Por Victoriano Martínez
El encarcelamiento y las órdenes de aprehensión giradas contra personas comunicadoras de medios y defensoras de derechos humanos como acto de represión y el uso como instrumento penal de lo que se ha dado en llamar Ley Serrano cada día requiere de más explicaciones por parte de las autoridades y hoy podría ser un día clave.
A la Fiscalía General del Estado (FGE) hoy se le vence el plazo para presentar sus informes justificados dentro de los juicios de amparos iniciados por varias de las 11 personas mencionadas en el oficio número FGE/D01/796489/12/2025, que circuló en redes sociales.
Lo que reporte la FGE a los juzgados federales será información sobre las indagatorias que dieron pie, o no, a que se giraran las órdenes de aprehensión contra las personas que se mencionan en el mencionado oficio. Será una forma, con los acusados como intermediarios, como se evada la opacidad extrema, y no tanto sigilo, con que se ha manejado la Fiscalía.
De entrada, lo primero que puede resultar de tales informes es la confirmación o no de la autenticidad de ese documento, luego de que después de varios días se hicieron circular versiones alternativas con la aparente intención de desacreditarlo.
Entre las personas que tramitaron amparos, hay quienes hicieron indagaciones en la propia FGE y señalan que José Rubén González Ramos, el agente que lo firmó, no sólo confirma que lo hizo, sino que así se lo ordenaron.
Tan resulta real que personas que aparecen en esa lista cuentan con órdenes de aprehensión que en sus indagaciones han detectado que se trata de una denuncia que proviene del gobierno del estado como afectado y entre los datos que han podido conocer de la carpeta de investigación es que la acusación incluye asociación delictuosa.
De acuerdo con esta versión, esa es la razón por la que los que se consideran involucrados no fueron llamados a comparecer y se ordenó su captura. También es la razón por la que a las dos mujeres detenidas se les mantuvo con prisión preventiva.
La inclusión de ese delito de asociación delictuosa también tiene efecto en las suspensiones provisionales de los juicios de amparo que tramitaron, ya que por esa razón se les da un plazo de tres días para que comparezcan ante la autoridad.
El caso del que más información se ha obtenido de la carpeta de investigación es el de Roxana Hernández Herrera, secretaria de Formación Política en el Estado y fundadora de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, quienes se han pronunciado por su defensa y forman parte del apoyo que recibe para conocer el expediente.
“¿Por qué Roxana está en una carpeta judicializada? Alguien desde el Congreso y la Secretaría de Gobierno consideró conveniente agregarla cuando ella ya era una dirigente consolidada de Morena. Se le asocia con un grupo de periodistas incómodos, insinuando que es conspiradora y casi señalándola como autora intelectual de la ‘guerra de memes con IA’”, comentaron los Guardianes.
De acuerdo con las indagaciones de los Guardianes, la integración de la carpeta de investigación se ha dado con tal desaseo, que la inclusión de Hernández Herrera en la lista de personas con órdenes de aprehensión se da por una confusión entre dos sitios Web con nombre parecido.
“En el colmo del absurdo confunden en la carpeta el portal “Potosinazo” con la “Potosiniza”. Una página la primera para campañas de detracción y la otra un Podscat de entrevistas, en donde Rox participó en algunos capítulos. Suficiente para involucrar tendenciosamente a Rox”, explicaron.
Una inclusión en la que ven además una intención de demostrar una presunta debilidad moral y social de los directivos de Morena, especialmente porque, consideran, “un partido en pie de lucha estaría hoy movilizado defendiendo a Roxana, denunciando y en alerta roja”.
Elementos que se conocen a cuenta gotas y que dejan ver que el tema va más allá de buscar sancionar el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) a partir de la Ley Serrano y su tendenciosa y convenenciera forma de pretender regular la IA.
La presunta buena intención con la que se tipificaron los delitos con la IA pronto dejó ver lo que se advirtió en su momento: la facilidad con la que se puede utilizar una tipificación tan ambigua para limitar e inhibir la libertad de expresión en general, no sólo de quienes ejercen el Periodismo.
