Por Victoriano Martínez
La negligencia de los diputados en materia de transparencia ha provocado que dentro de cinco días se les muera antes de tiempo la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y la población se quede sin esa instancia como posibilidad para hacer valer su derecho de acceso a la información pública (DAIP).
Si bien la CEGAIP ha sido una nulidad para garantizar el DAIP, a partir del miércoles quedará convertida en un mero cascarón administrativo por tres omisiones por parte del Congreso del Estado: (1) no haber nombrado un comisionado hace un año, (2) incurrir en la misma falta este año y (3) no haber nombrado presidente de ese organismo autónomo.
El próximo martes concluye el nombramiento de Ana Cristina García Nales como comisionada. Con su salida, la CEGAIP se quedará son un solo comisionado, José Gerardo Navarro Alviso, porque el Congreso del Estado no inició hace dos meses el proceso para nombrar a su sucesor.
Hace un año pasó lo mismo con el procedimiento para nombrar al sucesor de Alfredo Solis Ramírez, lo que obligó a la CEGAIP a operar con sólo dos comisionades durante los últimos doce meses. Es decir, justo con el quórum mínimo para que el pleno pudiera sesionar.
A partir del miércoles, el pleno de la CEGAIP ya no existirá en tanto no se podrá reunir el quórum necesario para sus sesiones y no poder cumplir con el artículo 22 de su Reglamento Interior.
Sin que exista el pleno no hay manera para que opere el organismo y se puedan cumplir las 46 funciones que le atribuye el artículo 34 de la Ley de Transparencia estatal que, en sentido estricto, tienen que ver con la operación total del organismo. A partir del miércoles, ¿quién autorizará cada actividad que se desarrolle por parte del organismo? Funcionará sólo por inercia.
Navarro Alviso, el único comisionado que quedará en funciones, no podrá sesionar como pleno porque no representa el quórum, además de que el organismo funciona por ley como órgano colegiado y él solo no lo sería.
La tercera omisión –que aún podrían subsanar los diputados antes del martes– tiene que ver con que el periodo de Navarro Alviso como presidente de la CEGAIP concluye el martes. En una acción ridícula por la falta de previsión hasta hoy exhibida, los diputados podrían reelegirlo como presidente y disimular de último momento su negligencia. Los reelegirían sólo para que fuera el sepulturero.
Con esa acción podrían salvar por lo menos las nueve funciones administrativas que le atribuye al presidente el artículo 36 de la Ley de Transparencia que servirían para que cuando menos cuente con un fundamento legal para que resulten legales las medidas en las que tenga que participar para la extinción total del organismo.
Se trata de atribuciones meramente administrativas que de ninguna manera salvan las funciones sustantivas del organismo que tienen que ver con garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. De por sí la CEGAIP sirvió muy poco para garantizar esos derechos. A partir del miércoles se vuelve nada.
La negligencia y falta de interés de los diputados en la transparencia resulta aún mucho más grave que dejar a la población antes de tiempo la sin instancia que les garantice esos dos derechos.
“El Congreso del Estado tendrá un plazo de ciento veinte días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados”, dice el artículo segundo transitorio del Decreto 0506 que extingue a la CEGAIP.
El siguiente transitorio señala que “con la entrada en vigor de la legislación secundaria a la que hace referencia el artículo transitorio inmediato anterior, se entenderá extinta la CEGAIP”.
Los 120 días naturales se vencen el próximo 30 de julio y a la fecha no se conoce ningún avance sobre la elaboración de la legislación secundaria. Al menos hasta el día de hoy no se han presentado al pleno del Congreso del Estado iniciativas al respecto.
Una de dos: de último momento surgen iniciativas y se aprueban al vapor para disimular que son cumplidos, o emiten un acuerdo para prorrogar el plazo del artículo segundo transitorio del Decreto 0506.
No obstante, prorrogar el plazo los haría incurrir en el ridículo de aplazar la extinción formal de la CEGAIP que ya estará muerta a partir del miércoles.
El caso es que la negligencia de los diputados dejará a toda la población, a partir del miércoles, sin una instancia a la cual recurrir para hacer valer dos derechos humanos en tanto cumple con su obligación de emitir la legislación secundaria que tendrá que dar paso a las instancias que sustituirán a la CEGAIP.
El caso es que la dejadez y falta de compromiso de los diputados con la transparencia y la protección de datos personales obligará por lo pronto, a quien pretenda hacerlos valer, tener que recurrir a juicios de amparo. ¿Será esa ruta la opción obligada una vez que se concrete la extinción formal de la CEGAIP?
