Fernanda Durán
Con 19 votos a favor y seis en contra, el Congreso del Estado aprobó una reforma para incorporar a la legislación local una nueva causal de nulidad electoral relacionada con actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados de una elección, en cumplimiento de una reforma constitucional federal aprobada este año.
La modificación adiciona un párrafo al artículo 33 de la Constitución local e incorpora un nuevo supuesto en el artículo 52 de la Ley de Justicia Electoral del Estado para que puedan anularse elecciones cuando se acrediten actos de intervención extranjera que hayan influido en los resultados electorales. La reforma deriva de la armonización obligatoria ordenada a las entidades federativas tras los cambios aprobados a nivel federal.
Durante la discusión, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, expresó dudas sobre la efectividad práctica de la reforma debido al criterio de “determinancia” que actualmente rige en materia electoral.
Explicó que para anular una elección no basta con acreditar una irregularidad, sino que además debe demostrarse que esta fue determinante para el resultado de la contienda. El legislador planteó que aun si se comprobara una intervención extranjera, la nulidad podría no prosperar cuando la diferencia entre los candidatos sea amplia:
“¿Qué pasaría si se probara una injerencia extranjera, pero que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera más del 5 por ciento? Pues quedaría fuera de los términos en materia electoral para poder anular una elección”.
Guajardo consideró además que la carga de la prueba seguirá siendo uno de los principales obstáculos para hacer efectiva la nueva disposición.
“La carga probatoria tiene que ser por parte de quien impugna y en materia electoral es muy complicado poder tener una carga probatoria porque se tiene que probar por modo, tiempo y lugar y no es nada fácil”.
Por ello, concluyó que la reforma tendrá efectos limitados. “Estamos convencidos de que esto no nos llevará a nada”, afirmó.
La diputada priista Frinné Azuara Yarzábal, quien votó en contra del dictamen y argumentó que el problema real de las elecciones mexicanas no es la injerencia extranjera, sino la influencia de grupos criminales.
“Si de veras nos preocupa la intervención en nuestras elecciones, entonces estaríamos hablando ya de lo que ocurre todos los días en muchos territorios de nuestro país, cuando comunidades viven con la amenaza directa de la delincuencia organizada”.
La legisladora sostuvo que existen regiones donde los grupos criminales influyen en las candidaturas y en el ejercicio del gobierno.
“Ellos deciden quiénes se postulan, quién se baja, quién gobierna. Esto sí es una intervención que modifica los resultados electorales en nuestro país”.
Azuara criticó que la reforma no contemple medidas específicas contra partidos o candidaturas vinculadas con la delincuencia organizada y acusó que la nueva figura podría utilizarse con fines políticos.
“Lo que les interesa es construir una herramienta política que les sirva al poder para arrebatárselo, porque ya saben que pueden perder varios estados”.
La diputada también expresó preocupación por los alcances que podría tener el concepto de injerencia extranjera y cuestionó los mecanismos para acreditar este tipo de conductas.
“Imagínense una nota periodística del Washington Post. Cualquiera de esas será tomada para otorgarle la fuerza y decir que como no eran los resultados esperados por ellos, lo tipifiqué como una injerencia extranjera”.
Pese a las críticas, la mayoría legislativa respaldó el dictamen, el cual establece que la nulidad únicamente podrá declararse cuando se acrediten actos de intervención extranjera que sean graves, dolosos, determinantes y con impacto en los resultados electorales, conforme a los criterios previstos en la Constitución federal.
La reforma entrará en vigor una vez que sea avalada por más de 30 cabildos y publicada en el Periódico Oficial del Estado, además obliga tanto al Tribunal Electoral del Estado como al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) a adecuar sus disposiciones normativas para su aplicación.
