE-SEGAM-003/2025, el abogado Luis González Lozano, de la Asociación Civil Cambio de Ruta, expresó que esta debe de entenderse no sólo como un requisito administrativo, ya que es una herramienta para proteger la salud, ordenar la actividad económica, reducir emisiones, y generar certeza jurídica.
Destacó la importancia de la convocatoria de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) que conjuntó a la ciudadanía, organizaciones, sector productivo, y a las autoridades para hablar de la calidad del aire, que en buena medida surge por la resolución judicial derivada del amparo interpuesto por la AC en marzo de 2023.
Indicó que con el juicio de amparo se reclamó la omisión en la elaboración de esta NTE y ahora, después de mucho esfuerzo de todos los que han participado, se materializa. En este sentido señaló que no se trató de litigar contra alguien por litigar, sino de una voz ciudadana para que se trabajara en ello.
El abogado también manifestó que, el foro debía verse conforme al Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional y una guía práctica para entender que las decisiones ambientales deben de tomarse con información, con participación pública y acceso a la justicia.
“Cuando hablamos de una norma que puede impactar la calidad del aire, la salud pública, el territorio, las actividades productivas y la vida cotidiana de muchas comunidades, la participación ciudadana no es un favor de la autoridad, es un derecho”.
De la misma forma, hizo mención que cuando se escucha, se dialoga, se construye con información técnica, social, y jurídica, una norma como esta nace con efectividad.
Agregó que sin justicia ambiental no hay justicia social, por lo que es necesario entender que la contaminación no afecta a todos por igual, pues se agudiza para quienes viven más cerca de las fuentes de donde emana, infancias, adultos mayores, personas enfermas, trabajadores expuestos, comunidades que históricamente han tenido menos capacidad de defensa.
Por ello González Lozano conminó a que esta norma no se vea solamente como un requisito administrativo para el sector, pues también debe de entenderse como una herramienta para proteger la salud, ordenar la actividad económica, reducir emisiones, generar certeza jurídica y evitar que el desarrollo se construya a costa del aire que respiran los potosinos.
“Ojalá logremos ese círculo virtuoso, de verdad que no se trata de satanizar a quienes trabajan, ni desconocer la realidad económica de muchas familias. Se trata de transitar con seriedad hacia mejores prácticas, tecnologías más limpias, reglas claras y responsabilidades compartidas. El desarrollo económico y la protección ambiental no tiene por qué ser enemigos, pero para que puedan convivir se necesita regulación, vigilancia, cumplimiento y participación”.
Para concluir, dijo que desde Cambio de Ruta creen que este momento debe asumirse con responsabilidad. Puntualizó que al gobierno le corresponde emitir normas claras, técnicamente sólidas aplicables y verificables; a las empresas y sectores regulados, cumplir, adaptarse y entender que la protección ambiental ya no es opcional; y a la ciudadanía, participar, vigilar, preguntar, exigir información y entender el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
