Desiree Madrid
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció este jueves que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumirá de manera directa el pago de la nómina de las maestras y los maestros del sistema de Telesecundaria en San Luis Potosí, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
El mandatario afirmó que la federalización económica del subsistema, es una demanda histórica del magisterio potosino y resultado del diálogo con la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El conflicto en torno a las Telesecundarias ha sido uno de los temas más persistentes en la agenda educativa del estado durante el último año. Aproximadamente mil 200 docentes distribuidos en 78 zonas del subsistema y en los 59 municipios de la entidad protagonizaron movilizaciones recurrentes para exigir el pago de prestaciones atrasadas y la homologación salarial con el resto del magisterio federalizado, con adeudos que en algunos casos databan de más de 12 años.
En septiembre de 2025, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a San Luis Potosí, Gallardo Cardona le planteó directamente la situación. Según su versión, Sheinbaum giró de inmediato la instrucción para que los salarios pendientes fueran cubiertos desde la Federación, dado que se trata de docentes con plaza federal, “y se resolvió de un momento a otro”.
Sin embargo, semanas después del encuentro con la presidenta, la solución aún no se había consolidado. El entonces secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, reconoció que los trámites con la Federación se habían estancado en el proceso de homologación salarial.
“Estamos un poquito detenidos en la homologación, que es lo que está pendiente ahorita”, declaró en entrevista.
Ante esa demora, el Gobierno del Estado optó por cubrir de manera provisional los salarios, asumiendo una carga que formalmente correspondía a la Federación.
La secretaria de Finanzas del estado, Ariana García Vidal, reveló en noviembre de 2025 que el pago de la nómina del subsistema requería un gasto aproximado de dos mil 200 millones de pesos anuales, mientras que los recursos federales etiquetados para el tema apenas alcanzaban entre 600 y 800 millones de pesos.
El faltante era absorbido cada año por el erario estatal, con apoyos del Ramo 180 que, por su naturaleza irregular, no garantizaban estabilidad presupuestal.
García Vidal también explicó que parte del problema derivaba de las diferencias entre lo que el Estado pagaba y lo que la Federación reconocía como válido. Tras la federalización nominal de la nómina, bonos y prestaciones que forman parte del ingreso de los docentes quedaron fuera de los registros federales.
Esa disparidad generó un doble conflicto: los maestros exigiendo la conservación de sus derechos y la Federación negándose a absorber esos montos, mientras el Estado los cubría sin que le correspondiera formalmente hacerlo.
La conciliación de información entre ambos órdenes de gobierno había sido otro obstáculo. La secretaria de Finanzas indicó que sostuvo reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la SEP para intentar empatar datos, pero el proceso seguía pendiente.
“Necesitamos conciliar la información que ellos tienen con la información que nosotros tenemos”, señaló, anticipando que la problemática continuaría en 2026 y que el Estado asumiría nuevamente la nómina mientras no se resolviera de fondo.
El anuncio de este jueves representa, según el gobierno estatal, el cierre formal de esa brecha: la transferencia definitiva de la responsabilidad de pago a la SEP a través del FONE, el mecanismo federal diseñado precisamente para financiar las nóminas del magisterio en los estados.
El gobernador atribuyó el logro al trabajo conjunto con la presidenta Sheinbaum y a la coordinación permanente con la Sección 26 del SNTE, que acompañó el proceso de negociación a lo largo de los meses.
Queda pendiente verificar si la transferencia al FONE resuelve también la disputa sobre los bonos y prestaciones históricas que la Federación se había negado a reconocer, punto que según la propia Secretaría de Finanzas continuaba sin una ruta clara de solución hasta finales de 2025 y que representaba el nudo central del conflicto para los docentes afectados.
